Políticas sociales y emociones: (per) vivencias en torno a las intervenciones estatales

Andrea Dettano

Compiladora

Florencia Bareiro Gardenal

María Micaela Bazzano

Rebeca Beatriz Cena

Andreina Colombo

Florencia Chahbenderian

Angélica De Sena

Andrea Dettano

Ignacio Pellón

María Victoria Sordini

Camila Weinmann

Créditos

Dettano, Andrea

Políticas sociales y emociones: (per)vivencias en torno a las intervenciones estatales / Andrea Dettano ; compilado por Andrea Dettano. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Estudios Sociológicos Editora, 2020.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-3713-42-2

1. Sociología. I. Título.

CDD 307

Diseño de Tapa: Romina Baldo

Diagramación y corrección: Juan Ignacio Ferreras

© 2020 Estudios Sociológicos Editora

Mail: editorial@estudiosociologicos.com.ar

Sitio Web: www.estudiosociologicos.com.ar

Primera edición: junio de 2020.

Hecho el depósito que establece la Ley 11723.

Libro de edición argentina.

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Estudios Sociológicos Editora

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Comité Editorial / Referato

Gabriela Del Valle Vergara Mattar. Licenciada en Sociología. (UNVM). Magister en Ciencias Sociales con Mención en Metodología de la Investigación (UNC). Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora Adjunta del CONICET, con lugar de trabajo en el IAPCS-UNVM. Profesora Asociada Regular por la UNRaf en las cátedras Universidad, Sociedad y Conocimientos del CFG, y de Pensamiento Social y Político de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo y de la Lic. En Medios Audiovisuales y Digitales. Co-coordinadora de GESSYCO. Investigadora del CIES.

Enrique Pastor Seller. Trabajador Social, Licenciado y Doctor en Sociología. Profesor Titular de Universidad (Murcia, España). Con anterioridad a su incorporación a la Universidad de Murcia en 1996 ha desarrollado su experiencia profesional durante 15 años como Trabajador Social y Director Centros Servicios Sociales en Entidades Locales y Tercer Sector, compaginando la atención directa con la gestión de centros, programas y proyectos sociales. Profesor Titular de Universidad adscrito al Departamento de Sociología y Trabajo Social, Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia desde 1996. Promotor y Director Escuela Especialización Profesional de Práctica Social (1998-2006). Vicedecano Facultad (2006-2010), Decano Facultad Trabajo Social (2010-2014), Vicepresidente Conferencia Decanos/as Trabajo Social España (2013-2015). Vicepresidente Consejo General Trabajo Social (2015-2018). IP Grupo Investigación: «Trabajo Social y Servicios Sociales».

Giovanna Truda. Profesora en Sociología de las Políticas Sociales y de Género, Universidad de Salerno (Italia). Es miembro del proyecto R&I PEERS, para la igualdad de género (HORIZONTE 2020) y Observatorio de Estudios de Género. Es directora del curso de especialización “Mujeres, menores y sujetos vulnerables”. Cuenta con numerosas producciones entre las que se destaca Fundamental Rights, Gender, Inequalities. Vulnerability and protection systems, Fisciano, Edizioni Gutenberg, 2019; Gli spazi e i luoghi della protesta. Il dress code come espressione del mutamento sociale, Milano FrancoAngeli, 2019.

Introducción. De políticas sociales, emociones y pervivencias: unas líneas introductorias

Andrea Dettano y Florencia Chahbenderian

Las páginas que se presentan a continuación son el resultado de un esfuerzo colectivo que se viene gestando hace ya casi una década y del que nos alegra profundamente formar parte. Desde los diferentes espacios y momentos formativos que atravesamos cada uno de los integrantes del Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE) −dirigido por Angélica De Sena−, del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), se realizan aportes a esta perspectiva que cada vez tiene mayor robustez analítica y cuya particularidad consiste en la insistencia de remarcar y acentuar el lugar de las emociones como configuradoras, y a la vez resultantes, de este objeto que entendemos por políticas sociales (De Sena, 2014; De Sena et al., 2015; De Sena, 2016; De Sena et al., 2017; De Sena, 2018; Cena, 2018).

Dicho objeto cuenta con múltiples definiciones y campos disciplinares ocupados en su tratamiento. En la mayoría de los casos, estas definiciones representan y “soportan” un carácter tensional y contradictorio, dado que expresan las tensiones entre la libertad e igualdad formal de los sujetos y las condiciones de vida impuestas por la mercantilización de la fuerza de trabajo, que permanentemente recrean la dependencia y subordinación bajo variadas formas (De Sena, 2011). Estas políticas, como “formas de hacer” del Estado, colaboran con la re-producción de los agentes bajo su cobertura, a la vez que aseguran la persistencia temporal del modo producción que instaura las tensiones y contradicciones aludidas. Es en y desde dichas tensiones que las políticas sociales normalizan y normatizan el tratamiento, la definición y la gestión de la “cuestión social” en cada momento histórico (De Sena y Cena, 2014).

Como medidas que solo pueden ser entendidas en un contexto y a partir de “la relación dinámica entre el Estado y el proceso de acumulación del capital” (Faleiros, 2004: 36), no son buenas en sí mismas ni instrumentos para el logro de un bienestar abstracto. Tal como señala Titmuss (1974), su estudio no puede escindirse de los aspectos económicos, políticos y todas las transformaciones y fenómenos que ocurren y se despliegan en los entramados sociales. Por lo que, además de tensionales y contradictorios, son elementos cambiantes.

La reproducción de la vida y las condiciones en las cuales dicha reproducción se materializa son el objeto central de estas intervenciones (Danani, 2004) y sus medidas o acciones comprenden una amplia gama de aspectos, como la asistencia a la pobreza en todas sus variantes (transferencias monetarias o en especie), la previsión social, la construcción de equipamientos sociales, subsidios y programas habitacionales, programas de asistencia al desempleo, políticas de cuidado, entre otras (Faleiros, 2004; Cena y Dettano, 2019).

Si pensamos a estas políticas desde su constitución histórica, la consolidación de los diferentes tipos de intervenciones requirió del establecimiento –lento y paulatino– de compromisos institucionales para brindar a los sujetos algunas “certidumbres” en torno a la gestión de sus condiciones de reproducción. Todas las dimensiones de este tipo de intervención, todos sus aspectos, se han articulado en diferentes contextos desde diversos actores e instituciones. De este modo, los “lugares” de provisión -el Estado, el mercado, la familia, las organizaciones de la sociedad civil-; los bienes en cuestión -dinero, alimentos, vivienda, bienes de uso, bienes salario-; las justificaciones -el logro de la inclusión, la autonomía, el empoderamiento, la sustentabilidad- y las emociones y sociabilidades en juego -miedo, desconfianza, responsabilidad, incertidumbre- son los rasgos que caracterizan a las intervenciones del Estado en cada tiempo-espacio particular.

Un elemento central de las políticas sociales, siempre presente en los entramados sociales, que los constituyen y conforman, son las emociones. Estos elementos, tan contextuales y sociales como las intervenciones bajo estudio, son aquellas estructuras cognitivo afectivas que en el intercambio con el ambiente y con los otros nos acompañan en nuestra constitución como sujetos, pero que responden a los entramados de los que formamos parte. Tal como señala Bericat (2012), los sujetos comprendemos la vida emocionalmente; así, en tanto modos de sentir, son formas de imputar sentido al mundo que habitamos (Solomon, 1989). Por eso, las políticas sociales son un lugar más donde las mismas están presentes y este libro es un esfuerzo, uno más de los que se concretizan desde el GEPSE, por comprender los modos en que las emociones y las políticas sociales se hallan estrechamente vinculadas, y su mirada no es menor para la comprensión de los modos de estructuración actual (De Sena y Scribano, 2014; 2020; Cena, 2014; Chahbenderian, 2018; Chahbenderian y Dettano, 2018; Dettano, Cena y Chahbenderian, 2017; Dettano, Sordini y Chahbenderian, 2019).

Cuando más arriba mencionamos las “justificaciones” para concretizar las intervenciones puestas a funcionar desde el Estado, aludimos a cómo toda política social contiene definiciones, sentidos e interpretaciones acerca de los modos “adecuados” de “solucionar” –o al menos mitigar– los problemas que amenazan las condiciones de reproducción de la vida en el capitalismo. Así, a través de sus -nunca inocuos- “contenidos”, las diferentes propuestas de soluciones van a incidir en un aspecto central para la reproducción de las sociedades, como es la reproducción de los cuerpos, la distribución de las energías, la gestión de la malnutrición y, más aún, de los gustos a los que podremos o no acceder, dependiendo del lugar ocupado en la distribución de la geometría de los cuerpos. También incidirán en la determinación acerca de cuáles son los lugares legítimos para desechar, quiénes deben vivir “al lado” de esos desechos, en qué lugares será posible vivir, qué acciones se deben llevar adelante para estar “entrenado” para el mercado de trabajo, cómo circula la confianza/desconfianza en la entrega de micro-créditos para realizar emprendimientos productivos, cómo se debe ser/hacer para ser un trabajador cuentapropista, qué deben hacer las mujeres que han atravesado situaciones de violencia de género, cuáles son los espacios disponibles para gestionar los programas sociales y qué interacciones suponen. Las respuestas a estos interrogantes son las diversas acciones del Estado, materializadas década tras década en políticas y programas, conformando cuerpos/emociones (sensu Scribano) en millones de sujetos y definiendo estatalmente los caminos legítimos para la resolución de los problemas sociales.

En esta línea, el Estado no es una entidad que está “afuera” o “arriba” de las interacciones sociales, su “presencia” se materializa y hace cuerpo en los modos de ser y estar con otros. Así, las vivencias nos señalan los modos en los que el Estado, a través de sus instituciones, permea los cuerpos/emociones, en tanto último eslabón de su capilaridad social (Oszlak, 2011); no están ni antes ni después de las intervenciones del Estado, son aquellas huellas ex - post de la implementación de las políticas y programas sociales. Son los (complejos) entramados sobre los que se funda y organiza la evitación sistemática del conflicto social. Las pervivencias, por su parte, son aquello que persiste, que “se hizo callo” (sensu Scribano), en contextos en los cuales “llueve sobre mojado”,[1] esto es, donde los problemas sociales (de desempleo, violencia, expulsión social, entre otros) no se superan en el devenir histórico, sino que se superponen y se acumulan. De este modo, en los procesos de estructuración social conviven lo nuevo, lo que todavía duele, lo que todavía no se resigna a aceptar, junto con lo viejo, lo asumido, lo que está implícito, naturalizado, dado por sentado.

En este “dar por sentado”, los nuevos (y viejos) problemas sociales coexisten en un entramado que cala hondo en las sensibilidades sociales y este pasado vuelto “presente continuo” (Scribano, 2010) conforma uno de los rasgos de los fantasmas y fantasías sociales (sensu Scribano). Emerge la fantasía de que si se “interviene” entonces desaparece la condición que dio origen a dicha intervención, pero la posición se mantiene, en tanto persiste una desigual distribución de las condiciones materiales de existencia y, por ende, de las energías sociales (Scribano, 2016). Es en y desde estos procesos de ensoñación que es posible abordar los distintos modos de pervivencias que recorren la presente compilación.

Pervivir es, según la Real Academia Española (RAE), seguir viviendo a pesar del tiempo o de las dificultades. Por eso, lo que intentamos rescatar en las páginas que siguen, es algún recorrido por lo persistente, lo que se continúa, lo que dura, lo que aun atravesando transformaciones continúa existiendo e incluso aumenta. Esta pervivencia o continuidad, no implica necesariamente repetición. Las intervenciones no siempre son las mismas, van mutando, van conquistando nuevos espacios, van asumiendo diferentes modalidades y modos de implementación, van interpelando a diferentes actores. Lo que parece persistir son los problemas que atienden, así como las diferentes acciones e intentos empeñados en su resolución.

En este sentido, lo interesante y problemático, es que la aplicación de un creciente número de programas sociales masivos (De Sena, 2011) desde hace ya casi dos décadas en la Argentina, nos habla a las claras de una estructura social donde los problemas subsisten, evidenciando la necesidad de “atender” a un (cada vez mayor) número de personas. En varios de los trabajos que reúne esta compilación puede observarse un recorrido, procesos que se desarrollan a lo largo de varias décadas, permitiendo avizorar las pervivencias aludidas y la consolidación de unas vivencias particulares en torno a unas intervenciones que, incluso con cambios y modificaciones, se perpetúan. A propósito de lo dicho, y tal como se señala en el capítulo de De Sena, resaltando los modos en que estas continuidades “conforman”, es que: “las políticas sociales, para las personas receptoras, se convierten en un "orden" de la vida. Así, se forman dispositivos para la regulación de sensaciones que integran y elaboran sensibilidades, gestionando tiempos sociales, escenarios de interacción y formas de presentación social de las personas”.

De esta forma, si venimos sosteniendo la vinculación, cada vez más presente y necesaria, como señala Cena, entre las políticas sociales y las emociones, es por su capacidad de conformar los modos de sentir y la disponibilidad corporal para la acción. Éstas se convierten en un “orden”, en modos de percibir y actuar, estar-en-cuerpo en las intervenciones. Si la vivencialidad se entiende como “las variadas posiciones que cada agente toma en las experiencias de sociabilidad, la amalgama de los vectores existenciales que cada sujeto reproduce/produce de los entramados institucionales, las contingentes maneras de estar siendo en dichos entramados” (Scribano, 2015: 4), este libro, en cada uno de sus capítulos, ofrece pistas para reflexionar acerca de esos “modos de estar” y “modos de sentir” en las intervenciones sociales del Estado.

Aún más, las pervivencias, en tanto proceso de continuidad en el marco de grandes transformaciones, pusieron a rodar determinadas pedagogías, en términos de saberes y aprendizajes, disposiciones y adecuaciones (emocionales) necesarias para vivir en la cotidianeidad del ser asistido. Así, aprender a hacer los trámites, saber usar el dinero, atender a las condicionalidades, aprender a agruparse y contener a los otros, aprender a armar un CV, incorporar comportamientos financieros para volverse confiable e incluso aprender a tolerar los desechos, se erigen como las disposiciones y destrezas que se deben adquirir para estar en las políticas del Estado.

Estas pedagogías, que se ejercen sobre los y las destinatarias, exhiben esquemas de valores, modos de ser y hacer correctos y modelos de sociedad deseables, pero no se limitan simplemente a los modos de gestión de sus propias vidas, sus trabajos, la crianza de los menores a cargo, sino que también tienen la pretensión de aleccionar acerca de los modos de percibir el mundo que sus destinatarias/os poseen. A continuación, presentamos la estructura del libro y una breve mención sobre cada capítulo. El recorrido comienza con artículos que exhiben los modos de sentir y percibir de los sujetos receptores, continúa con los artículos que abordan los “haceres” esperados por parte de los receptores y continúa con aquellas políticas que aluden a los “espacios”, entendidos éstos como bienes en disputa y como lugares de despliegue de las intervenciones.

El primer capítulo, escrito por María Victoria Sordini se titula “Sociabilidades y emociones en titulares de programas alimentarios” y analiza los modos en que la implementación de los programas alimentarios determina un modo particular de relación de la sociedad con el fenómeno de la pobreza y el hambre. A propósito de las pervivencias, la autora describe cómo desde los años ochenta los programas alimentarios se transformaron en un componente permanente de la política asistencial en Argentina: múltiples intervenciones, de alcance masivo, con distinta dependencia jurisdiccional superpuestas en sus objetivos y modalidades de prestación, coexisten en el mismo contexto institucional. El escrito expone cómo los programas alimentarios han complementado la alimentación de cuatro generaciones de destinatarios y su objetivo central es, a partir de un estudio cualitativo de tipo descriptivo y la realización de entrevistas en profundidad a personas que han sido titulares de programas alimentarios en el periodo 1983-2020 en el Partido de General Pueyrredón, observar las formas de sociabilidad que se desarrollan en el marco de la recepción de estas intervenciones y su relación con las emociones. Sus resultados indican que, considerando a las emociones como prácticas, estas implican acciones que los agentes despliegan en conflicto con los contextos de desigualdad y dominación, en tanto estrategias para revertir y soportar el conflicto del hambre.

En el segundo capítulo, titulado “Hilando la trama de sensibilidades en los hogares receptores y no de programas sociales”, Angélica De Sena realiza un trabajo que aborda las políticas sociales desde y a través de las emociones con el objeto de contribuir al estudio y la comprensión de los mecanismos de estructuración en el capitalismo actual. La autora parte de definir estas políticas como intervenciones que construyen y consolidan formas de ser, hacer, pensar, sentir, que estructuran los cuerpos y las emociones en los sujetos. Para bosquejar algunos hilos de la trama de emociones que dan forma a la estructura social actual, en su capítulo se analizan los hogares del partido de La Matanza de la provincia de Buenos Aires y se revisan las emociones de los sujetos intervenidos por alguna política social y de aquellos que no. Para ello, el escrito se inicia con algunas referencias sobre las políticas de las sensibilidades y se continúa con un repaso de la noción de intervención social. Luego se presentan algunos resultados de investigación, de tipo cuantitativa, en relación a los “sentires cotidianos” entre receptores y no receptores de programas sociales, exhibiendo la estructura de sensibilidades (que afecta las formas de experimentar-se) de los sujetos intervenidos y no intervenidos.

Continúa el recorrido, Rebeca Cena, con un capítulo titulado “El cuerpo sintiente bajo la lupa: entrenados… un análisis desde las políticas sociales orientadas a jóvenes” en el cual se propone mostrar las vinculaciones entre políticas sociales y cuerpos/emociones, a partir del análisis del entrenamiento como categoría relevante en las intervenciones estatales orientadas a las y los jóvenes. La autora, partiendo de la evidencia empírica de: a) que las políticas sociales no son pensadas, diseñadas, ejecutadas, recibidas ni evaluadas por cuerpos inertes; y b) que el hambre, la pobreza, el desempleo, los problemas de habitabilidad, la enfermedad se en-carnan y conforman cuerpos y emociones; exhibe en este capítulo que aunque los autores clásicos de las políticas sociales explícitamente no han referenciado a los cuerpos/emociones, se encuentran muchos indicios que contribuyen a su cada vez más necesaria inclusión. Por esto, el capítulo argumenta, entonces, cómo la condición corporal/emocional es un supuesto inescindible en las intervenciones estatales analizando particularmente las orientadas a las juventudes.

Andreína Colombo, escribe el cuarto capítulo, titulado “Políticas sociales y trabajos cuentapropistas: elementos de la imagen-mundo del “Rafaela Impulsa” (Microcréditos) (2014-2019)”, donde a partir de identificar los rasgos principales de la categoría “imagen-mundo” -aplicable tanto a las teorías sobre la pobreza como a los supuestos implicados en las políticas sociales- presenta una primera aproximación al programa de entrega de microcréditos denominada “Rafaela Impulsa”, que se implementa en la ciudad santafesina homónima desde 2014. Para ello, la autora implementa una estrategia metodológica cualitativa de análisis documental, basándose en documentos oficiales de creación, reglamentación y modificación del Programa Rafaela Impulsa complementados con partes de prensa del municipio rastreados en su página web y en medios locales durante el período 2014-2019. Concluye que este tipo de acciones/omisiones estatales no son una novedad per se, sino que nos permiten recorrer un camino para comprender algunas dinámicas de estructuración social en ciudades intermedias en relación a la tendencia al autoempleo y a las maneras en que las políticas sociales moldean sensibilidades cuentapropistas.

En quinto lugar, María Micaela Bazzano escribe “Políticas sociales dirigidas al abordaje de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico: ¿Qué hacen, que sienten y que deben sentir las mujeres destinatarias?” y aborda la construcción de las emociones en las políticas sociales dirigidas a mujeres que hayan atravesado o estén atravesando situaciones de violencia en el ámbito doméstico. El escrito persigue hacer una revisión, a partir de un abordaje cualitativo, sobre las prácticas requeridas por el programa Ellas Hacen, para conocer cómo las políticas sociales performan los modos de sentir y cuáles son las soluciones y haceres propuestos desde el Estado para intervenir sobre las situaciones de violencia de género. El estudio comprende entre los años 2013 y 2016 y analiza entrevistas en profundidad realizadas a mujeres que participaron en el programa durante al menos un semestre. Los interrogantes que guían el trabajo de Bazzano versan en torno a responder ¿qué tienen que hacer las que hacen? ¿Qué les requiere el programa? ¿Qué sucede cuando se implementa? ¿Qué sentires y emociones aparecen al formar parte del programa? entre otros.

En el sexto capítulo, titulado “La política social y sus transformaciones: cruces y vinculaciones con el ciberespacio” Camila Weinmann y Andrea Dettano se ocupan de dar cuenta de los cambios que las mismas han atravesado en las últimas décadas, proponiendo un recorrido desde las políticas sociales universales del Estado de Bienestar, pasando por el robustecimiento de la política asistencial y su masividad para terminar con la consolidación, en los albores del nuevo siglo, de los llamados Programas de Transferencia Condicionada de Ingresos. A este recorrido, agregan un elemento adicional: los modos de interacción que la política social ha ganado en el denominado ciberespacio. Esto se ve a partir del uso de internet para la implementación de los programas sociales, las relaciones entre los receptores y receptoras en las redes sociales y la exposición de los funcionarios vinculados a las políticas sociales en estos espacios. Para finalizar el recorrido, las autoras sostienen que los cambios en las formas que asumió la intervención social y su relación con los nuevos espacios de interacción, no deben ser comprendidos como fenómenos aislados, sino más bien como un reflejo más de la masividad y creciente importancia de las políticas de asistencia a la población en situación de pobreza.

Luego, en “Políticas sociales y Disposición final de la basura: CORMECOR ¿un nuevo “gigante” o un “pequeño” Leviatán?”, Ignacio Pellón sostiene que las políticas estatales están históricamente relacionadas con “lo sensible”; desde el Estado prototípico de Thomas Hobbes, hasta las “verdaderas políticas públicas” de la Córdoba contemporánea. A partir de bibliografía especializada, artículos periodísticos, una entrevista semi estructurada y registros tomados durante una audiencia pública “ambiental”, se organiza un escrito donde se caracterizan las relaciones entre razones, pasiones y sensaciones “legitimas” desde la obra de Thomas Hobbes, se repasa la relación entre el Estado y su “hacer”, a partir de las políticas públicas en general. La recuperación conceptual del escrito, apunta a articular el cruce entre políticas estatales “ambientales” y sensibilidades sociales. Haciendo un recorrido por la historia del manejo estatal y privado de la basura en Córdoba, se arriba al surgimiento de un nuevo ente metropolitano: el CORMECOR, proyecto de Complejo Ambiental leído como producto resultante de la interacción entre políticas del Estado, fantasmas y fantasías sociales.

El último capítulo del libro se titula “Primeros esbozos conceptuales para el abordaje de las políticas de vivienda” y su autora, Florencia Bareiro Gardenal realiza un recorrido que intenta delinear algunos aspectos conceptuales sobre el Estado, las políticas públicas y las políticas sociales. Esta recuperación se realizó con el objetivo de ir armando un recorrido que sirva de “base” para abordar las políticas de la vivienda y las problemáticas del espacio, que, siempre atravesadas por un criterio mercantil, presentan diferentes modalidades y operatorias e impactan en los modos de sentir de los sujetos.

Los análisis que recorren la presente compilación nos permiten afirmar la capacidad de las políticas sociales para imputar sentidos. La elaboración e implementación de las intervenciones estatales, constituyen, como hemos mencionado, procesos impregnados de reglas, valoraciones, moralidades, maneras correctas de ser y hacer, en relación a diferentes problemáticas del mundo social. Estas políticas operan, entonces, como estructuras y modos de regulación emocional. Ya sostenía Giddens (1995) que las estructuras sociales pueden ser entendidas en tanto reglas a las que los agentes atienden para la reproducción de la vida social y una de sus propiedades, es cobrar realidad por medio de la acción, lo que hace posible que la misma se imponga sobre los agentes, oriente y dirija sus prácticas, volviéndolas recurrentes y rutinizadas. Esta recurrencia y rutinización, que podríamos leer como resultante de las pervivencias que venimos tratando de señalar, han implicado cierta naturalización, acostumbramiento o certidumbre sobre las inestabilidades presentes en la vida de todos los días de estos millones de sujetos que son parte de las múltiples intervenciones del Estado.

En este sentido, a partir de los diferentes capítulos, desde la lente de las pervivencias, vemos el potencial de estas intervenciones como estructurantes. Lejos de ubicarse en una mirada romántica, ni mucho menos miserabilista, los trabajos aquí reunidos buscan trascender las posiciones normativas o benevolentes y constituyen un esfuerzo colectivo por contribuir en la construcción de una sociología de las políticas sociales que, en directa conexión con los estudios de los cuerpos/emociones, habilite reflexiones que visibilicen las tensiones y torsiones con los regímenes de acumulación, incorpore “lo político” de “las políticas” y se permita practicar una escucha activa de las voces de los y las “protagonistas”, así como leer las inscripciones de sentido presentes (y naturalizadas) en los diseños y letras de las intervenciones.

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TITMUSS, Richard (1974) Política Social. Barcelona: Ariel.

1 Nos referimos al nombre del clásico escrito de Adrián Scribano (2008).

Sociabilidades y emociones en titulares de programas alimentarios

María Victoria Sordini

Introducción

La implementación de los programas alimentarios determina un modo particular de relación de la sociedad con el fenómeno de la pobreza y el hambre. Desde los años setenta amplios sectores sociales vivencian condiciones de desempleo y empobrecimiento en ascenso (Arakaki, 2011; Gasparini, et al.., 2019). Desde los años ochenta, los programas alimentarios se transformaron en un componente permanente de la política asistencial. Múltiples intervenciones con distinta dependencia jurisdiccional superpuestos en sus objetivos y modalidades de prestación coexisten en el mismo contexto institucional (Britos et al., 2003; Aguirre, 2005; Maceira y Stechina, 2008; Sordini, 2016). De esta manera, sus intervenciones han complementado la alimentación de cuatro generaciones de destinatarios.

Los modos de transitar el ingreso, permanencia y egreso de los programas alimentarios, vigentes en el periodo 1983-2018, cristalizan el despliegue de las habilidades y prácticas que las personas destinatarias presuponen en las políticas alimentarias. Las destrezas que implica ser receptor de un programa alimentario están contorneadas por normas emocionales que configuran prácticas (modos de ser, de sentir, de hacer, de comer, de cocinar) esperables y habilitadas en ese entorno social (Cena, Chahbenderian y Dettano, 2014). Las complejas relaciones sociales contienen un entramado de reglas que bordean y delimitan cuáles son las prácticas para ser aceptados en la sociedad, esas reglas implican sociabilidades posibles. Sin embargo, esas sociabilidades serán transitadas y experimentadas de un modo particular, contorneando así, los modos de vivencialidad que cada persona agencia. En el dinamismo entre la sociabilidad y la vivencialidad se constituyen las sensibilidades (aceptadas y aceptables) de una sociedad (Scribano, 2015). Entonces, las políticas alimentarias moldean los modos de experimentar el hambre, re-configuran las prácticas de comensalidad, definen los alimentos posibles y tejen tramas de relaciones sociales que construyen sensibilidades alrededor de la necesidad colectiva de comer.

Las diversas generaciones se apoyan unas a otras para optimizar el acceso a los programas en tanto estrategias para la producción y reproducción de la vida. Los programas alimentarios contornean espacios de sociabilidad en distintos momentos de la experiencia de cada intervención en las trayectorias de vida. De manera analítica se distingue el momento del ingreso relacionado a las interacciones y prácticas que se despliegan al conocer el programa, los requisitos de focalización y tramite de acceso. El momento de permanencia se relaciona con las prácticas y saberes vinculados al contenido de las prestaciones, frecuencia de entrega, fechas de depósito de las transferencias monetarias, requisitos que garantizan la permanencia, contraprestaciones y compatibilidad para acceder a otros programas. El momento del egreso en algunos programas se prescribe por la focalización etaria, por ejemplo, en el Plan Más Vida al cumplir seis años se desvincula al niño/a del programa, en cambio, otras intervenciones realizan entrevistas de seguimiento sobre las condiciones de pobreza de los/as destinatarios, en caso de superarlas se retira la prestación. Sin embargo, en la mayoría de los programas las condiciones de egreso no se especifican, no están pautadas o no se realiza seguimiento.

El objetivo de este trabajo es observar las formas de sociabilidad que se desarrollan en el marco de la recepción de programas alimentarios para identificar las emociones que se cristalizan en la interacción social. Los modos de transitar la experiencia de recibir un programa alimentario están marcados por los contextos socio-históricos y geográficos que delimitan dimensiones normativas, expresivas y políticas en relación a las emociones (Hochschild, 1975) y así, señalan las pistas para sentir lo que se debe sentir en cada escenario social (Bericat, 2000). Desde los diseños de las intervenciones se contornean los recorridos esperables que realizaran las personas titulares de las prestaciones. Un entramado de emociones atraviesa al cumplimiento de los requisitos para el acceso y la permanencia en los programas.

El estudio es cualitativo de tipo descriptivo, se realizaron 45 entrevistas en profundidad a personas que han sido titulares de programas alimentarios en el periodo 1983-2020. El muestreo es teórico por bola de nieve, se implementaron tres redes de contacto simultáneas para optimizar la confiabilidad y validez. El estudio se realizó en el Partido de General Pueyrredón, el segundo aglomerado urbano con mayor población de la Provincia de Buenos Aires (DESD, 2016) que presenta un proceso de urbanización mucho más acelerado que el país en su conjunto (Nuñez, 2012). A lo largo del período el municipio presentó altos índices de NBI y un importante aumento en las tasas de desempleo (López, Lanari y Alegre, 2001; Actis di Pasqueale, 2018). En la primera década del siglo XXI la ciudad ha sido territorio de un estudio multicéntrico donde se ha abordado la centralidad que tienen las intervenciones estatales en todos los niveles de pobreza y se advirtió la presencia de tres generaciones de destinatarios de programas sociales en el territorio (Halperin et al., 2011).

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia en la que indago las conexiones intergeneracionales en las trayectorias de vida de los receptores de programas alimentarios. Este trabajo se apoya en estudios anteriores de revisión bibliográfica exhaustiva de las intervenciones implementadas en el municipio en el periodo 1983-2020 y la indagación de las percepciones y emociones de técnicos y profesionales que diseñaron, gestionaron e implementaron los programas (Sordini, 2016; 2017). En la producción colectiva del conocimiento que trabajamos en el Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones ponemos en diálogo, desde la sociología, los estudios de política social y de cuerpos/emociones, en tanto, las emociones permiten comprender la estructura social (Elias, 2016).

La estrategia argumentativa de este trabajo se divide en tres partes, la primera se vincula a las emociones y prácticas de ingreso a los programas, la segunda se relaciona al modo de vivencialidades de la permanencia y finalmente, se analizan las emociones vinculadas a la pérdida de los programas. Este recorrido concluye que la vergüenza, la gratitud y el miedo estructuran la vivencialidad de los programas. En tanto las emociones son prácticas, implican acciones que marcan la agencia en los contextos de desigualdad y dominación que transitan las personas titulares de los programas.

1. Un ingreso vergonzoso

La vergüenza y el miedo se encuentran estrechamente asociados. En primer lugar, el hambre como coacción externa enviste miedo. Sin embargo, el avance de los límites de la vergüenza se corresponde a una reducción del miedo a recibir agresiones físicas o externas, como por ejemplo el hambre (Elias, 2016). Esta aparece, en el inicio de los trámites de gestión para el acceso a un programa y en la estrategia de “salir a pedir comida” para complementar las prestaciones de los programas. Si bien estas dos acciones tienen mayor carga de vergüenza, vehiculizan la acción que trasciende el miedo al hambre, en tanto imposibilidad de reproducir la vida.

En esos escenarios la vergüenza se equipara a un sentimiento de inferioridad o humillación debido a una mirada superior que denota relaciones de interdependencias atravesadas por la subordinación y el sometimiento (Vergara, 2009). Esta emoción aparece cuando los vínculos sociales son inseguros o cuando decrece la propia valoración de la autoimagen formada desde la perspectiva de los otros (Bericat, 2000). Entonces, prima en el ingreso a los programas porque las modalidades de clasificación para determinar quiénes recibirán las prestaciones configuran una imagen en los destinatarios de sí mismos y de los otros. Las intervenciones se focalizan en una población objetivo en condiciones de vulnerabilidad y carencia, por ello el objeto de las prestaciones es complementar la falta de alimentos. De esta manera, las intervenciones que se enfocan en la población destinataria “pobre” definen y legitiman tal condición.

La manzanera que era antes de acá, era la suegra del jefe de mi marido, entonces como que me da mucha vergüenza (risas) pedirlo así, así que no lo he pedido [el ingreso al PLAN Más Vida]. Pero ahora que cambio la manzanera, ahora lo voy a pedir (risas) (Titular de PA, 31 años)

En esta imagen impera la inferioridad y la humillación que motoriza a la vergüenza. Solicitar el ingreso al programa implica reconocerse a sí misma en una posición de inferioridad. Desde estas sensibilidades asociadas a la vergüenza y al miedo se configuran y organizan las experiencias del mundo social que permiten ordenar, seleccionar e interpretar las situaciones y acontecimientos (Luna Zamora, 2007). Por ello, las políticas sociales en general, y las alimentarias en particular, moldean las maneras posibles de transitar la pobreza, de percibirse a sí mismo como persona destinataria de programas alimentarios y, de percibir y socializar con los otros. “La vergüenza es la emoción social por antonomasia en tanto surge de la supervisión de nuestras propias acciones mediante la percepción del yo, de la persona, desde el punto de vista de los otros” (Scheff, 1990b: 281, citado en Bericat, 2000: 168).

La vergüenza se vincula estrechamente a la presencia y a la mirada de un “otro” en tanto “la emoción no es un estado interno de la existencia como tampoco es producto de las acciones propias, individuales, más aún, es un sentimiento directamente dirigido a, y causado por, la acción de los otros” (Matthews, 1992: 151, citado en Luna Zamora, 2007: 11). Las personas destinatarias de los programas también vivencian esta emoción en otros escenarios vinculados a las estrategias que garantizan el acceso a los alimentos. Ante la insuficiencia de las prestaciones y la intermitencia del trabajo informal se agencian actividades que demandan desplazamientos e interacciones que trascienden al entorno cotidiano como “salir a pedir comida”.

Viste porque a veces por ahí la gente te mira…pero bueno, a lo primero a mí me daba vergüenza, pero ya después no, prefiero de última pedir y no ir a robar (Titular de PA, 40 años).

En este aspecto, cobra relevancia contextualizar que “salir a pedir” se realiza en otros sectores geográficos ajenos a los espacios cotidianos y allí se exponen a unos sentimientos dolorosos, auto-infringidos, procedentes de una auto-evaluación negativa realizada por el agente desde la perspectiva del “otro”, presente o ausente, singular o generalizado (Bericat, 2000). De esta manera, en la geopolítica del hambre (Scribano, Huergo y Eynard, 2010) las personas territorializan las experiencias del hambre diferenciando cómo su vivencia depende de su localización. En esta experiencia las personas se reconocen como inferiores porque están inmersas en el conflicto de la desigualdad, sin embargo, se agencia la estrategia con propósitos, pautas y valores que se construyen en la interacción y también, se transmiten de generación en generación. Las entrevistadas transitan espacios geográficos característicos de sectores sociales de mayores ingresos donde la comida no solo está garantizada sino que también se puede dar.

Siempre tenía que ser un fin de semana, porque los días de semana no había gente, estaban todos trabajando o en las escuelas (…) Hacíamos así con mi mamá: mi mamá era viernes y decía -(nombre de los hijos/as) mañana es día de pedir-, entonces nos levantábamos al otro día, nos sacábamos todas las cosas de nuestra mochila de la escuela y llevábamos la mochila vacía, mi mamá un bolso y el chango y pedíamos. Salíamos de mi casa y pasaban tres cuadras sin pedir, porque era como que nos daba vergüenza a nosotros mismos. Pedíamos a alguien que no nos conociera, pedíamos de tres cuadras para allá, hacíamos una esquina yo, una esquina mi mamá, una esquina mis dos hermanos. Como nosotros éramos más grandes y ellos más chiquitos los vigilábamos, siempre estábamos ahí, casa por casa. “Hola señora buen día, no le quedó algún paquete de fideos para dar”, era el dicho de nosotros. (…) Me daba vergüenza porque iba a la escuela y tenía un montón de amigos, y tenía miedo, yo no sabía dónde quedaban sus casas, porque sabía que quedaban cerca de la escuela porque llegaban enseguida. Yo tenía miedo de tocar el timbre y que me atienda justo ella, mi amiga o un amigo. No sé mami donde viven, no quiero ir. (Titular de PA, 22 años)

Salir a pedir a personas desconocidas permite regular las emociones. Sin embargo, la vergüenza y el miedo aparecen tensionadas, pero en la agencia de salir a pedir predomina la primera y vence al miedo. La tensión entre sentidos, percepciones y emociones organizan el modo de “apreciarse-en-el-mundo”. La vergüenza, embestida de inferioridad e humillación, se genera en relación a los otros, aumenta, de cara a “mi amiga o un amigo de la escuela” y disminuye, lo más lejos de la escuela posible. La vivencialidad de “salir a pedir” expresa los sentidos que adquiere el estar-en-cuerpo con otros porque en la experiencia se constituye la mirada de los otros con el propio cuerpo/emoción. ¿Cómo se ve una persona a si misma? ¿Cómo cree que la ven los otros? ¿Qué es lo que ven de ella? ¿Qué es lo que esa persona ve en los otros?

Experienciar la dialéctica entre cuerpo individuo, cuerpo subjetivo y cuerpo social es resultado de los modos de inter-actuar con los otros, cómo los agentes viven y con-viven, cómo se vivencia y qué sentidos adquiere estar-en-cuerpo con los otros (Scribano, 2010). En esta vivencialidad el miedo es no tener para comer. Entonces, aparece la vergüenza en tensión con el miedo; mientras predomina la primera disminuye la segunda. Estas emociones se entraman en la experiencia. Estas emociones son prácticas que impulsan a “salir a pedir a comida”. Ante el miedo de “no tener para comer” las personas “salen a pedir”; esta acción las avergüenza, pero atenúa el escenario del hambre, en el que predomina el miedo.

“Salir a pedir comida” es una actividad que se comparte y se aprehende de manera intergeneracional, se pautan días, horarios y un discurso que se repite de manera sistemática en esa situación: “¿no le quedó algún paquete de fideos para dar?”. Salir a pedir “fideos” se adecua a los alimentos “que se dan” en la trayectoria de las intervenciones alimentarias en Argentina desde hace treinta y cinco años. En estas prácticas subyace la estructura social que institucionaliza la comida de los pobres, de los que salen a pedir. Se configuran sentidos y significados en torno a la práctica que se ubica en el esquema de percepciones del Mundo del No y que se trasmite de generación en generación. La tercera generación de destinarios, aprehendió en la niñez la organización y la percepción de la práctica de salir a pedir en tanto estructura estructurante (Bourdieu, 2012) que en la actualidad comparte con sus hijos. En este sentido, no tener trabajo y no tener para comer se resuelve saliendo a pedir comida, porque esa práctica es como un trabajo.

Volvíamos con todo, zapatillas, ropa, la gente es muy generosa. De mercadería era un bolso lleno: galletitas, azúcar, leche, manteca, de todo nos daban, juguetes, regalos, y nos decían pasate la próxima semana que yo te voy a guardar; y hasta teníamos como clientes, como si fuera un trabajo. A tal hora y tal día tenes que pasar porque la señora te va a dar ropa o mercadería, y volvíamos re chochos, y como éramos chiquitos queríamos salir todos los sábados. (Titular de PA, 22 años)

En la dialéctica de hambre individual-subjetivo-social la necesidad de nutrientes biológica-individual se enlaza con la autopercepción de sí mismo y con la presentación social de la persona en relación al hambre (Scribano y Eynard, 2011). El trabajo aparece asociado a la abundancia, a la alegría y a la responsabilidad de “A tal hora y tal día tenés que pasar porque la señora te va a dar ropa o mercadería” para reproducir la vida.

Por otro lado, “salir a pedir” genera la apertura a “otros” productos alimentarios. Esta práctica cognitivo-afectiva re-jerarquiza los esquemas de clasificación en relación a alimentos superiores-inferiores a los que se alcanza mediante el desplazamiento geográfico interbarrial. Así, las políticas de las sensibilidades delimitan muros mentales que habilitan o des-habilitan sabores.

Nos daba vergüenza, pero ya fue, porque te daban cosas de mejor calidad, nada que ver, es otra cosa. (Titular de PA, 27 años).

Este aspecto ubica a las personas en un gradiente de inferioridad en relación a los sabores que experimentan. Entonces, la agencia de “salir a pedir” representa una ruptura de la estructura de sabores que contornean las prestaciones de los programas alimentarios, los cuales también son categorizados en esa jerarquía.

Alfonsín nos dio dos cajas pero cajas, esas sí eran cajas, con alimentos pero de marca. Fideos, arroz, todo lo mismo, no era no te conozco los fideos. Eran ponele… tampoco Don Vicente tampoco un Matarazzo; eran un Luchetti. No eran sol de oro y no sé qué que venían todos cortados, los cocinabas y se hacía una pasta, incomible, un asco. (Titular de PA, 50 años)

Desde las prácticas del sentir, como por ejemplo el gustar, se configuran percepciones en torno a los sabores que se jerarquizan en una estructura de desigualdades. Los sabores estructuran la desigualdad social en los cuerpos y “salir a pedir” rompe con la reiteración y monotonía de las múltiples prestaciones estatales. Existen alimentos de marcas comibles y de marcas incomibles, “asquerosos”. El asco se constituye como una respuesta concreta ante la repetición de la misma comida, del mismo sabor. Además, el asco aparece ante la mirada de lo que no se sabe qué es y es una emoción ligada al desagrado que marca las fronteras de lo que debe ser evitado (Figari, 2009).

Nos empezaron a mandar fideos de soja. Los fideos de soja eran negros, los ponías en la olla se te hacían una pasta porque se quebraban, se rompían. Eran asquerosos. No se pueden comer, es imposible que la gente se los coma. ¿Vos cómo le podías exigir a una mamá que ella marcara el paso si vos le dabas algo que realmente era imposible que comiera? (Trabajadora vecinal, 67 años).

La prescripción de alimentos “imposibles de comer” que se entregan en las prestaciones delinea un marco de poder en el que a los subordinados los atraviesa el temor y el miedo de no poder defenderse del peligro mediante el ataque físico porque este está socialmente penalizado y únicamente lo monopoliza el prestador de los alimentos. Siguiendo a Koury, “la vergüenza se liga estrechamente con otras emociones como el miedo a una sanción posterior y la impotencia de no poder concretar el ataque” (2017:2). Entonces, el asco aparece con una función valorativa que implica desagrado y repugnancia, pero también pudor y vergüenza (Elias, 2016).

El autor refiere al desagrado como “una excitación de disgusto o miedo que surge cuando otra persona quiebra o amenaza con quebrar la escala de prohibiciones de la sociedad representada por el super-yo” (2016: 503). En este sentido, el asco está asociado a la moral porque la saturación y el desagrado de ese alimento deslegitima las prescripciones que exige la intervención para ser “buena titular del programa” y “buena mamá” La referente barrial debía repartir los alimentos a las mamás y también controlar las contraprestaciones relacionadas a la atención médica de sus hijos. En esa doble tarea “los fideos asquerosos” significan un límite de las prohibiciones que pone en cuestión cómo la referente barrial podrá exigirles a las mamás ser “buena destinataria del programa y cumplidora de las contraprestaciones” para los esquemas de visión y clasificación del mundo social en el que están inmersas.

En el caso del Plan Vida, las Trabajadoras Vecinales, en tanto mediadoras con la gestión estatal, organizaron la devolución de los fideos de soja. Sin embargo, en el abanico general de los múltiples programas se fundamenta la jerarquía que distingue calidades inferiores/superiores que estimulan “salir a pedir”.

2. Una Permanencia agradecida

La condición de recibir un programa alimentario implica, desde la definición de los diseños de las políticas alimentarias, la falta y la carencia en tanto los programas se focalizan en los sectores sociales con NBI. De esta manera, los actores incorporan estructuras sociales en forma de estructura de disposición, es decir, los esquemas de clasificación ofrecen insumos para las posibilidades de anticiparse y mantener expectativas sobre el entorno social en el que orientan su acción. Como sostiene Bourdieu, “el cuerpo está en el mundo social, pero el mundo social está en el cuerpo. Las propias estructuras del mundo están presentes en las estructuras (o en los esquemas cognitivos) que los agentes utilizan para comprenderlo” (1999: 200). Entonces, la posición social que implica, luego de gestionar el ingreso, recibir el programa, asume la internalización de disposiciones que tiene implicancias sobre ese espacio: el contenido de las prestaciones y la frecuencia de entrega.

De esta manera se determina un orden de coexistencia de las personas y de las propiedades, es decir, de los agentes y de las cosas (la infraestructura del barrio, la vivienda, los insumos para cocinar, los alimentos) a las que se le asignan sentidos y significados para su utilidad. En este contexto, desde los esquemas de percepción y clasificación de los/as destinatarios/as, el aporte material que hacen las políticas sociales toma la dimensión de “ayuda”.

Era por supuesto darles de comer, o sea, era una gran ayuda lo que ellos te daban cuando vos no tenías nada, re recontra servía. Pero bueno, es como todo. Es una ayuda, no es algo que te va, digamos no es algo que vos le vas a dar de comer todo el día a los chicos. (Titular de PA, 39 años)

Desde esta percepción se cristaliza un modo-de-estar-en-el-mundo. La ayuda como practica social se funda en el reconocimiento, al ubicar al “necesitado” en un sistema de identificación y necesidad y, en la aceptación de la “desventaja” o la “necesidad” del otro (Scribano y De Sena, 2018). El alcance de cobertura masivo (De Sena, 2011) de los programas alimentarios inscribe a la “ayuda”, materializada en las prestaciones, en una estrategia burocrática de gestión de masas que permanece en el tiempo y fricciona sobre las prácticas de autonomía y dependencia.

Digamos que te ayuda a hacer el caminito del trámite. Y en ese solamente dan los 500 pesos por chico. (Titular de PA, 31 años).

Transitar los recorridos burocráticos conduce a la “merecida ayuda” que se ofrece como prestación. Los requisitos para el ingreso a los programas implican categorizaciones sociales que moldean valoraciones y normas emocionales adecuadas al contexto (Hochschild, 1975) y que habilitan a la compatibilidad multi-programa como una estrategia necesaria. Desde aquí, se ubica a la “ayuda” como una base desde la cual sumar otras “ayudas” porque estas resultan insuficientes en sí mismas.

Está bien que la bolsa de alimentos no era para que comieran durante todo el mes, pero es una ayuda (Titular de PA, 67 años).

Bueno a mí me dan 3 leches, 1 azúcar, 1 yerba, medio de arroz, 1 paquete de fideos, 1 puré de tomate. Que a veces, los segundos jueves de mes yo cobro [otro programa social], pero lo tengo guardado. Entonces me ayuda (Titular de PA, 26 años).

La prestación en tanto “ayuda” y la “ayuda” como punto de partida configuran estrategias con sentido práctico en la organización cotidiana de la alimentación. Esas múltiples ayudas complementarias componen las posibilidades de acceso a los alimentos que los/as agentes combinan y preparan de la mejor manera posible.

Yo no hago dos comidas por día. Yo, ponele cocino a la noche y lo queda para el mediodía se lo comen los chicos (…) si no queda… ya nosotros nos arreglamos con mate. Y bueno, después cocinar de vuelta a la noche. Siempre haciendo una comida que también me rinda para el mediodía…porque nos cuesta, pero bueno…gracias a Dios no nos ha faltado nada. (Titular de PA, 34 años).

Aparece un esquema de clasificación en el cual el almuerzo y la cena de todos los miembros del hogar aparecen como un horizonte hacia el cual dirigirse. Retomando a Bourdieu, “la illusio es una manera de estar en el mundo, de estar ocupado por el mundo, que hace que el agente pueda estar afectado por una cosa muy alejada, o incluso ausente, pero que forma parte del juego en el que está implicado” (1999: 180). Aquí la noción de falta y carencia es forzada en una ilusión discursiva para que tome coherencia con las expectativas que desde los diseños de los programas se prescribe para las personas titulares de los mismos. La expresión “no nos ha faltado nada” refleja la ilusión de que la “ayuda” alcance y sea suficiente. Esa ilusión/fantasía permite observar el hecho de “nos arreglamos con mate” como un mecanismo de soportabilidad social ante la falta y la carencia sistemática que con una “ayuda” no se alcanza a cubrir. De esta manera, la “ayuda” constituye una base, a partir de la cual sumar otras prestaciones, y un límite en la disponibilidad de alimentos que empuja a los adultos a tomar mate en el almuerzo como una estrategia con sentido práctico (sensu Bourdieu).

Se emplea la más mezquina existencia como medida, el mínimo mantenimiento de la vida física. Categorizar las “ayudas”, las prestaciones, en prioridades implica distinguir si el hambre lo saciaran los/as niños/as o los/as adultos/as. Preparar los alimentos disponibles como riqueza que provee la “ayuda” también implica la renuncia, la privación y el ahorro de la necesidad de almorzar de los y las adultos/as. Por esto la Economía, pese a su mundana y placentera apariencia, es una verdadera ciencia moral, la más moral de las ciencias. La autorrenuncia, la renuncia a la vida y a toda humana necesidad es su dogma fundamental (Marx, 2013: 130).

La privación de los sentidos inmediatos, como comer, también implica la privación de otros intereses, saberes y desplazamientos en los cuales subyace una economía política de la moral que se constituye en relaciones de dominación y explotación. En el Mundo del No (sensu Scribano) prevalece una doble negación: la condición de pobreza prescribe programas alimentarios y su insuficiencia dispone a la inanición como práctica moralizante.

El uso adecuado de las prestaciones se va definiendo en las prácticas de sociabilidad, en las modalidades de entrega de las prestaciones, en los talleres y capacitaciones que se ofrecen, en los requisitos para la permanencia en el programa. Ese saber-hacer también se transmite de manera intergeneracional. Estos esquemas de sentido son incorporados por los destinatarios y puestos en acto de la siguiente manera: “lo queda para el mediodía se lo comen los chicos (…) si no queda… ya nosotros nos arreglamos con mate”. Así, aparecen las expectativas y valores sociales que nuestro tiempo y sociedad estructura sobre las personas titulares de programas alimentarios, bajo la ilusión discursiva de una estrategia doméstica particular, adecuada a las necesidades y naturalizada en un sentido práctico.

Por otro lado, en tanto práctica moralizante, que manifiestan la dominación y la dependencia, el sujeto ayudado se debe sentir agradecido. Agradecer al que da el don o el regalo (sensu Mauss) implica un intercambio simbólico que establece una relación de poder y de endeudamiento a la que se debe responder con responsabilidad a ese don/regalo. Ser responsable ante el regalo implica la manifestación de la economía política de la moral señalando los modos “correctos” y “adecuados” de usar la prestación. También, implica agradecer al que da, sentirse agradecido.

Gracias a Dios que estuvo Alfonsín que pudo sacar la democracia (…) El que inventó la caja del PAN fue para ayudar más a los pobres que a los ricos. (…) En la Escuela 42. Y me la daban. Al mes justo llamaron que habían venido las cajas, que el que estuviera anotado, si salía en la lista, le entregaban la caja. Yo salí, gracias a Dios salí y me la daban. (Titular de PA, 48 años)

La caja PAN, hito en la trayectoria de los programas contemporáneos, tiene el sentido fundacional de hacer sido creada para ayuda a los más pobres y ello merece ser agradecido a Dios que estuvo Alfonsín. Desde 1984 en adelante, los programas alimentarios constituyen una ayuda de la cual sentirse agradecido. Hacia el siglo xxi las modalidades de prestación giraron hacia una transferencia de ingresos la cual también ayuda un montón.

Viste hace poco hice, yo no tenía la tarjeta del Plan Mas Vida y gracias a Dios la pude hacer, te depositan…700 pesos creo ahora. A mí me ayuda un montón, un montón. (Titular de PA, 34 años)

Percibir la prestación como una ayuda ubica a los y las destinatarios/as como ayudados. Así, se define una relación social tensionada entre la dependencia y la necesidad que se distancia ampliamente del enfoque de derecho que se inscribe en la letra de los diseños de los programas del siglo XXI. No hay nada más lejos del derecho a la alimentación que una ayuda de la cual sentirse agradecido/a.

3. El miedo a perder el programa

La violencia del hambre aparece entre las coacciones externas que se imponen entre los sectores de menores ingresos (Elias, 2016). En este escenario los programas intervienen mitigando el conflicto del hambre con sus limitadas e insuficientes prestaciones, entonces, las personas destinatarias despliegan estrategias de compatibilidad de múltiples programas. Todas esas prestaciones componen la alimentación del hogar, por lo tanto, la posibilidad de la pérdida de algunas de esas estrategias se vivencia con miedo. Esta emoción impulsará diversas acciones que contribuyan a paliar el hambre e implicará un régimen de sensibilidad durante la permanencia de las personas en los programas. En este contexto, los/as agentes mantienen activas todas las prestaciones posibles para garantizar la comida porque en el hambre acecha el miedo.

La superposición de programas alimentarios, con objetivos y prestaciones similares pero diferente gestión gubernamental, compone el abanico de opciones para complementar los ingresos de los hogares. Algunos programas permiten la compatibilidad de múltiples prestaciones en una sola persona titular. En otros casos se requiere de estrategias intrafamiliares que permitan la incorporación de los programas al hogar con la titularidad de diferentes miembros. Las estrategias intrafamiliares denotan una cooperación intergeneracional para ingresar y permanecer en diversos programas que contribuyen a los ingresos del hogar. Estas acciones se desarrollan con un sentido práctico que señala cómo se debe actuar, cómo resolver de la mejor manera. En el siguiente ejemplo se cristaliza una vez más el binomio madre-hija en la sociabilidad de programas alimentarios.

La que primero se enganchó fue mi hija la más grande como manzanera pero ella empezó a trabajar en el Plan Barrio entonces no podía ser manzanera. La cuestión es que ahí nomás a los poquitos meses que ella empezó la reemplacé yo en el Plan Más Vida y ella siguió en el Plan Barrio. (Trabajadora Vecinal, 67 años)

Adecuarse a los requisitos de acceso y permanencia de los programas demanda el pasaje de la titularidad de un miembro a otro del hogar y, de una generación a otra para garantizar la compatibilidad de los programas y poder sumarlos a los ingresos del hogar. En el binomio madre-hijo/a, se enseñan prácticas y habilidades para acceder y permanecer en todas las prestaciones alimentarias disponibles.

En relación a los comedores comunitarios y comedores escolares también se desarrollan estrategias de compatibilidad. Se transmite desde la madre al hijo/a un saber vinculado a la inestabilidad de las prestaciones que requiere un despliegue de estrategias para no perder la comida, para no perder el cupo del comedor. Estas habilidades implican incluso almorzar dos veces consecutivas en el mismo mediodía, una vez en el comedor comunitario y otra en el comedor escolar. Y en el caso, de no desear volver a comer, lo importante es cumplir con la comensalidad, aprehender a poner el cuerpo en la comensalidad del comedor para no perder el cupo, porque no se sabe hasta cuándo funcionará el comedor comunitario.

Entonces a veces, como en la escuela le dan verdura o algo de eso, que él ya sé que no le gusta, come acá [en el comedor comunitario]. Entonces no importa si no come [en el comedor escolar], pero la cosa es que entre y que lo vean ahí para que no pierda el cupo. (Titular de PA, 25 años)

Garantizar la permanencia en el comedor escolar también se apoya en los sentidos y significados que se connotan sobre el comedor comunitario:

Porque acá [en el comedor comunitario] los ayuda el estado y nunca se sabe viste, acá los ayuda el Estado y ya veo que yo lo dejo de mandar al de la escuela y el pierde cupo por mandarlo acá y después se corta y… y en el de la escuela comen re bien. Acá [en el barrio] por ahora esta, pero como lo maneja, las cosas lo manda el Estado nunca sabes, pero por ahora va re bien. (Titular de PA, 25 años)

En una primera lectura, se disocia la acción estatal porque se reconoce únicamente la intervención del Estado en el comedor comunitario. Sin embargo, en una segunda lectura se observa cómo esa disociación va de la mano con la estabilidad/inestabilidad y la presencia del Estado se reconoce con fuerza del lado de la inestabilidad. Lo pertinente para los objetivos de este trabajo es observar cómo se transmiten estas habilidades de generación a generación. ¿Cuáles son las prácticas que aprehenden los niños, hijos de la segunda y tercera generación, en relación al acceso y permanencia en el comedor? ¿Qué herramientas de sociabilidad desarrollan en estos espacios? ¿Cuáles son las formas que toman las interacciones que los niños despliegan en estos escenarios?

Siguiendo a Bourdieu (1999), la acción pedagógica diaria (llegar a horario al comedor, realizar la fila, comer con vecinos, compañeros y/o desconocidos, ocupar la silla en el segundo comedor) se ejerce mediante la emoción y la afectividad. En esta escena, el sentido práctico subyacente se relaciona con el miedo a perder el cupo del comedor, el cuál fue adquirido mediante trámites, esperas e incertidumbres que gestionó la mamá del niño. El niño aprehende de manera visceral el miedo a perder el cupo porque almuerza dos veces, a las 11.30 en el comedor comunitario y a las 12.20 en el comedor escolar. También aprende el miedo a perder el cupo y la inestabilidad de la prestación estatal auto coaccionando su hexis corporal porque, en caso de que no quiera comer el menú escolar debe ocupar la silla en el comedor. En esta última opción ejercita un habitus de la espera, una inversión del tiempo personal en función de garantizar sus condiciones de reproducción de la vida. En su cuerpo se hace carne la paciencia, la incertidumbre de la inestabilidad de las prestaciones y se incorpora como un siempre así, como una “normalidad”, un hábito para ser habitus.

Siguiendo a Boudieu (1999) la espera es una de las formas privilegiadas de experimentar los efectos del poder porque hacer que las personas esperen y retrasar sin destruir su esperanza es parte integral del funcionamiento de la subordinación. Durante la espera, los y las agentes ejercitan sus posturas de adecuación burocrática y muestran que cumplen con los requisitos para la permanencia en el programa, que acatan a la autoridad, que se adecuan a las reglas. En este sentido, la espera como mecanismo de soportabilidad social permite aprehender los recorridos y estrategias para regular el sufrimiento (Scribano, 2010). La espera tiene efectos positivos y productivos porque los y las agentes saben que “cuando interactúan con el Estado tienen que doblegarse pacientemente a los requisitos arbitrarios, ambiguos, siempre cambiantes” (Auyero, 2012: 45). Así, la espera opera como un mecanismo de dominación y control social (Auyero, 2012).

Tanto las reglas, requisitos y trámites para el ingreso, como las condiciones que garantizan la permanencia en los programas operan de manera cotidiana en la vida de los y las titulares, destinatarios/as y receptores/as. Esta interacción es central en “la construcción rutinaria del Estado y en el ordenamiento, formación y transformación de las relaciones entre clases (Auyero, 2012). El Estado también es “una serie de instituciones micro con la cual los pobres urbanos interactúan de manera directa e inmediata. Allí, los estados definen ciertas subjetividades e identidades (…) en sus oficinas, con sus papeleos y sus trámites” (Auyero, 2012: 45).

De esta manera, las sociabilidades en torno al acceso y permanencia en los programas alimentarios configuran estrategias que se aprenden y se enseñan, se vivencian y se comparten de manera intergeneracional. De esas habilidades depende comer para reproducir la vida y constituyen una cuota de identidad, una marca de clase, que se despliega en múltiples escenarios delimitados por la estructura del Estado.

Como mi hija mayor siempre (risas) es indiscreta, se va a la cocina [del comedor escolar] y le dan, o le dan los yogures que sobran que están cerrados se los dan, le dan pan o las facturas que sobran, se los trae (Titular de PA, 31 años)

En la escena aparece de manera implícita los modos de sociabilidad que requiere la socialización en el acceso y permanencia en programas. En el relato, desde la voz de la mamá, subyace una distribución de la agencia en agentes impersonalizados que vehiculizan la fluidez de la acción (Meccia, 2012). Si bien la nena en su aptitud de “indiscreta” va a la cocina, es en ese lugar que le dan. El acceso a los alimentos se describe mediante un ente impersonal, como fuerzas ocultas que “dan los yogures que están cerrados, que dan pan o facturas que sobran”. De esta manera, las prácticas y habilidades que despliega la niña contribuyen a complementar los ingresos del hogar en consonancia con las prestaciones de los diversos programas alimentarios que reciben. Así, se habilita una estrategia intergeneracional de complementar múltiples programas que denotan tanto la inestabilidad (altas y bajas de los programas, entregas esporádicas, irregular fecha de depósito de las transferencias) como la insuficiencia de las prestaciones. La penalidad de perder el programa o el cupo del comedor expone a las personas a la violencia porque el hambre aparece entre las coacciones externas que se imponen entre los sectores de menores ingresos, además de la agresión corporal directa y la amenaza del dolor físico (Elias, 2016 [1939]). Entonces, el miedo al hambre, en tanto violencia y coacción externa, también se cristaliza en el miedo a la pérdida del programa.

Consideraciones finales

Las personas que han sido titulares, destinatarias y/o receptores de diferentes programas han desplegado interacciones y prácticas sociales en la etapa del ingreso al programa, durante la permanencia y en relación a la finalización de la prestación o pérdida del programa. En ese inter-actuar con los agentes, viven y con-viven maneras de transitar esas experiencias y de expresar los sentidos que adquiere estar-en-cuerpo (Scribano y De Sena, 2018) desde la dialéctica del hambre individual, el hambre subjetivo y el hambre social (Scribano y Eynard, 2011). Esas vivencialidades implican sensibilidades que se asocian a emociones. Identificarlas, clasificarlas y comprenderlas permite interpretar los dispositivos de regulación de las sensaciones que el capitalismo dispone en la dominación social contemporánea (Scribano, 2012).

En las narraciones de las personas entrevistadas, aparece con fuerza la vergüenza asociada al ingreso a los programas, en tanto focalizan en sectores sociales empobrecidos que definen a sus destinatarios desde la falta y la carencia. Durante la permanencia en el programa las vivencialidades en torno a las prestaciones se experiencian desde el agradecimiento, porque las mismas son percibidas como ayudas. Y, en relación a la finalización de los programas emerge la emoción del miedo a perder el programa.

Las emociones, en tanto prácticas, impulsan la acción. Es decir, las conexiones entre las percepciones, las sensaciones y las emociones operan en un estado pre-reflexivo que se vuelven acciones concretas. Por ejemplo, la vergüenza a realizar los trámites de ingreso puede paralizar la acción, postergarla, etc. El miedo, asociado al hambre como violencia de la coacción externa, entra en tensión con la primera emoción. El avance de los límites de esta implica la reducción del miedo, porque el miedo, es miedo a no tener para comer. De esta manera, a los programas se ingresa con vergüenza, como una práctica del sentir inferioridad a partir de la focalización negativa de los diseños. En la tensión entre la vergüenza del ingreso y el miedo a perder el programa los y las agentes despliegan acciones a partir de esas emociones, como, por ejemplo, la compatibilidad multi-programa que requiere del capital social y cultural (sensu Bourdieu) que garantiza las herramientas para encastrar el rompecabezas de las múltiples estrategias para la reproducción de la vida en el hogar.

Por otro lado, la recepción de las prestaciones se vivencia desde la gratitud, porque esa prestación constituye una base de alimentos a partir de la cual complementar con otras estrategias. La experiencia de recibir esos alimentos ha constituido esquemas de clasificación en los cuales se ubican los alimentos según sus calidades que (des)habilitan sabores posibles. En la repetición y la saturación aparece matizada la emoción del asco que, en interjuego entre la vergüenza y la gratitud a la comida, y a la prestación en tanto ayuda, los y las agentes “salen a pedir comida” para conseguir otro tipo de productos, como una estrategia más de vida, pero, siempre, atravesando esta emoción y manifestando su gratitud para quien ofrece el don.

Identificar las emociones y sus prácticas en las maneras de transitar la desigualdad social y las condiciones de necesidad alimentaria permanente contribuye a observar los espacios de agencia en los que las personas despliegan mecanismos de soportabilidad social que les permiten vivir y con-vivir con los otros. La vergüenza aparece como la emoción social por antonomasia porque expresa cómo-veo que me-ven-los-otros. La triada vergüenza-miedo-gratitud moldea y bordea las formas de socializar en el ingreso y en la permanencia en los programas alimentarios. En la tensión entre estas emociones los agentes despliegan estrategias para revertir el conflicto del hambre.

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Hilando la trama de sensibilidades en los hogares receptores y no de programas sociales

Angélica De Sena

0. Introducción

Como ya hemos referido en otros sitios (De Sena, 2014; De Sena y Scribano, 2020; Cena, 2013; Dettano, 2014; Chahbenderian, 2014; Sordini, 2016, entre otros) las políticas sociales analizadas desde y a través de las emociones; buscan contribuir al estudio y la comprensión de los mecanismos de estructuración en el capitalismo actual. Esto se basa en tratar de combinar una visión de dichas políticas y cómo construyen y consolidan formas de ser, hacer, pensar, sentir, que estructuran los cuerpos y las emociones en los sujetos. La propuesta es el estudio de políticas sociales que buscan una triple convergencia entre: un análisis sociológico de ellas, una investigación desde y de las sensibilidades que producen e investigan desde su diseño, gestión y ejecución. En este contexto, tratamos los cruces y articulaciones entre las redefiniciones de la “cuestión social”, la elaboración de políticas sociales en el marco de los procesos de regulación estatal de los conflictos entre el capital y el trabajo, las sensibilidades necesarias y deseadas para que esto suceda, y las políticas de los organismos que implican.

La noción de intervención social, ampliamente analizada desde el trabajo social, refiere a una acción organizada hacia un sujeto individual, a un grupo o comunidad, pretende responder a necesidades y derechos sociales, con el objeto de modificar algo. En el caso de las políticas públicas en general y las sociales en particular, la intervención se produce desde su definición, pasando por el propio diseño y continúa en la implementación que se produce y re produce en cuerpos individuales y sociales ubicados en un tiempo y espacio. Dichas intervenciones construyen sentidos, elaboran percepciones, se ubican en la performatividad de las políticas sociales.

En las investigaciones individuales y grupales[1] desarrolladas es posible ver cómo “lo político” se entrelaza con “lo emocional”, observamos algunas sensibilidades y formas de sociabilidad que ha estado construyendo la implementación continua de los programas sociales en poblaciones determinadas como pobres, informales o vulnerables, en diversos lugares de Argentina. Así, fueron construyendo un sujeto que a lo largo de las décadas no deja de ser vulnerable y asistido a través de una política social. En algunos casos solo cambió la denominación del programa, consolidando una trayectoria de plan en plan (De Sena, 2015), que luego hereda algún hijo o hija. Finalmente, y como una forma de amortiguar el conflicto, mantener al sujeto “ayudado” y “ocupado” queda instalado como el objeto principal (más o menos explícito) de las políticas sociales.

Desde el Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE), venimos investigando las emociones y vivencialidades que producen los múltiples modos de la acción estatal, y este capítulo pretende ser una continuidad de dichos análisis. Para ello, en el presente capítulo se examinarán los hogares del partido de La Matanza de la provincia de Buenos Aires y se revisarán las emociones de los sujetos intervenidos por alguna política social y de aquellos que no. Se inicia el camino con algunas referencias sobre las políticas de las sensibilidades; se continúa repasando la noción de intervención social, para luego mostrar algunos resultados de investigación de tipo cuantitativa, en relación a algunos “sentires cotidianos” entre receptores y no receptores de programas social, y aquellos no receptores pero que habitan un hogar con algún miembro receptor. De este modo, se pretende bosquejar algunos hilos de la trama de emociones que dan forma a la estructura social actual.

1. Políticas de las sensibilidades

Las políticas sociales constituyen formas de intervención de los Estados, que expresan, definen e instituyen la cuestión social; poseen un fuerte potencial normativo, no solamente al normatizar y normalizar lo que en un momento determinado constituye una problemática social y quiénes la concretizarán, sino también cuáles potencialmente son susceptibles de ser posicionados como derechos reconocidos gubernamentalmente. Ponen en circulación una serie de satisfactores desde unas esferas hacia otras de la estructura social, configurando así las redes de responsables y responsabilizaciones del bienestar. Entonces, el Estado se convierte en actor (y en un área) en la definición, producción y reproducción de problemas sociales, en la delimitación de sus responsabilidades, en la enunciación de aquellos que merecen sus intervenciones y las condiciones para ello. Ello significa que las políticas sociales tienen un lugar central en la definición de las características que tendrá el proceso de producción y reproducción social en un contexto histórico dado, generando las condiciones para ello y desarrollando sociabilidades, actuando y siendo el resultado de los modelos de estructuración y acumulación social. Por lo tanto, dichas políticas operan también en los aspectos simbólicos de la vida y en aquellos asociados con lo cognitivo-afectivo. Al hacerlo instituyen y reproducen (provocando, imponiendo y/o cancelando, reprimiendo) ciertas imágenes, modelos y estereotipos de la sociedad, del sujeto, de la mujer, del trabajo, de la familia, de madre, entre otros, y de emociones: enojo, felicidad, amor, bronca. Ello configurando la estructura de sensibilidades (De Sena, 2014, Scribano y De Sena, 2013) que afecta las formas de experimentar (se) de los sujetos intervenidos (Scribano, 2010).

Las complejas relaciones sociales contienen un entramado de reglas que bordean y delimitan cuáles son las prácticas para ser aceptados en la sociedad, esas reglas implican sociabilidades posibles. Sin embargo, esas sociabilidades serán transitadas y experimentadas de un modo particular por cada persona, y en cada espacio social, contorneando así, los modos de vivencialidad que cada persona agencia. En el dinamismo entre la sociabilidad y la vivencialidad se constituyen las sensibilidades (aceptadas y aceptables) de una sociedad (Scribano, 2015).

La implementación de los programas sociales da cuenta de una relación entre los sujetos, instituciones y el Estado, cada uno con sus intereses, donde se configuran modos de sociabilidad. El Estado posee un peso no menor en las configuraciones sociales, capaz de enfatizar aspectos tales como alegría, vivacidad, felicidad, cordialidad, amabilidad, etc., inscripto en cada contexto histórico que otorga un tipo de experiencia vital, elabora un modo de interacción e intercambios (Simmel, 2002).

Entonces, si los agentes sociales conocen el mundo a través de sus cuerpos, las impresiones de los objetos, los fenómenos, los procesos y la relación con los demás, estructuran las percepciones que acumulan y reproducen (Scribano y De Sena, 2013).

La política de las emociones está impregnada por las imágenes del mundo que cada política social implica y las sensibilidades que crean y recrean. Luego, éstas al crear sociabilidades crean experiencias y sensibilidades incrustadas en la suposición teórica de que su diseño se convierte en un cuerpo, formando una dialéctica entre la práctica estatal y las prácticas sociales (Scribano y Cena, 2013).

Una de las perspectivas de la sociología del cuerpo/emociones implica que las formas en que se experimentan los cuerpos/emociones no constituyen estados internos, individuales y aislados; por el contrario, constituyen el resultado de la interacción con otros en ciertos contextos. Son el resultado de un cuerpo/emoción socialmente situado: relacional, en términos intersubjetivos y estructurales. A partir de aquí, las conexiones claras entre políticas sociales, políticas de los cuerpos/emociones, imágenes del mundo, sociabilidades, experiencias y sensibilidades son evidentes.

El diseño e implementación de toda política produce y reproduce ciertas estructuras de valor y subjetividades al condicionar, quién es el receptor y qué se espera de dicha persona, implican un conjunto de nociones y acciones que modelan a los agentes y afectan los esquemas perceptivos de clasificación y división del mundo que permitirán algunos y no otros comportamientos.

El lugar del análisis de los cuerpos/emociones permite considerar la medida en que el abordaje de la cuestión social materializado en las políticas sociales no solamente promueve o restringe determinadas emociones, sino también las implicancias sociales de tal afectación, cómo vivenciar las condiciones de carencias, así como cuáles serán las “competencias emocionales adecuadas” para cada situación (Luna Zamora, 2007; Hochschild 2011).

En otro sitio hemos definido a las políticas de las sensibilidades, como un conjunto de prácticas sociales cognitivo-afectivas. Las mismas están dirigidas a la producción, gestión y reproducción de horizontes de acción, disposición y cognición. Dichos horizontes refieren a: la organización de la vida cotidiana, a la información utilizada para ordenar y organizar preferencias y valores y a los parámetros para la gestión del tiempo/espacio. (De Sena y Scribano, 2020)

Las sensibilidades son prácticas sociales que se forman en y a través de otras prácticas sociales, siendo el conjunto de acciones estatales un espacio de modelado de prácticas que también incluye “saber” y “querer”. Las políticas de las sensibilidades son vectores privilegiados en la organización de la vida diaria, y en esto es posible reconocer la importancia de las políticas sociales como herramienta para tal organización. (De Sena y Scribano, 2020). Entonces, las políticas sociales, para las personas receptoras, se convierten en un “orden” de la vida. Así, se forman dispositivos para la regulación de sensaciones que integran y elaboran sensibilidades, gestionando tiempos sociales, escenarios de interacción y formas de presentación social de las personas

En la misma línea, la política de las sensibilidades elaborada a partir de políticas sociales estructura la información para organizar: qué, cómo y para qué sentir y saber, implica el procesamiento y la selección de información que permite a los sujetos preparar un orden de prioridades y construir (y aplicar) valoraciones sobre el mundo, los demás y ellos mismos. Las políticas sociales se transforman en insumos y herramientas para una ética de consumo y subsidios donde el mundo de la asistencia está justificado y consagrado. Por lo tanto, las políticas sociales a través de las intervenciones sociales desarrollan formas de ser, hacer y sentir que conducen a la constitución de sensibilidades sociales.

En el siguiente punto intentaremos revisar la noción de intervención social con el objeto de comprender su relación con las políticas de las sensibilidades.

2. Políticas Sociales e intervención

La definición de políticas sociales puede recorrer diferentes conceptualizaciones. En principio, como toda política pública, se configuran como decisiones o acciones tomadas por diferentes actores, públicos y privados, con el fin de resolver asuntos de interés colectivo. Por lo tanto, se ubican en

Un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. De dicha intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa, que previsiblemente afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión (Oszlak y O'Donnell, 1981:14),

es decir – como los autores lo indican- generará consecuencias.

En este sentido, el accionar del Estado se relaciona no solo con su acción momentánea sino, también con los efectos dinámicos de largo plazo, como por ejemplo el impacto que una determinada medida posee en los internacionalmente llamados capital físico y humano. Ahora bien, en las sociedades contemporáneas las políticas sociales han adquirido un protagonismo preponderante. En primer lugar, porque los países, al menos latinoamericanos, no solamente destinan cada vez mayores porcentajes de su PBI hacia ellas, sino porque también se han extendido y proliferado la cantidad de destinatarios y destinatarias bajo su cobertura. En segundo lugar, en el campo de las Ciencias Sociales, el abordaje de éstas se ha dado desde diferentes perspectivas. Ello ha implicado una serie de conceptualizaciones diversas que, como es de esperarse, han habilitado unas y no otras interpretaciones de las implicancias de éstas en los procesos de estructuración social y en la subjetividad de las y los actores.

Más allá de las múltiples formas de definición, podemos afirmar que refieren a modos de intervención del Estado o del Gobierno. Para algunas perspectivas, sobre el mercado para otras sobre las situaciones de pobreza o como compensadoras de las desigualdades sociales que produce el mercado. Todas refieren a intervención social. Esta se asocia a la llamada “cuestión social” vinculada a los procesos de modernización y como sistema de regulación (diferente del mercado), instituido para intentar llenar la brecha entre lo político y lo económico, constituyéndose un núcleo en el que se intersecan sociedad-mercado-Estado y permite la visualización de las desigualdades. Ello da paso a la formación de “conjuntos de individuos marginados de los beneficios sociales, generalmente ligados a una condición urbana, fueron objeto del deseo de intervención: trabajadores, niños, marginales, delincuentes, pobres, etc.” (Castillo Vega, 2013: 1), es decir para aquellos que no logran insertarse en un modelo económico y político. Pudiéndose interpretar que la intervención social tiene como fin (¿último o primero?) la integración social y/o desactivar el potencial conflicto social. Más tarde, ya en a finales del SXX emerge la población vulnerable como nuevos sujetos de la intervención, en donde las intervenciones parecen tener que “desvulneralizar” (Castillo Vega, 2013).

De modo que, las políticas sociales, se “visibilizan”, por un lado, por medio de la normativa establecida, los planes y programas existentes, y por otro a través de las instituciones y agentes que se encargan de aplicarlas. Por ello condensan las posibilidades de nominar, significar y hacer. Son prácticas estatales que performan lo social ya que tienen la capacidad de construir realidades. Por lo tanto, las mismas refuerzan necesariamente el poder político de algún grupo en detrimento de otro, en tanto generan procesos internos al Estado, que se entrecruzan complejamente con las fases sociales relativas al surgimiento, tratamiento y resolución de la “cuestión” que la política pública intenta resolver (Oszlak y O´Donnell, 1981).

La ejecución de las políticas requiere de la intervención, respecto a las sociales está fuertemente asociada a la acción del trabajo social. Algunos autores mencionan diferentes sentidos de la intervención, aquella moralizante, atada a la perspectiva del higienismo social, en donde se trata de corregir las situaciones que llevan al sujeto a ser destinatario de la misma, vinculada a la denominada tradicional o positivista (Suriano, 2000). Y, otra en relación al respeto a los derechos humanos y la justicia social atendiendo la dignidad humana (De la Red, 2008), la identidad del sujeto de la intervención y su participación, que requiere por parte de quien interviene una reflexión permanente de sus prácticas, un “mirarse hacia dentro” (Carballeda, 2002; 2008)

Por otra parte, la intervención social puede pensarse ligeramente como una relación mecánica de causa-efecto y en estricta relación con el éxito o fracaso de un programa social, o también como una acción intersubjetiva, discursiva, cargada de miradas y sentidos, como construcción cotidiana del ser y el hacer de los actores intervinientes. Entonces el momento de la intervención es un tiempo de dialogo/ interacción entre sujetos, instituciones y contextos con trayectorias, historias, perspectivas, con posiciones y disposiciones diferentes y también de producción de subjetividades, y por ende se organiza cierto terreno de disputas individuales y/o institucionales, micro y macro. Este momento, es un elemento de organización del presente y también de bosquejo del futuro para los sujetos, las instituciones y los contextos.

Carballeda (2002) indica que toda intervención social es un instrumento de transformación de las circunstancias donde se produce y también actúa como un dispositivo de integración y facilitación del diálogo entre diferentes lógicas de los sujetos, los problemas sociales y las instituciones. Sostiene que es un medio no un fin, que

implica una serie de acciones, mecanismos, procesos que construyen representaciones y construcción de ese ‘otro’ sobre el que se interviene. Desde esta perspectiva, la intervención como campo es un lugar de construcción de creencias, hábitos, y modalidades de hacer. (…) también es un ‘lugar’ de generación de acontecimientos, donde se rompe la dicotomía individuo sociedad, en la posibilidad de visualizar relaciones de fuerza que se invierten, desde un vocabulario retomado. Es decir, la posibilidad de encontrar nuevos espacios para la palabra (Carballeda, 2008: 10).

Por ello se debe respetar la identidad de los sujetos de la intervención, estar atenta a los modos de construcción del lazo social en cada tiempo y espacio, atendiendo que en las últimas décadas se producen en escenarios complejos y atravesados por lógicas diferentes y con la preeminencia de una u otra, desde planos muchas veces inciertos. Ello se debe –desde nuestra perspectiva- a que ha cambiado la estructuración social y por ende, las lógicas de las instituciones de la intervención.

Otra perspectiva ubica la intervención social como espacio en el que se identifican, resuelven y minimizan los problemas y necesidades humanas derivadas del desequilibrio entre la persona y su entorno, promoviendo el bienestar social como vía para superar la desigualdad (Etxeberria Erauskin, 2016).

Ota de Leonardis (1998) abre el debate respecto a la necesidad de una resignificación del servicio social, de revisar la potencialidad de la organización y de la generación de significados compartidos y dar forma al lazo social y de socialidad. La autora plantea que el servicio es producto y productor de relaciones sociales, de interacción entre sujetos donde la materialidad es secundaria al entramado relacional que constituye.

Es decir, la intervención social se da a partir del “contacto estrecho y directo con la población (…) permite un dialogo con la cultura, con la vida cotidiana, con los saberes y las prácticas de los sujetos sociales con su pasado, con su presente, con sus organizaciones, con sus visiones del mundo” (Galena de la O y Sainz Villanueva, 2015: 30). Las autoras continúan su análisis sobre la intervención desde el trabajo social e identifican tres contenidos en la intervención a) potencialización del sujeto social, gracias a su participación; b) propiciar condiciones, rasgos y prácticas, en referencia a “habilidades, comportamientos, significados y representaciones que promuevan la reflexión de su realidad y su entorno, así como la promoción de su participación comprometida y responsable en la construcción y operación de alternativas de acción” (Galena de la O y Sainz Villanueva, 2015: 30); y c) promover acciones de gestión social, en relación al asesoramiento y capacitación para los procesos de acción .

Lo dicho hasta aquí permite afirmar que el diálogo también se produce entre la intervención social y los procesos de subjetivación, produciendo sentidos, efectos de verdad y explicaciones para quien interviene y quien es intervenido (Rose, 1996). Entonces, la intervención social, entendida desde el momento de definición del sujeto a intervenir, pasando por el diseño de la intervención, llegando a la implementación, monitoreo, evaluación, refiere a un modo de producir sujetos y relaciones sociales, contornea y moldea las interacciones, un lugar de la configuración de las políticas de las sensibilidades (sensu Scribano), forma parte de la estructuración social (Giddens, 1984). Desde aquí, y como modo de comenzar a tramar los hilos de la intervención con las políticas de las sensibilidades, pasamos al siguiente punto en donde analizaremos los resultados de una investigación de tipo cuantitativa, tratando de identificar sensibilidades en personas que reciben un programa social, en personas que no y aquellas que aun no siendo beneficiarias habitan en un hogar donde al menos un integrante si lo es.

3. Programas sociales y políticas de las sensibilidades: hilando la trama de sensibilidades

Luego de realizar este breve recorrido respecto a la conceptualización de las intervenciones sociales y la perspectiva sobre el análisis de las políticas sociales desde las emociones, y su conexión con las políticas de las sensibilidades, en el presente apartado se presentan algunos resultados de una investigación en donde se analizan aquellos hogares en donde algún integrante recibe algún programa social y aquellos en donde no.

La investigación[2] de referencia es de tipo cuantitativa a partir de una muestra probabilística de hogares censales en todo el partido de La Matanza, ello dio como resultado 51 radios y 829 encuestas, una por hogar.

El partido de La Matanza se encuentra ubicado en la provincia de Buenos Aires, dentro del área del Gran Buenos Aires y es el municipio más extenso ya que cuenta con una superficie total de 325,71 kilómetros cuadrados. Su población asciende a 1.775.816 personas según los datos del censo del año 2010 (INDEC) posicionándolo también como el más poblado del conurbano bonaerense. Pero también presenta una profunda segmentación espacial con sus 15 localidades que atraviesan los tres cordones del conurbano y dentro del partido se pueden subdividir en zonas o regiones muy diferenciadas en cuanto a sus características socio-habitacionales, económicas y culturales, en donde la zona más cercana a la Ciudad de Buenos Aires es la que mejores indicadores presenta respecto a las otras.[3]

Con el fin de describir la población de La Matanza tomaremos dos índices[4], por un lado, el nivel de hacinamiento de los hogares y por otro Condiciones Básicas de Vida.

Para elaborar el nivel de hacinamiento se consideró la cantidad de miembros del hogar, de ambientes de la vivienda excepto cocina y baño, la cantidad para dormir, los destinados al trabajo, y la existencia de baño, considerándose hasta dos personas por cuarto hacinamiento simple. Siendo hacinamiento crítico, tres o más personas.

A efectos de revisar similitudes y diferencias entre la recepción o no de un programa social[5] (PS), se distingue entre la totalidad de hogares encuestados[6] y luego se aquellos donde hay al menos un integrante que recibe un PS y aquellos donde ninguno. De este modo comenzamos a identificar el nivel de hacinamiento y las condiciones básicas de vida entre hogares que denominaremos intervenidos y no. Ello nos permite identificar que entre los hogares donde al menos una persona recibe un PS el 24.1% se encuentra en hacinamiento simple y el 8.8% crítico. En tanto esta situación cambia ya que entre los hogares sin PS el 3.2% presenta hacinamiento simple y el 2.3% critico. (Grafico 1) Ello por un lado refiere a que hay un porcentaje de la población que no es alcanzada por los programas sociales que se encuentra en condiciones de hacinamiento, y también exponen en ambas poblaciones una parte de los déficits habitacionales del partido, si se considera que el total hogares es de 484.909. (INDEC)

Gráfico 1. Nivel de hacinamiento de los hogares

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento realizado.

Por otro lado, se elabora el índice Condiciones Básicas de Vida, el mismo parte de considerar que existen elementos individuales referidos al sujeto y otros referidos a su entorno, que en su conjunción determinan las condiciones en que la persona desarrolla su cotidianeidad y sus espacios de relaciones. Entendiendo por condiciones básicas de vida de una persona a los modos en que esta desarrolla su existencia individual y social, vinculadas con aspectos económicos, de salud, de educación, laborales y de hábitat. A partir de ello se diseñaron las siguientes dimensiones: a) empleo, cuyos indicadores refieren a la condición de actividad y calidad del empleo; b) sostenibilidad económica, en este caso los indicadores se relacionan con el origen de los ingresos del hogar (trabajo, programas sociales) y la recepción de diferentes productos (alimentos, medicamentos, etc.); c) acceso a la salud, refiere a poseer algún tipo de cobertura médica y la accesibilidad como distancia respecto al centro de salud u hospital[7]; d) educación, tomando en cuenta el nivel educativo del encuestado o encuestada y la escolarización de niños y niñas del hogar; e) vivienda, se consideró como indicador el nivel de hacinamiento y el acceso a servicios sanitarios; y f) entorno de la vivienda, en este caso los indicadores se relacionan con las condiciones del barrio (recolección de basura, calles inundables, desagües pluviales, transporte público cercano, entre otros).

Por un lado, las condiciones básicas de vida en la Matanza alcanzan al 57.9% de la población y el 3.1% no y de modo parcial al 39%. Al introducir la variable recepción de PS en el hogar, este escenario se modifica. Entre los hogares en los que ningún miembro recibe un PS el 69.4% alcanza las condiciones básicas de vida - casi 7 hogares de 10- y el 0.4% no. Estos porcentajes se modifican al analizar los hogares donde al menos una persona recibe un PS, donde solo posee condiciones básicas de vida el 22.9% y el 11.5% no posee (Gráfico2).

Gráfico 2. Condiciones básicas de vida de los hogares

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento realizado

Ambas informaciones nos permiten afirmar respecto a la precariedad de las condiciones en que se desarrolla la cotidianeidad de la población de referencia.[8] Ello nos brinda un escenario para intentar comprender las emociones de esta población y su correlación con las políticas de las sensibilidades. Para ello, tomaremos algunos indicadores[9] –surgidos del mismo estudio- en tanto hilos que nos permiten comenzar a tejer la trama de sensibilidades, distinguiendo entre aquellas personas[10] que reciben un programa social, aquellas personas que no siendo receptoras viven en un hogar en donde al menos una persona si lo es y aquellas que no reciben programas (ni el encuestado/a ni otra persona dentro del hogar), junto con la población en general que refiere al total de la muestra. Ello nos permitirá considerar la dimensión de intervención social sobre la que nos referimos anteriormente. Iniciamos este recorrido identificando la actividad a la que dedica mayor cantidad de tiempo estas personas, indicando la primera y luego la segunda. De este modo se observa que trabajar es la actividad a la que le dedica más tiempo el 52% de la población en general o total, el 55% las personas que no son receptoras de un PS y sube al 57.9 en aquellas que no reciben programas, pero habitan un hogar en el que algún miembro si, en tanto este porcentaje baja al 33.1% entre quienes son receptores de al menos un PS. Estos porcentajes se modifican respecto a realizar las tareas de la casa, entre la población en general lo hace el 25.9%, el 24% entre las personas no receptoras de un PS y el 20% en quienes no son receptores y habitan un hogar con receptores; pero dicho porcentaje salta al 38.8% entre las personas que si reciben un PS. Comienza a evidenciarse el peso de las tareas hogareñas entre las beneficiarias/os de programas sociales, esto está acompañado por una mayor cantidad de mujeres, el 88.4%. De este modo se observa un comportamiento similar entre aquellos que no reciben un PS, en cuanto a dedicar más tiempo a trabajar; siendo diferente esta dedicación entre beneficiarios/as de PS. Respecto a quienes responden que, la primera actividad es ocuparse de los hijos y/o las hijas lo hacen el 6% de la población en general, el 4.4% las personas no receptoras, aumenta al 9.5% entre quienes no son receptores y viven en un hogar con receptores y más aun con el 11.6% quienes son beneficiarios de un PS, si bien los porcentajes son pequeños, en este caso hay una tendencia similar entre quienes residen en un hogar con al menos un receptor de PS (Gráfico 3). De este modo, las personas intervenidas por un programa social dedican su tiempo, primero a las tareas de la casa (38.8%) y luego a trabajar (33.1%).

Gráfico 3. Actividad a la que dedica más tiempo en un día típico de la semana

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento realizado

Con el fin de revisar las emociones y considerando las diversas formas de cotidianeidad como se analizó anteriormente respecto a las condiciones de vida, indagamos respecto a qué siente todos los días desde que se levanta hasta que se acuesta. Revisar las emociones, permite considerar los modos de regulación y soportabilidad de las condiciones en las cuales el orden social se produce y reproduce. Los mecanismos de soportabilidad (sensu Scribano) que se estructuran alrededor de un conjunto de prácticas hechas cuerpo. Los dispositivos de regulación de las sensaciones son procesos de selección, clasificación y elaboración de percepciones socialmente determinadas y distribuidas. Es menester considerar que, los mecanismos de soportabilidad del sistema no refieren de modo directo o explícito a un modo de “control”, sino que operan de modo inadvertido, no notado, en los entramados de lo cotidiano, en el común sentido de los agentes en tanto tales (Scribano, 2010; 2012). Por ello, la importancia de conocer qué sienten las personas todos los días, y en relación a las intervenciones sociales. Frente a una serie de frases, la población opto mayoritariamente por tres: “la vida es una oportunidad para estar mejor”, “la vida es mitad alegría y mitad sufrimiento” y “la vida se ha hecho para compartirla” (Tabla 1). Es menester considerar que, en otros estudios realizados en la Ciudad de Buenos Aires, durante los años 2010 y 2012, se obtuvieron resultados en la misma dirección (Scribano et al., 2015),[11] aunque la mayor distinción se encuentra en la opción “la vida se ha hecho para compartir”, que alcanzo menores porcentajes en la población de La Matanza.

Si bien los resultados van en línea en las tres poblaciones que estamos analizando, como se desprende de la tabla 1, es posible observar que “la vida es una oportunidad para estar mejor” para el 40.7% de las personas que no son receptoras de PS, en tanto entre las personas que si los son o habitan un hogar con alguien que lo es, ese porcentaje baja al 34 y 34.8%. En cambio, “la vida es mitad alegría y mitad sufrimiento” para el 34.7% de las personas que reciben un PS, pero este porcentaje baja al 25.9% entre quienes no y 24.3% entre quienes residen en un hogar con PS. De este modo se observa como las dos caras de una moneda entre quienes reciben un PS, que cada día sienten que la vida es una oportunidad, pero también esta partida entre la alegría y el sufrimiento.

Tabla 1. Qué siente cada día siente todos los días

desde que se levanta hasta que se acuesta

Población en general

Personas receptoras de un PS

Personas No receptoras de PS

Personas No receptoras que habitan un hogar con receptores

La vida es una oportunidad para estar mejor

39,2

34

40,7

34,8

La vida es mitad alegría y mitad sufrimiento

26,9

34,7

25,9

24,3

La vida se ha hecho para compartirla

28

26,4

28,1

29,6

La vida es una carga que uno lleva hasta que se muere

3,1

3,3

2,6

5,4

La vida es mejor pasarla solo/a

0,8

0,8

0,8

1,2

La vida es algo que da miedo

0,5

0,8

0,3

1,1

La vida es hermosa, pero injusta

0,1

0

0,2

Depende el día

0,1

0

0,2

La vida es una continua lucha

0,4

0

0,3

1,1

La vida es de laburante

0,1

0

0,2

NS/NC

0,8

0

0,7

2,5

Total

100

100

100

829

121

609

95

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento realizado

Como otro modo de apelar al sentimiento cotidiano, se solicitó a los encuestados y encuestadas una palabra que describiera aquello que le pasa cotidianamente, como forma de referenciar los términos emocionales. Se observo que la palabra con mayor mención en todas las poblaciones analizadas es alegría/contento con un porcentaje que ronda el 20, luego como contracara de ello en segundo lugar: enojo/bronca y dolor/sufrimiento/pena/tristeza/disgusto. Las dos caras de la misma moneda. Estas últimas palabras requieren mayor atención, por un lado “enojo” o “bronca” fueron mencionadas por el 6.6% de la población en general, si bien es un porcentaje pequeño, pero al revisar entre las personas receptoras y no de un PS, las diferencias se hacen notorias. Entre las personas receptoras de un PS el 10.8% menciona enojo/bronca, pero solo el 5.7% quienes no lo son y el 7.4% entre quienes habitan un hogar con personas que si reciben un PS. Algo similar ocurre con las palabras dolor/sufrimiento/pena/tristeza/disgusto mencionada por el 10.7% de la población total, pero que al revisar por la variable recepción de PS cambia. Entre las personas receptoras de PS el 15.6% indica alguna de estas palabras: dolor/sufrimiento/pena/tristeza/disgusto como aquella que mejor describe qué le sucede cotidianamente, este porcentaje llega al 12.7% entre quienes no reciben un PS, pero si habitan un hogar con un PS, y baja estrepitosamente al 1.3% entre quienes no reciben un PS. En esta misma línea se ubican las palabras preocupación y tranquilidad, en donde los porcentajes son pequeños, pero con diferencias entre quienes reciben o no un PS (Gráfico 4).

Gráfico 4. Palabra que describe lo que le pasa cotidianamente

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento realizado.

Las últimas décadas pueden caracterizarse desde una nueva estructuración social basada en el consumo, en tanto práctica y fenómeno social que organiza la vida, como modo de expansión del capitalismo de los inicios del siglo XXI. Scribano (2017) refiere a las sociedades normalizadas en torno al disfrute inmediato a través del consumo. El autor analiza desde los estudios de movimientos sociales y acción colectiva, pasando por la religión neocolonial como una forma contemporánea de la economía política de la moral; y tensiona por un lado las relaciones entre la política pública, el mercado y la política de los cuerpos/emociones y por otro los procesos de normalización, el consumo y las sensibilidades. De este modo, las sensibilidades se atan en una normalización en torno al disfrute inmediato a través del consumo. Con el objeto de revisar al respecto se seleccionaron algunos indicadores relacionados con el dinero.

El primer indicador seleccionado refiere al uso del dinero, por un lado, se observa que entre la población total un tercio lo destina al pago de impuestos y cuentas, este porcentaje es similar entre quienes no reciben un PS (32.5%) y entre quienes no lo reciben, pero habitan un hogar que si lo hace (33.7%), pero baja al 14% entre los y las beneficiarios/as de un PS. En cambio, entre las personas intervenidas por un PS, el 43% utiliza el dinero para la comida, este porcentaje baja al 22.5% entre los no receptores. El tercer rubro al que se destina el dinero es al mantenimiento de la vivienda, el 22.3 % de la población con PS y el 15.4% la no receptora. Respecto al pago de alquileres es posible observar diferencias entre las poblaciones de acuerdo a la recepción o no de un PS (Tabla 2). Respecto al pago de impuestos y cuentas, en el estudio mencionado anteriormente, la población de la Ciudad de Buenos Aires el 28.2% refiere a ello, y el gasto en alimentos también se ubica en segundo lugar con el 27.5%. De modo que es posible comenzar a hipotetizar que la población destina la mayor cantidad de recursos con los que cuenta para gastos esenciales: pago de impuestos y alimentos.

Tabla 2. Primer uso del dinero

Población en general

Personas receptoras de un PS

Personas No receptoras de PS

No receptoras que habitan un hogar con receptores

Pagar impuestos /cuentas

30,2

14

32,5

33,7

Comida

26,4

43

22,5

31,6

Mantenimiento de vivienda/de la casa

15,7

22,3

15,4

9,5

Pagar alquileres

8,6

5

9,7

5,3

Cuidados personales

4,7

2,5

4,9

6,3

Educación

4,1

6,6

3,4

5,3

Salud (medicamentos, etc.)

3,4

1,7

3,3

6,3

Ocio /recreación /salidas/vacaciones

2,3

0,8

3

0

Tecnología (computadora, celular, televisor)

1,3

0,8

1,6

0

Transporte

1,8

0,8

2

2,1

Comprar ropa/zapatos/zapatillas

1,3

2,5

1,3

0

Productos de trabajo / Reinvertir en negocios

0,1

0

0,2

0

Deudas

0,1

0

0,2

0

100

100

100

100

829

121

609

95

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento realizado

El siguiente indicador en cambio refiere al uso potencial del dinero, es decir en qué cosas desearía utilizarlo. Como constante, la población, en torno a un tercio, en primer lugar, usaría el dinero para salir de vacaciones, con un porcentaje algo mayor entre personas no receptoras de PS con el 38.6% y algo menor en aquellos que no lo son, pero habitan un hogar con alguien que si recibe un PS, con el 28.4%. En segundo aparece la compra de una vivienda, evidenciando la problemática habitacional mencionada anteriormente. En este caso el porcentaje entre las personas destinatarias de un PS es el mayor con el 32.2% mientras que el de aquellas que no lo son baja al 24%, si bien es menor sigue siendo un numero a atender. En tercer lugar, se encuentra la educación de hijos e hijas. Esta información está en línea con los resultados en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2010 el mayor porcentaje mencionaba que utilizaría el dinero para la compra de una vivienda (40.1%) y en segundo lugar salir de vacaciones (26.1%); en cambio en el 2012 el 40.3% responde “salir de vacaciones”, el 31.5% “comprar una casa” y el 7.4% “educación de sus hijos e hijas”. En este punto al igual que en el anterior, ambas poblaciones presentan usos y potencial uso del dinero en el mismo sentido, se muestra una estructura en conexión con el disfrute inmediato a través del consumo.

En tanto, al observar la población intervenida por un PS, nuevamente aparecen dos caras exactamente iguales con el 32.2% “salir de vacaciones” y “comprar una casa”. Por otra parte, es importante prestar atención a la opción “educación de sus hijos e hijas”, si bien la población en general menciona esta opción el 8.4%, este porcentaje baja entre los no receptores al 6.9%, y sube entre los receptores al 12.4% y entre los no receptores pero que están en un hogar con personas que sí lo son al, 13.7%. En este sentido respecto a la relevancia de la educación de los hijos e hijas, lo hemos advertido en otras investigaciones desde el abordaje cualitativo, entre esta población que estamos denominando intervenida (Cena y Dettano, 2020, Dettano, 2020; De Sena, 2019) al igual que en la población en situación de pobreza (Vergara, 2017, De Sena et al., 2017). Mostrando como las emociones organizan así, las prácticas de consumo, de cuidado y protección de los hijos e hijas (tabla 3).

Tabla 3. En qué le gustaría usar el dinero

Población en general

Personas receptoras de un PS

Personas No receptoras de PS

No receptoras que habitan un hogar con receptores

Salir de vacaciones

36,6

32,2

38,6

28,4

Comprar una casa

25,6

32,2

24

27,4

Educación de sus hijos/as

8,4

12,4

6,9

13,7

Comprar cosas para la casa

7,2

8,3

6,4

10,5

Comprar/cambiar el auto

7,4

3,3

8,9

3,2

Ocio/recreación/actividad física

3,1

1,7

3,1

5,3

Estudiar en la universidad

2,9

3,3

3,1

1,1

Cuidados personales

2,5

3,3

2,6

1,1

Tecnología (computadora, celular, televisor)

1,6

0,8

1,6

2,1

Salir a comer

1,3

0,8

1,3

2,1

Salud (medicamentos, etc)

1,9

1,7

2

2,1

Ayudar a mi familia

0,5

0,3

2,1

Ayudar a otras personas / a gente necesitada / iglesia

0,6

0,7

1,1

Otros

0,4

0,5

100

100

100

100

Total

829

121

609

95

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento realizado

Como último elemento se indago respecto a la distinción entre una persona rica y pobre, por un lado, se comparte un comportamiento general: el dinero es la respuesta con mayor porcentaje, en la población en total con el 47.7%, pero aumenta entre las personas beneficiarias de un PS al 50.4%, siendo el más alto. El segundo elemento que diferencia a una persona rica de una pobre es “la familia” con el 19.9% en la población en general, pero que entre quienes son receptores de un PS sube al 25.6% y baja al 14.9% en aquellos que viven en un hogar con receptores, pero ellos no lo son. El otro dato a revisar refiere a la opción “éxito personal” como distinción entre una persona rica y pobre, si bien el porcentaje del total de la población es menor 8.2%, es menester revisar el comportamiento respecto a la intervención social. Entre quienes reciben un PS, solo el 4.1% considera que el éxito personal es una diferencia, en cambio entre quienes no lo reciben este porcentaje asciende al 8.2% y más aún entre quienes no, pero viven en un hogar con receptores con el 13.8% (gráfico 5).

Gráfico 5. Aspectos que diferencian a una persona pobre de una rica

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento realizado

En el punto siguiente se esbozarán algunas breves conclusiones a modo de revisar las estructuraciones sociales y su relación con las intervenciones sociales.

4. Breve cierre a modo de apertura

Este capítulo tuvo como objeto presentar las políticas sociales en tanto modos de diseñar sociedades deseables que construyen sentidos, elaboran percepciones, emociones, sensibilidades. Toda política pública en general y por lo tanto social, se pone en acto en el momento de definir la acción a realizar y la cuestión a atender, en ese instante se inicia su modo de intervención, su performatividad. Esa intervención producida entre diversos actores individuales y colectivos con intereses diversos, crea y re crea sentidos, organiza miradas y las valoraciones, para todos esos actores. Se modelan las relaciones sociales y la acción, configuran políticas de las sensibilidades, diseñando estructuras sociales. Ahora bien, por un lado, los datos empíricos nos permiten afirmar que el siglo XXI trajo una estructuración social basada en el consumo y el disfrute inmediato, en línea con la perspectiva teórica de Scribano (2017), más allá de estar intervenidos o no por una política social, la población recibió “otras intervenciones” en el orden global. Pero también, la información evidencia, por un lado, las precarias condiciones de vida de las personas que son receptoras de un programa social y cómo se tejen “sentires” diferentes respecto a quienes no se encuentran intervenidos por los PS. Mientras por un lado se estructura una sociedad organizada en el consumo y disfrute a otras personas les toca “comprar comida”. Entonces, en esta sociedad desigual, para quienes les queda el programa social como lo más inestable, porque nunca se sabe hasta cuándo esta, y lo más estable, porque es lo que perdura a lo largo de las décadas, la posibilidad de pasar de un plan a otro como pasado y horizonte. Es menester considerar esta nueva forma de estructuración social y su solidificación en tanto sector social. Por ello, las dos caras de la moneda, como ya lo mencionamos anteriormente, hacen evidente el deber sentirse felices/ contentos como imperativo actual (Ahmed, 2019); y también -para estas personas- el enojo, la bronca, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el disgusto como los términos que definen sus sentimientos diarios, los que traman los hilos de las políticas de las sensibilidades.

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1 Refiere a al Grupo de Estudios de Políticas Sociales y Emociones –GEPSE- (http://gepse-cies.blogspot.com/), a las compartidas a través de la Red Internacional de Sociología de las Sensibilidades RedISS (https://sociologiasensibilidades.blogspot.com/) y las discusiones compartidas con el Grupo de Estudios sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos (http://cuerposyemociones.com.ar/).

2 Proyecto de investigación PROINCE código PIDC 55 B 206. Principales rasgos de la “cuestión social” al comienzo del siglo XXI. La Matanza 2017-2018 Secretaría de Ciencia y Tecnología y Dpto. Ciencias Económicas. Universidad Nacional de La Matanza.

3 Al respecto puede verse De Sena, A. (dir.) “Aproximaciones a la cuestión social en La Matanza: algunas dimensiones para su análisis” ed. Universidad Nacional de La Matanza, en prensa.

4 Agradecemos la colaboración de Micaela Bazzano para el diseño y construcción de ambos índices.

5 De aquí en más PS.

6 El total de encuestas fue de 829 casos, hogares con al menos una persona receptora de un programa social 216, hogares sin receptores 613.

7 Este es un indicador relevante considerando las dimensiones del municipio y las desigualdades entre el primero, segundo y tercer cordón.

8 En otras publicaciones se analizaron los aspectos del hábitat (De Sena y Bareiro Gardenal, 2019); trabajo (De Sena, 2019); participación (Scribano y De Sena, 2019), los hogares receptores de programas sociales (De Sena, 2019b).

9 Todos lo sindicadores aquí analizados fueron analizados y validados por estudios en el orden internacional y nacional. Para mayores detalles puede verse Scribano et al. (dir.) (2015).

10 En estos resultados analizamos las personas no hogares que habitan en La Matanza. Del total de encuestas (829), 121 personas receptoras de un programa social, no receptoras y en el hogar nadie es receptor 609, no receptoras que habitan un hogar con receptores 95.

11 Refiere a una encuesta realizada sobre el estado de las sensibilidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El cuerpo sintiente bajo la lupa: entrenados… un análisis desde las políticas sociales orientadas a jóvenes

Rebeca Cena

“if the job of sociology is trace the links between private troubles and public issues, the sociology of emotion is - or should be- at the heart of sociology”

(Wrigth Mills, en Hochschild, 2008a: 47).

1. Introducción

Desde hace ya algún tiempo, el Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones,[1] viene insistiendo en sus estudios e investigaciones empíricas, sobre la potencialidad, y principalmente la necesidad, de incorporar a los cuerpos/emociones (Scribano, 2012) en el análisis de las políticas sociales. Este capítulo se inserta de lleno en esta línea analítica, a partir del estudio de las intervenciones estatales orientadas a las juventudes. A lo largo del presente capítulo, mostraré evidencia empírica respecto a cómo la condición corporal/emocional es un supuesto inescindible en las intervenciones estatales orientadas a las juventudes. Los materiales con los que aquí trabajo son producto de un proyecto de investigación posdoctoral en el marco del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de un proyecto de investigación colectivo enmarcado en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María.[2]

El abordaje de las juventudes ha sido una tarea compleja para las Ciencias Sociales, pues la mayoría de las aproximaciones científicas ha caído en obstáculos derivados de un abordaje en tanto categoría administrativa (Belmonte, 2016). La bibliografía de referencia con la que aquí trabajo, las comprende como una categoría en construcción en relación, principal aunque no exclusivamente, con las instituciones del Estado. Pues quiénes son y quiénes no son jóvenes se encuentra establecido en la organización del sistema escolar, la regulación del mercado de trabajo, en el modo de acceso al sistema de salud, etc. En otras palabras, la definición sociológica del concepto de juventudes se vuelve una tarea compleja, sin embargo, en su abordaje y definición el Estado -a partir de sus intervenciones sociales- se constituye en un referente ineludible. Pues a partir de sus instituciones -familia, escuela, etc.-, políticas públicas y normativas, participa de los términos en que se construyen y clasifican los grupos sociales (Vázquez, 2015).

Para la elaboración de este capítulo, he trabajado con entrevistas abiertas realizadas a agentes estatales involucrados en la gestión y ejecución de políticas sociales orientadas a las y los jóvenes. Los agentes estatales, se desempeñan en diferentes niveles jurisdiccionales: ya sean locales, provinciales o nacionales, pero todos tienen su anclaje territorial en ciudades del interior de la provincia de Córdoba. Los agentes estatales refieren a los “portavoces” de las políticas sociales orientadas a las juventudes estudiadas. Es decir, se posicionan como aquellos agentes que, en tanto, gestores, planificadores y ejecutores de las políticas sociales en cuestión nos acercan a los significados y características que asumen tales intervenciones estatales en los territorios. Como portavoces autorizados, en tanto informantes instituidos (Combessie, 2005), ocupan una posición de responsabilidad y referencia en las diferentes secretarías, oficinas, agencias y/o dependencias municipales, provinciales y nacionales; y ofrecen puntos de vista vinculados a la ejecución concreta de las políticas sociales.

En este contexto, si hace tiempo se viene insistiendo respecto a la conexión entre políticas sociales y cuerpos/emociones, y las juventudes se posicionan como una categoría en construcción en diálogo con las instituciones del Estado -como por ejemplo las políticas sociales-; serán las juventudes, entonces, una puerta de entrada significativa para poder continuar argumentando que las políticas sociales son producto, suponen y construyen modelos de sociedad -en este caso, respecto a las juventudes, sus problemáticas, características, etc.-. De este modo, si las juventudes son una categoría en construcción y las intervenciones del Estado uno de los modos en que se influye sobre dicha categoría, las políticas sociales se vuelven un elemento central de análisis en las sociedades contemporáneas.

En este marco, en el presente capítulo trabajaré sobre la noción de entrenamiento. Pues cuando he comenzado este proceso analítico, algunas de las preguntas que me acompañaron fueron: ¿de qué modos las políticas sociales abordan a las juventudes?, en tanto éstas se encuentran socialmente determinadas. ¿Cuáles son los presupuestos corporales/emocionales sobre las y los jóvenes desde las políticas sociales?, en tanto intervenciones estatales que abordan y definen determinadas problemáticas vinculadas a este sector poblacional específico. La noción de entrenamiento se ha posicionado como una expresión que ha aludido a una prestación específica dentro de la política sociales y a un proceso de preparación, adiestramiento y habitualidad. Las intervenciones estatales se han caracterizado, entonces, por una reiterada referencia a las capacitaciones, actividades y prácticas que implican los entrenamientos, argumentando orientación y despliegue de habilidades. Es por ello que, en este capítulo me propongo un primer acercamiento a la noción de entrenamiento en las políticas sociales orientadas hacia las y los jóvenes, tomando categorías conceptuales de la sociología de los cuerpos/emociones.

Para ello, en el primer apartado, realizo una breve presentación sobre los desafíos que implica la observancia de las políticas sociales en el siglo XXI. En el segundo, expongo brevemente las nociones básicas respecto a una sociología de los cuerpos/emociones para el abordaje de las políticas sociales. En el tercer apartado, analizo brevemente la noción de entrenamiento, retomando algunos ejes analíticos propuestos por Wacquant (2006) en su análisis sobre el mundo del pugilista. Por último, se ofrecen una serie de reflexiones finales que a modo de convite, pretenden continuar argumentando por una línea de análisis que reubique en la centralidad de las políticas sociales los cuerpos sintientes.

2. Capitalismo y políticas sociales en el Siglo XXI: algunos puntos de partida

El objetivo de este capítulo es abordar las políticas sociales orientadas a las y los jóvenes desde una sociología de los cuerpos/emociones. Este interés analítico reside en que, al menos desde el año 2002 y de manera continua y progresiva, las políticas sociales se han posicionado masivamente (De Sena, 2011) en la agenda estatal; y las juventudes en tanto población específica no ha sido la excepción. Solo por mencionar algunos hitos: en materia de intervenciones estatales nacionales en el año 2008 se implementó el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo de corte nacional y con vigencia hasta la actualidad. Esta política social pasó de concentrar de 7.658 destinatarios a 72.051 en 2009, y para el año 2018 el número de receptores superó en más de 20.500 a los del año 2009 (Brown, 2012: 21); en el año 2009 se implementó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social -con absoluta continuidad hasta la actualidad- masiva también en sus características, que si bien no se encuentra excluyentemente orientada hacia las y los jóvenes el 74.5% de la población titular se encuentra entre 20 y 39 años; en 2014 el Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos) concentró 407.000 jóvenes dentro de su población destinataria, solo por mencionar aquí algunas experiencias.

Ahora bien, desde hace algún tiempo el GEPSE ha insistido en el abordaje de esas políticas sociales desde la sociología de los cuerpos y las emociones, y ha sido un campo absolutamente innovador en las Ciencias Sociales, al menos, en referencia a las producciones nacionales (Cena, Chahbenderian y Dettano, 2014). Un supuesto de partida clave de esta línea de trabajo, es que el Estado, sus intervenciones y el régimen de acumulación capitalista, colonial y patriarcal (Grosfoguel, 2006) ha tomado al cuerpo y las emociones como elemento central (Scribano y De Sena, 2020). En este marco, y en estas primeras líneas del capítulo, se requiere entonces una mirada amplia que permita poner en diálogo a las políticas sociales con, al menos, algunas aristas de lo que podríamos caracterizar como distintivas de comienzos del siglo XXI.

Para ello, retomaremos los aportes que Scribano (2015a) hiciera para establecer algunos bosquejos de los procesos de estructuración social del siglo XXI y la centralidad de los cuerpos/emociones allí. El autor parte para ello de tres afirmaciones: a) los seres humanos somos la única especie que podemos autodestruirnos totalmente. Pues los avances científicos y tecnológicos desde la división entre reproducción y sexualidad, pasando por las armas de destrucción masiva, hasta el vínculo con el medio ambiente, han demostrado que somos la especie que puede autodestruirse en su totalidad; b) las teorías del caos y la complejidad, han marcado fuertemente los modos en que se abordan las problemáticas, comenzando en este escrito por las políticas sociales como productos en proceso y procesos en producto (Cena, 2018b), hasta la mutación genética y un largo etcétera; c) el siglo XXI posiciona desafíos en observar y comprender las consecuencias de hechos imposibles de eludir como

El aumento de la población mundial, de los miles de millones de sujetos con hambre, de los miles de millones sin energía(s), de la ingente cantidad de sujetos esclavizados, de los millones de sujetos en estado de migración segregante, el crecimiento sostenido de la desigualdad planetaria, los miles de millones de mujeres, niños, jóvenes y personas de la tercera edad violentados, maltratados y marginalizados (Scribano, 2015a: 2)

Estos desafíos esbozados por el autor para las Ciencias Sociales del Siglo XXI, no marcan solamente un punto de llegada -dónde estamos posicionados planetariamente- sino puntos nodales de partida para la labor de las Ciencias Sociales. En este sentido, los aportes que podrían hacerse desde el Sur Global (Sousa-Santos, 2015) complementando los puntos aludidos, requieren problematizar un modo de organización de la vida, un determinado orden social, que algunos autores han conceptualizado en algunos momentos históricos como neoliberalismo.

El neoliberalismo, en al menos los últimos años, ha estado presente en las agendas de gobierno, los eventos académicos, los proyectos de investigación y publicaciones,[3] pues se ha posicionado como una categoría de visión de mundo (sensu Bourdieu). Creo oportuno, en este marco, volver al menos brevemente sobre el concepto y retomar los vínculos estrechos que el mismo posee con las políticas sociales. Pues el neoliberalismo es una concepción ampliamente extendida, que ha hecho alusión principalmente a sus dimensiones económicas, no obstante, este modo de conceptualizar es acotada e incompleta en términos de Wacquant (2011)

Hace hincapié en una serie de políticas favorables al mercado, como la desregulación laboral, la movilidad del capital, la privatización, un programa monetario de deflación y autonomía financiera, la liberalización del comercio, la competencia entre zonas y la reducción de la tributación y los gastos públicos. Pero esa concepción es acotada e incompleta (13).

El neoliberalismo puede ser definido, además, como un proyecto sociopolítico transnacional que resignifica y reconstruye los vínculos entre Estado, mercado y ciudadanía. El neoliberalismo se posiciona como una forma de sociedad, donde lo que se modifica son las formas de vida, los vínculos con otros y las representaciones que los propios sujetos hacen de sí (Laval y Dardot, 2014). El modelo neoliberal, implica así un conjunto de prácticas, normas e instituciones políticas y jurídicas que como la educación, salud, infraestructura básica y regulación del mercado de trabajo son centrales y se encarnan indefectiblemente en los sujetos.

No sólo tenemos que vérnoslas con una doctrina ideológica y con una política económica, sino también con un verdadero proyecto de sociedad (en construcción) y una cierta fabricación del ser humano. “La economía es el método, el objetivo es cambiar el alma”, decía Margaret Thatcher (Laval y Dardot, 2014: 4)

En esta línea argumentativa y siguiendo a Wacquant (2011) el neoliberalismo se estructura alrededor de cuatro lógicas centrales: a) Desregulación económica; b) Descentralización, retracción y recomposición del Estados de Bienestar “someter a las personas reticentes a la disciplina del trabajo desocializado a través de variantes del workfare que establecen una relación casi contractual entre el Estado y los beneficiarios de clase baja tratados no como ciudadanos sino como clientes o sujetos” (14). Scribano (2015a) amplía esta figura a la de subsiadano con el objeto de referenciar a que en “la tensión entre ciudadano y consumidor va cobrando forma el subsiadano” (2015a: 6) como una forma extendida de ser y estar en los Estados del siglo XXI; c) Tropo cultural de la responsabilidad individual que otros autores han denominado como la influencia de la psicología positiva (Ahmed, 2019); d) Aparato penal expansivo, intrusivo y proactivo. Es lo que el autor denomina como un Estado Centauro: “liberal hacia arriba y paternalista hacia abajo [...] un rostro bello y atento hacia las clases media y alta, y un rostro temible y sombrío hacia la clase baja” (Wacquant, 2011: 17).

En esta dirección se observa que, en relación a estas cuatro lógicas centrales, el modelo neoliberal no prescinde de las políticas sociales ni de las instituciones del bienestar, sino que las utiliza y resignifica. Pues con el “objeto de instaurar ese equilibrio tolerable, una nueva forma de miseria, los neoliberales necesitan las instituciones del welfare state” (Lorey, 2016: 76). Desde esta perspectiva entonces, se asume que el rol que tradicionalmente Faleiros (2000) le diera a las políticas sociales en tanto contradictorias se encuentra actualizado y potenciado en el modelo neoliberal. Estos modos de intervención y afectación de la vida no solo resultan deseables en términos del orden social, sino necesarios en términos de la regulación del conflicto. Bourdieu (1997) lo conceptualiza como una paradoja:

De hecho, nos encontramos aquí ante una extraordinaria paradoja: los obstáculos que se interponen en el camino de la realización de un orden nuevo, que debe producir un individuo aislado pero libre, son considerados ahora como insumos de rigideces y de arcaísmos, y toda intervención directa y consciente, por lo menos la que viene del Estado, sea ella de cualquier tipo, es de antemano sometida al descrédito, y destinada a desaparecer en beneficio de un mecanismo puro y anónimo, el mercado (del que se olvida que es también el lugar en el que se ejercen los intereses); pero resulta que en realidad la permanencia o la supervivencia de las instituciones y de los agentes del antiguo orden en vía de desaparición y toda la labor de todas las categorías de trabajadores sociales, así como todas las solidaridades sociales, familiares u otras, son las que hacen que no se hunda el orden social en el caos a pesar del volumen creciente de la población precarizada (Bourdieu, 1997: 4).

Las revisiones conceptuales se vuelven útiles, cuando permiten ampliar, complejizar y profundizar los abordajes que se realizan sobre, en este caso, las políticas sociales. Las intervenciones estatales no sólo no han disminuido en lo que va del siglo XXI, sino que se han extendido ampliamente. Si a los 130 millones de personas que en América Latina viven hoy de lo que se ha denominado Transferencias Condicionadas de Ingresos, se suman los “ciudadanos subsidiados en transportes y energía (solo para mencionar dos actividades), los millones no solo ascienden sino que devienen inexorablemente transclasistas. En la región, si tenemos en cuenta las actuales condiciones de asistencia estatal y estrategias de acción estatal, no sólo somos ciudadanos, sino que somos subsiadanos” (Scribano, 2015a: 6). Para el caso de Argentina, las políticas sociales de transferencias de dinero a nivel nacional han involucrado para el año 2018, 10 millones de personas, marcando una continuidad desde finales del siglo pasado y consolidación en lo que va del XXI como modo de intervención sobre lo social (CNPS, 2018). Bajo este paraguas analítico abordaré en el apartado siguiente un modo de observar a las políticas sociales que toma al cuerpo/emoción como protagonista del análisis.

3. El “¿descubrimiento?” del sujeto sintiente en políticas sociales

¿Los cuerpos/emociones no han estado presentes en los análisis de las políticas sociales? ¿En el concepto de Cuestión Social, los cuerpos/emociones han sido invisibilizados?, ¿Las problemáticas expresión de la Cuestión Social, no se encarnan acaso en cuerpos sintientes? Partiendo de la evidencia empírica de: a) que las políticas sociales no son pensadas, diseñadas, ejecutadas, recibidas ni evaluadas por cuerpos inertes; y b) que el hambre, la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda, la falta de salud se en-carnan y conforman cuerpos y emociones; mostraré en este apartado que aunque los autores clásicos de las políticas sociales explícitamente no han referenciado a los cuerpos/emociones, se encuentran muchos indicios que contribuyen a su cada vez más necesaria inclusión. Complementariamente, explicitaré que la concepción sociológica de los cuerpos/emociones alude a su carácter social, de allí, el diálogo con estas formas particulares de afectación de la vida como son las políticas sociales.

3.a. Políticas sociales y cuerpos/emociones

La sociología de los cuerpos/emociones constituye una plataforma idónea para los estudios de las políticas sociales (De Sena, 2014, 2016, 2018), del mismo modo en que lo ha sido para el trabajo (Vergara, 2011; Vergara y Lisdero, 2010; Quattrini, 2016), la habitabilidad (D´hers, 2013; Cervio, 2015), las acciones colectivas (Scribano, 2017a), la discapacidad (Ferrante, 2013; Míguez-Passada et al., 2012), el racismo (Tijoux, 2016), la salud (Del Mónaco, 2012), la alimentación (Boragnio y Sordini, 2019), el consumo (Dettano, 2018; Chahbenderian, 2018), solo por mencionar algunos tópicos relevantes, etc. Pues la educación emocional (Scribano y De Sena, 2020), la desconfianza (De Sena y Cervio, 2017), el miedo (Cena, 2019), la inseguridad (Cena, 2018a) y la satisfacción (Dettano, 2020) han sido algunas de las emociones presentes en los análisis desde y hacia las políticas sociales.

En este capítulo se asume y argumenta que las políticas sociales no intervienen sobre y desde materias inertes, sino sobre cuerpos/emociones. Pues aunque parezca una evidencia empírica, no ha sido una preocupación generalizada en los abordajes científicos de las políticas sociales desde las Ciencias Sociales. Es por ello que se sostiene que ha sido una línea inaugural del GEPSE en el ámbito de Argentina, junto con algunas contribuciones a nivel internacional. En un relevamiento realizado en el año 2014 (Cena, Chahbenderian y Dettano, 2014) solo muy pocos trabajos científicos abordaban en sus investigaciones las relaciones entre intervenciones estatales y cuerpos/emociones.

Ahora bien, desde qué posiciones teóricas y bajo qué supuestos entonces es que este escrito trabaja con las políticas sociales desde la sociología de los cuerpos/emociones. Para responder a ello, siempre resulta relevante e inaugural volver al concepto de cuestión social. Dicho concepto ubica el abordaje de las intervenciones estatales en una matriz conceptual que nos permite vincularlas tanto al orden social como a las condiciones de producción y reproducción de la vida de las poblaciones. Al mismo tiempo, permite advertir la complejidad a la que se alude cuando hablamos de políticas sociales. Es una categoría analítica que permite identificar la fragmentación o escisión en términos de Donzelot (2007) o la aporía al decir de Castel (1997) que experimenta una sociedad, que siempre e indefectiblemente es tematizada, escenificada, puesta en cuestión y expresada a partir de problemáticas particulares que se encarnan en los cuerpos/emociones de las poblaciones. En este punto, las contradicciones constitutivas entre la igualdad formal y la desigualdad estructural[4] embestidas en la figura del Estado Moderno Capitalista (Grassi, 2003), ponen en jaque la capacidad de una sociedad de continuar existiendo a partir de relaciones de interdependencia cuando una proporción creciente de la población siente, experimenta y padece -corporal y emocionalmente- las problemáticas de su expresión (como el hambre, el desempleo, las enfermedades, etc.).

Las políticas sociales juegan un rol central en los procesos de “sutura” (Grassi, 2003) entre igualdad formal y desigualdad estructural. Pues las mismas constituyen modos de intervención estatal que interpelan las problemáticas expresión de la cuestión social afectando los conflictos y consensos sociales. En este sentido, las políticas sociales son elementos contradictorios (Faleiros, 2000) en el marco del régimen de acumulación capitalista, patriarcal y colonial (Grosfoguel, 2006). Pues si a corto plazo permiten o habilitan abordajes concretos de las problemáticas que afectan a los agentes sintientes, a largo plazo habilitan la reproducción del régimen (Bourdieu, 1997). Dichos abordajes implican desde la gestión de las condiciones en que se dará el uso y la venta de la fuerza de trabajo, hasta medidas vinculadas a la infraestructura básica, educativas, de cuidados sociales, vinculadas al ámbito de la salud, y un amplio “etcétera”.

En este marco analítico, si la cuestión social es abordada, suturada a partir de las políticas sociales y éstas transmiten no solamente bienes y servicios, sino reglas, normas, hábitos, comportamientos, etc.; y además, afectan la regulación de los conflictos y consensos sociales, lo que supone necesariamente la regulación de los cuerpos/emociones de las poblaciones; queda clara entonces la relación entre políticas sociales y cuerpos/emociones, más aun teniendo en cuenta la definición de emociones desde la que se parte: como sociales, producto de un contexto, no solamente fisiológicas ni individuales.

Una afirmación tan simple y compleja como que las políticas sociales son resultado, suponen y conforman modelos de sociedad (De Sena, 2014 y 2016) se encuentra sustentada en los clásicos trabajos de Titmuss (1974) y Esping-Andersen (1990) respecto al vínculo entre modelos de Estado y políticas sociales, en Rambla, Adelantado y Noguera (2000) respecto a lo que han denominado recursividad en las políticas sociales, aludiendo con ello a que son producto y productoras de la estructura social. Es decir, como productos en proceso y procesos en producto (Cena, 2018).

En esta misma dirección, si se observan los aportes de Martínez-Franzoni y Voorend (2008) en las políticas sociales se percibe claramente cómo las intervenciones estatales afectan las desigualdades al interior de las familias, a partir de la suposición y transmisión de determinados modos de ser y estar en las condiciones de pobreza (Cena, 2019; Cena y Dettano, 2020). Es desde estos núcleos analíticos, entonces, que las políticas sociales nos permiten identificar el vínculo entre orden sistémico y mundo de la vida, uno de los grandes desafíos de la sociología: cómo vincular las estructuras sociales con la subjetividad de las personas. Desde aquí, entonces, esta mirada puesta en las políticas sociales las posiciona como un objeto de estudio que nos permite explorar estas conexiones. Las políticas sociales hacen sociedad porque son producto y productoras de los modelos de sociedad, al establecer un vínculo entre los regímenes de acumulación y el mundo de la vida de las poblaciones intervenidas (Barba-Solano, 1995). Con sus intervenciones suponen la transferencia de bienes, servicios, esquemas de clasificación y división del mundo respecto a qué es un problema social, quiénes los afectados, cuáles las soluciones, etc. (Cena, 2014). En otras palabras, implican necesariamente un vínculo entre orden social-poblaciones, intervenciones estatales-cuerpos/emociones.

Ahora bien, si se observa la conceptualización respecto a los cuerpos/emociones de la que en este escrito se parte, se observará el evidente vínculo entre las categorías analíticas expuestas. Pues, la sociología de los cuerpos/emociones no sostiene una mirada biologicista ni individual de las emociones, todo lo contrario, alude a su carácter social y, por lo tanto, susceptible de abordar sociológicamente.

3.b. Sociología de los cuerpos/emociones: breves pinceladas de un abordaje

¿Qué significa una sociología del cuerpo? Existen ya extendidos trabajos que dan cuenta de la presencia que el cuerpo ha tenido en la teoría social (Turner, 1989; Hochschild, 2008b; Bericat, 2012; Scribano, 2015c). No obstante, algunos acuerdos que aquí se pueden esbozar son aquellos que consideran que el cuerpo se encuentra construido socialmente a partir de las estructuras objetivas donde se generan las vivencialidades, sociabilidades y sensibilidades (Scribano, 2015b); y subjetivas en sus esquemas de visión y clasificación del mundo, en sus representaciones y significados. El cuerpo así, es mucho más que una evidencia empírica

Es resultado de una educación experimentada y enseñada conforme a exigencias normativas de la sociedad que se revelan en juicios y valores que obligan al cuerpo a una forma, un peso, una estatura, una conservación y una presentación que condicionan su expresión [...] más allá de lo biológico (Tijoux, s/a: 5).

El cuerpo es el locus de la conflictividad y el orden (Scribano, 2017b), el centro a partir del cual se asienta y construye el mundo, en el cuerpo se aloja el habitus y el conjunto de prácticas y categorías de percepción del mundo. Este conjunto de disposiciones prácticas duraderas se vuelven modos de sentir, actuar y pensar. De allí que, por el cuerpo pasen y se anclen los procesos de dominación y ejercicio de poder.

Se puede reflexionar la corporeidad humana como un fenómeno social y cultural, como una materia simbólica y como un objeto de representaciones e imaginarios (Le Breton, 1992). Es el anclaje del habitus que Bourdieu presenta como sistema de gustos y disposiciones que definen y significan al mundo y al conjunto de las prácticas y a sus categorías de percepción. En el cuerpo está el conjunto de disposiciones que una vez naturalizadas se vuelven maneras duraderas de ser. El cuerpo, incluso, se encontraba presente ya en los escritos de Marx:

Los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 de Marx, Dirk J. Struik señala que el proceso de trabajo es ese "proceso por medio del cual el hombre vivo y concreto crea su existencia a través de la práctica cotidiana, en la que come y respira, sufre y ama". El ser humano es sensible y mundano: las necesidades humanas lo obligan a interactuar con el entorno, por lo que ese entorno le brinda algo más que un espacio de vida (comida para comer, aire que respirar), como así también a interactuar con otros, con los que puede crear una existencia (Ahmed, 2019: 343).

El cuerpo es parte nodal del estar en el mundo, se encuentra modelado y modela el contexto sociocultural en el que se desempeña. Pero ese cuerpo, no es solo un medio para las emociones, los modos de sentir y vincularse con el entorno, sino condición de posibilidad. De allí que aquí se adhiera a la propuesta de Scribano (2013) para hablar de una sociología del cuerpo/emoción y no de una sociología de los cuerpos y emociones, pues “lo que se aprende por cuerpo no es algo que se tenga, como un saber que se pueda tener ante sí, sino algo que se es” (Bourdieu, 1980: 123, citado en Wacquant, 2006).

En términos de Bericat (2012), la vida solo puede ser experimentada emocionalmente. Las emociones poseen así una dimensión necesariamente relacional, no siendo respuestas ni únicamente fisiológicas ni mecánicas, dependen de la valoración que se realice del contexto, de quién participe de la interacción, de las expectativas generadas, etc. Poder identificar y comprender una emoción implica asimismo poder advertir la situación y relación social en la que se produce, implica un vínculo entre el yo y el entorno. Lo que los sujetos experimentan emocionalmente es producto del entorno, normas, valores y relaciones. En este sentido, la sociología de la emoción permite explicar fenómenos sociales y los fundamentos de la conducta social (Barbalet, 1998), dado que las emociones son parte constitutiva de los fenómenos:

La incorporación de las emociones a los estudios sociológicos implica investigar y ‘teorizar sobre todo aquello que se hace evidente cuando hacemos la simple asunción de que lo que sentimos es tan importante como lo que pensamos o lo que hacemos para el resultado de la interacción social’ (Hochschild, 1990: 117) [...] la descripción y la explicación o comprensión sociológica de cualquier fenómeno de la realidad será incompleta, y por tanto falsa, si no se incorpora el sujeto sentiente al estudio de las estructuras y procesos sociales (Bericat, 2012: 4).

La realidad, la experiencia de los sujetos en el mundo es emocional, las emociones forman parte y acompañan a los fenómenos sociales, involucrando dimensiones simbólicas, intercomunicativas e interactivas, de allí que las emociones siempre impliquen marcos culturales, valores, comunicación, procesos de estructuración, sociabilidad y actividad.

A partir de los presupuestos teóricos hasta aquí abordados, en el apartado siguiente problematizo la noción de entrenamiento. Esta categoría permite poner en diálogo, la configuración de los cuerpos y la regulación de las emociones con las intervenciones estatales que bajo la modalidad de políticas sociales intervienen sobre las juventudes.

4. Sobre el entrenamiento en las políticas sociales orientadas a las y los jóvenes

En esta sección del escrito me concentraré en el concepto de entrenamiento. Esta expresión constituye una categoría nativa, puesta en escena reiteradamente por parte de las personas entrevistadas. Tal como he explicitado en la introducción, en este trabajo se recuperan una serie de entrevistas realizadas durante el año 2018 a agentes estatales de la provincia de Córdoba, Argentina, involucrados en la ejecución de políticas sociales orientadas a juventudes. Volviendo a la expresión de entrenamiento, en el marco de las políticas sociales analizadas, éste refiere al menos a dos sentidos complementarios:

- Implica una actividad específica dentro de las “prestaciones” de la política social analizada;

- Alude a una habilidad, a una serie de pre-disposiciones que las y los jóvenes adquieren -o deberían adquirir- en su tránsito por las políticas sociales.

En tanto actividad específica, como prestación dentro de la política social, el entrenamiento es visto como “lo principal”, es decir, aquella acción que posee mayor rango, significatividad, estimación o importancia, significando que se antepone a otras ofrecidas por las políticas sociales. La significatividad atribuida al entrenamiento, también es considerada una “práctica” que implica una regularidad en horarios, en días y en duración en el tiempo o permanencia. Tijoux (s/a) retomando los aportes de Wacquant (2006), establece que el mundo ingresa por las prácticas del cuerpo, el mundo se hace a la medida del cuerpo a partir de su in-corporación. En este caso, la in-corporación se hace por y partir de una serie de prácticas sociales que, postuladas como un entrenamiento en tanto actividad y prestación de una política social, implica un conjunto de dis-posiciones por parte de las y los receptores

-La principal de todas esas, es el entrenamiento laboral, que también es igual para otros programas. El entrenamiento laboral son prácticas en empresas, veinte horas semanales, de lunes a viernes, entre las 6 de la mañana y las 22 horas, es el horario en que se puede hacer el entrenamiento, y esto sirve para otros programas más (VM/18/N).

-Si ustedes se fijan el PRIMER PASO, es un programa de empleo y su única prestación es el entrenamiento laboral. Entonces si una persona hace los cursos y de repente no tiene la posibilidad de hacer aunque sea una práctica en una empresa, para después quedar en blanco o no. Vos podes depende que te den esa oportunidad, no nos sirve un programa de empleo, es como que estudia, hace todo lo que quiera, ¿ustedes qué son?

-Sociólogas

-Estudien todo lo que hay pero no pueden aplicar lo que …Yo lo comparo con el ajedrez, si vos estudias todo lo que sea ajedrez y si no vas a jugar un torneo o algo, una partida, no sirve (VM/18/N).

El entrenamiento, de este modo, en tanto actividad y prestación es tematizado como una instancia que permite aplicar una serie de disposiciones corporales que como la regularidad y la permanencia, son socialmente valorados. En esta línea, el entrenamiento en la política social, es evaluado y valorado por los agentes del Estado como útil, como algo que sirve y que permite establecer obligaciones. El entrenamiento como “«montajes fisio-psico-sociológicos de series de actos [...] más o menos habituales o más o menos arraigados en la vida del individuo y en la historia de la sociedad», se ponen en funcionamiento «por y para la autoridad social»” (Wacquant, 2006: 32), en este caso el Estado mediante intervenciones específicas.

En este sentido, el mundo es presentado e in-corporado por parte de las y los jóvenes receptores, por y partir de la mediación de las políticas sociales. Pues éstas forman parte de los instrumentos de reproducción social al igual que la escuela, el mercado de trabajo, los servicios de salud, el barrio, etc. (Wacquant, 2006). Los tránsitos (Cena, 2018a) de las y los jóvenes receptores por las políticas sociales, implica un particular contacto con el mundo que a partir de diversas prácticas es in-corporado en términos de clase. Pues si “como sostiene Pierre Bourdieu, que «aprendemos con el cuerpo» y que «el orden social se inscribe en el cuerpo a través de esta confrontación permanente, más o menos dramática pero que siempre deja un gran espacio a la afectividad»” (Wacquant, 2006: 16), las políticas sociales y los entrenamientos en tanto prestaciones orientadas a las juventudes, deben al menos, tematizarse en términos de una sociología de los cuerpos/emociones.

En el segundo de los sentidos, en las expresiones de los agentes del Estado, se le atribuye al entrenamiento una serie de características o habilidades, en tanto dis-posiciones para ser, hacer y estar por parte de las y los receptores jóvenes. En esta línea, entonces, el entrenamiento es asociado a la generación de hábitos, a la adquisición de regularidad, generación de certezas y aprendizajes (como la no utilización de teléfonos móviles, presentarse en una entrevista laboral o mediar en las relaciones o posibles conflictos laborales). También es vista como una orientación, hacia la búsqueda, permanencia y/o acceso a un empleo y como un elemento útil para combatir aquellas situaciones en las que “no hacen nada o están sin actividad”[5]

Si pensamos que toda la gente es gente que no terminó el secundario, supongo que debe haber sido por lo mismo, no tiene el hábito de asistir a un curso que se dicta dos veces a la semana, son tres horas por día, porque es de 9 a 12, lo estamos dictando ahora reducido, pero es así. Supongo que es por eso más que nada, no tienen hábito de asistir, de estudio, y justamente la idea es que asistan para que tengan los hábitos (VM/18/N).

Hacemos la firma de acuerdos con todos y explicamos nuevamente cuáles son las obligaciones del entrenamiento laboral, le damos unos consejos, que no lleven el teléfono o si lo llevan que no lo usen a cada rato, que vayan bien presentados, todo lo que le decimos en todas las charlas desde hace tres años atrás. Que si tienen algún problema con el empleador, que vengan y nos avisen, porque hay muchos qué pasa, se agarran a pelear con el empleador y desaparecen, ni vienen acá, no van más, entonces nos llama el empleador y nos dice desapareció. Entonces, la idea es que es una práctica de un trabajo, si con el empleador tienen un problema, háblenlo, si van a trabajar después, van a tener problemas con los empleadores, la idea es que aprendan (VM/18/N).

De este modo, y abusando de una cita de Wacquant (2006), podríamos hacer una analogía entre el entrenamiento en el boxeo y las políticas sociales, si reemplazamos las referencias al gym por el Estado, los pugilistas por los beneficiarios y el ring por el mercado laboral: El Estado y todo su aparato, podría constituirse, de este modo, en la forja donde nace la figura del “beneficiario” de programas sociales, el ámbito donde se fabrica y se constituye ese cuerpo-trabajador, que lanza al mercado laboral, el crisol donde se configuran las habilidades, técnicas y saberes considerados estratégicos cuyo ensamblaje hace al “beneficiario” (Wacquant, 2006: 30).

La figura 1 ha sido diseñada para presentar el ejercicio analítico que aquí se comparte en relación al entrenamiento en las políticas sociales orientadas a las y los jóvenes.

Figura 1. Sobre el entrenamiento en las políticas sociales

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Tal como puede observarse en la Figura 1, el entrenamiento posee al menos dos acepciones que permiten explorar los vínculos con los cuerpos/emociones. El paso, el tránsito por las políticas sociales (Cena, 2018a) implica necesariamente una afectación de los cuerpos/emociones de, en este caso, las y los jóvenes receptores. Pues estas formas de intervención sobre la vida generan afectaciones de las condiciones en que los agentes perciben, son y habitan el mundo, en este caso, mediado por las intervenciones estatales. En-trenar alude así, por un lado, a actividades que a) en tanto práctica involucra la in-corporación de regularidades, tiempos, duraciones y permanencia en el tiempo. Un determinado disciplinamiento corporal/emocional de las y los jóvenes para el trabajo; y b) como una actividad principal que permite la aplicación de los conocimientos adquiridos. Resulta significativo aquí tensionar con el abordaje del entrenamiento de los cuerpos que hace Wacquant (2006), donde la práctica implica que “culmina la reeducación completa del cuerpo y de la mente durante la que se pone progresivamente en su lugar lo que Michel Foucault denomina una «estructura plurisensorial» completamente específica, que tan sólo puede articularse y observarse en la acción” (88).

Por el otro lado, entrenamiento refiere a una habilidad en, como mínimo, dos acepciones: a) en tanto guía, orienta y acompaña el tránsito y la trayectoria de las y los jóvenes en condiciones de pobreza por las políticas sociales; y b) en tanto pretende inscribirse, in-corporarse como comportamiento habitual, regular, hecho cuerpo. El entrenamiento se posiciona, de este modo, como una manera de orientar, guiar, re-educar los sentidos, el cuerpo y las emociones, significando con ello la adquisición de hábitos y “capacidades” para un mercado de trabajo singular. “[L]o que se aprende por cuerpo no es algo que se tenga, como un saber que se pueda tener ante sí, sino algo que se es” (Bourdieu, 1980: 123, citado en Wacquant, 2006), el entrenamiento, la in-corporación de saberes, destrezas y habilidades implica entonces unos particulares modos de ser y estar en las juventudes mediadas por políticas sociales.

5. Reflexiones

En este capítulo me he propuesto analizar las políticas sociales orientadas a las juventudes, tomando la sociología de los cuerpos/emociones como plataforma analítica. La sociología de los cuerpos/emociones, como plataforma, como superficie, permite partir analíticamente de una afirmación clave: los agentes adquieren existencia en el mundo por y a partir de sus cuerpos/emociones. La existencia de los agentes en el mundo involucra indefectiblemente los cuerpos/emociones, ya que no hay modo de ser y estar en el mundo sin cuerpos sintientes. Este paso inicial, en tanto punto de partida, advierte los siguientes aspectos centrales:

a) que el modo en que los agentes se inscriben el mundo implica necesariamente el compromiso de sus cuerpos/emociones como condición de posibilidad;

b) que cuerpo/emoción no es algo que se posee, sino algo que se es;

c) que los agentes, los cuerpos/emociones, se configuran por y a partir de una serie de intercambios con el entorno;

d) que las intervenciones estatales son elementos centrales de ese entorno, al menos, desde el siglo XIX a esta parte, y con cada vez mayor protagonismo en lo que va transcurrido del siglo XXI.

En este marco analítico, las políticas sociales se constituyen en elementos centrales de conformación y modelación de las condiciones de producción y reproducción de la vida. Pues intervienen, abordan y disputan significados alrededor de problemáticas que siendo expresión de la cuestión social se encarnan, se asientan y habitan cuerpos/emociones, como la pobreza, el hambre, la enfermedad, el desempleo, etc. Las políticas sociales implican así mucho más que bienes y servicios, concentran reglas, normas, hábitos, comportamientos, que afectan las condiciones de posibilidad de producción y reproducción de la vida.

El entrenamiento ha constituido en este capítulo una categoría de análisis que ha permitido poner en diálogo intervenciones del Estado y cuerpos/emociones. Los cuerpos/emociones no constituyen objetos que un sujeto posea, sino algo que el sujeto es. De allí que las prestaciones relacionadas al entrenamiento, a la in-corporación de saberes, destrezas y orientaciones hayan implicado particulares modos de ser y estar en las juventudes mediadas por políticas sociales. La noción de entrenamiento se ha posicionado como una expresión que ha aludido a una prestación específica dentro de las políticas sociales y a un proceso de preparación, adiestramiento y habitualidad. Las intervenciones estatales se han caracterizado, entonces, por una reiterada referencia a las capacitaciones, actividades y prácticas que implican los entrenamientos, argumentando orientación y despliegue de habilidades. En este marco analítico, observar desde los cuerpos/emociones las intervenciones del estado complejiza, potencia y amplía el campo de estudio de las políticas sociales al devolver al sujeto sintiente el lugar protagónico que se desprende de ser el cuerpo/emoción la condición inescindible de ser, estar y habitar el mundo.

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1 Para una breve referencia a los trabajos y antecedentes del GEPSE ver: De Sena (2014, 2016, 2018), Scribano y De Sena (2020), Cena y Dettano (2019) y el Blog: http://gepse-cies.blogspot.com/.

2 Proyecto denominado “Políticas sociales, juventudes y territorio. Un mapeo de las intervenciones sociales en Villa María y San Francisco” Resolución Rectoral 594/2018 y 507/2019.

3 Ver al respecto Scribano, Lopez y Korstanje (2018).

4 Bajo este paraguas analítico, esta desigualdad estructural implica dar cuenta, necesariamente, de procesos de estructuración y organización de la vida que son anteriores a la conformación del Estado Moderno Capitalista. Pues, éste es posible gracias a procesos organizativos anteriores que Quijano (1999) y Grosfoguel (2006) posicionan en 1492. En este sentido diré sucintamente que las desigualdades estructurales aluden a mucho más que las desigualdades entre las clases sociales vinculadas a la posición en las relaciones capitalistas de trabajo, implican también las relaciones entre los géneros y la configuración de la noción de raza y, con ella, de una serie de jerarquías complejas y entramadas.

5 Resulta aquí interesante incorporar aquellos aportes de Dettano (2019) en relación a la pedagogía en las políticas sociales: “las intervenciones bajo estudio aparecen, desde la mirada de los técnicos, ligadas a ciertas pedagogías o aprendizajes que los sujetos receptores deben asumir no solo para utilizar “eficientemente” el dinero del programa, sino para modificar sus condiciones de carencia” (6).

Políticas sociales y trabajos cuentapropistas: elementos de la imagen-mundo del “Rafaela Impulsa” (Microcréditos) (2014-2019)

Andreina Colombo

1. Introducción

Plantear que el mundo del trabajo actual no es el mismo que en los ‘70s o incluso en los 2000s no es una novedad. En tal sentido, han proliferado las investigaciones sociales que abordaron estas metamorfosis, atendiendo a la incorporación acelerada de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) al proceso productivo (modificando los espacios/tiempos en los que se realizan los trabajos), la expansión de corporaciones transnacionales intensificando la globalización económica, el desarrollo de nuevos extractivismos en el Sur Global acentuando la división internacional del trabajo, el impacto de las crecientes migraciones por cuestiones laborales, la feminización del mercado laboral que dio lugar a una nueva división sexual del trabajo, entre otros procesos (Neffa, 2010; Sassen, 2003; Antunes, 2000, 2005).

En este contexto, los procesos de desalarización se han evidenciado a nivel global, impactando en mayor medida en los países dependientes de la mano de la visibilización del cuentapropismo como una de sus contracaras (Jiménez, 2011). Los datos de Latinobarómetro[1] muestran que en nuestra región entre el el año 2000 y el 2018, los trabajadores por cuenta propia aumentaron en un 6%, mientras que quienes lo hacen como asalariados en empresas privadas o públicas descendieron 1 y 3 puntos, respectivamente. Esto se complementa con datos de la CEPAL (2017), cuyos estudios sobre Argentina para el último trimestre de 2016 y el primero de 2017, mostraron el aumento del desempleo, la reducción de la población asalariada en el sector privado y el crecimiento del cuentapropismo en un 3,8%.

Además, encontramos estudios que muestran el entrecruzamiento de tendencias estructurales con los ciclos económicos nacionales. Estos exponen que en contextos económicos recesivos el cuentapropismo se expande, pero en sus versiones de subsistencia, convirtiéndose en “ocupación refugio” de personas desplazadas del mercado de trabajo formal (Busso, 2004). En nuestro país, esto se puso en evidencia en el periodo 1998-2003 (Palomino y Dalle, 2012), donde las condiciones de vida de cuentapropistas exponen índices de precarización superiores a los de las personas asalariadas (Vergara, 2018). Posteriormente, el cuentapropismo retomó sus cuotas tradicionales de participación (Neffa, 2010), sin embargo la tasa media de pobreza e indigencia es más alta que la de cualquier otro grupo con ocupación, cuestión que se relaciona con su mayor inestabilidad laboral y vulnerabilidad social (Bertranou y Maurizio, 2011).

En otros lugares, se reparó en las maneras en que estos procesos se plasmaron a escala local, en ciudades intermedias de Córdoba y Santa Fe.[2] De esta manera, analizamos el incremento de la feminización e informalidad/subempleo junto con el aumento del cuentapropismo y una correlativa disminución de quienes trabajan en relación de dependencia en el período 2001-2009 según datos relevados para la ciudad de San Francisco (Córdoba). Concretamente identificamos un aumento en los subocupados cuentapropistas (de 15,72% en 2001 pasa a 24,68% en 2009) y una disminución en los subocupados en relación de dependencia (Colombo y Peñarrieta, 2018). Advertimos, también, la composición de un aglomerado heterogéneo donde San Francisco es la localidad principal, a partir de un conjunto de variables del Censo 2010. Así, el barrio Acapulco-Veracruz de la localidad de Josefina (Santa Fe) mostraba menor participación en el mercado productivo, con una mayor cantidad de personas inactivas. Esto se complementa con un porcentaje menor de desocupados en San Francisco que en el resto de las unidades geográficas que conforman el aglomerado, siendo más desfavorable la situación de las mujeres (Fraire, Magnano, Colombo y Peñarrieta, 2018). Asimismo, dimos cuenta que en la ciudad de Rafaela (Santa Fe) entre 2001 y 2016 las relaciones de dependencia siguen siendo mayoritarias como ocupación principal de las personas, aunque en menor medida que antes de la crisis de 2001. El descenso se pone de manifiesto con mayor intensidad desde 2012-2013, ubicándose 4 puntos debajo. El cuentapropismo tiene un desenvolvimiento inverso, y desde 2013 comienza a ascender, para convertirse en la ocupación de 1 de cada 4 personas con trabajo (Colombo, 2017). Complementariamente, evidenciamos que eran las trabajadoras las que influían en mayor medida en ambos movimientos: la incorporación de mujeres a la población activa impactó en el aumento del desempleo, del cuentapropismo femenino y, en menor medida, del servicio doméstico, sumado a un notorio descenso de la participación de mujeres en el trabajo asalariado (Cena y Colombo, 2020).

Sobre estas tramas de la estructura productiva y del mundo del trabajo es que opera una parte importante de las intervenciones sociales del Estado (en todos sus niveles), materializadas en políticas sociales. Concretamente es posible identificar como una “puerta de entrada” al cuentapropismo una serie de políticas destinadas a personas “emprendedoras” y/o con microemprendimientos (Quattrini, 2017; De Sena, 2011).[3] De allí que este escrito se propone indagar sobre una política local denominada Rafaela Impulsa (o Microcréditos), implementada desde 2014 en la ciudad homónima. Este tipo de acciones/omisiones estatales no son una novedad per se, sino que entendemos que nos permite recorrer un camino para comprender algunas dinámicas de estructuración social en relación a la marcada tendencia al autoempleo y las maneras en que las políticas sociales destinadas a este particular sector del mundo del trabajo moldean sensibilidades cuentapropistas.

La localidad de Rafaela es la tercera ciudad santafesina en cantidad de habitantes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010. Se destaca en esta zona la producción agrícola y láctea, junto a un sector industrial que abarca 22 de las 24 actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (Peiretti, 2016), aunque el mayor peso lo tiene la metalúrgica. Tradicionalmente, la industria encabezó la generación de empleo, empero desde 2013 se evidencia un paulatino descenso hasta 2017 que “(…) por primera vez el comercio agrupó mayores niveles de empleo que el sector industrial.” (ICEDEL, 2017: 15). Este dato se complementa con la tendencia decreciente del trabajo asalariado y el aumento del cuentapropismo ya mencionados. En este contexto, desde el año 2003 se implementan políticas vinculadas a este último sector desde el municipio de la ciudad, siendo los programas Rafaela Emprende y Rafaela Impulsa (microcréditos) los más relevantes hasta la actualidad por su sostenimiento.

A partir de aquí nos centraremos en el último para lo que nos valdremos de la Sociología de los Cuerpos/Emociones y, particularmente, de las dimensiones del concepto “imagen-mundo”. Para ello, desarrollaremos una estrategia metodológica cualitativa de análisis documental, a los fines de identificar los elementos que implícitamente responden a nuestras inquietudes teóricas. Nuestro corpus de datos se conforma por los documentos oficiales de creación, reglamentación y modificación del Programa Rafaela Impulsa (dos Ordenanzas -2014 y 2018- y tres Decretos del Estado local -2014, 2016 y 2018-) complementados con partes de prensa del municipio rastreados en su página web y en medios locales gráficos en sus versiones digitales (diarios La Opinión y Castellanos) durante el periodo 2014-2019.

En lo que sigue, la exposición se organiza en cinco secciones, iniciando con el repaso de las conceptualizaciones sobre las políticas sociales, y de algunas investigaciones sobre programas similares al aquí analizado. Luego, expondremos el concepto de imagen-mundo para las teorías y su aplicación a las políticas sociales. Seguidamente delinearemos algunos antecedentes de políticas de microcréditos nacionales, y presentaremos el Rafaela Impulsa, analizando el corpus relevado a partir de las dimensiones de la imagen-mundo. Por último, expondremos unas líneas de cierre de lo analizado en línea con los objetivos planteados.

2. Políticas sociales, entre el trabajo y la pobreza

En tanto que políticas públicas, las de tipo social implican que el Estado identifica una situación como “problemática” y realiza acciones u omisiones para eliminarla o mitigarla, enmarcadas en el proyecto político de quien ejerce esa función, en el entramado administrativo-político disponible y la puja de intereses de los diferentes sectores sociales. En este sentido, implican

(…) un complejo proceso, tejido por interacciones a lo largo del tiempo, llevadas a cabo por un conjunto de actores que puede -y suele- ir cambiando (…) Esas interacciones no sólo son “objetivas”, en el sentido de que su estudio pueda limitarse al registro de comportamientos; incluyen también una dimensión subjetiva, referente a cómo cada actor define (y redefine) la cuestión y percibe la toma de posición de otros actores. (Oszlak y O’ Donnell, 2007: 570).

Además, tienen de característico su atención a la cuestión social. Lo social aparece como “cuestión” en el siglo XIX cuando, como consecuencia de la industrialización, la escisión entre lo político (bien común) y lo económico (bienestar material) pone en riesgo el sostenimiento del sistema. Así, se constituyó el lugar de lo social como mediación, como “(…) sistemas de regulación que no son los del mercado, instituidos para tratar de llenar esa brecha” (Castels, 1997: 20), y las políticas sociales, en particular, ocupan un rol central asegurando que las desigualdades inherentes al capitalismo sean vistas como “aceptables” y, así, contienen o atenúan el conflicto social. En este sentido, los regímenes capitalistas no pueden existir sin ellas, ni las políticas sociales pueden ser pensadas fuera del capitalismo (Offe, 1990; Faleiros, 2000).

Sumado a esto, estas acciones/omisiones estatales constituyen los modos a partir de los cuales se disputan los límites de la problemática sobre la que actúa, normativizan y normalizan qué es un problema social en cada tiempo-espacio “(…) instalando, al mismo tiempo, en los actores destinatarios maneras de ver-se, pensar-se y dividir-se el mundo que ofrecen explicaciones acerca de las condiciones materiales de existencia (…)” (Cena, 2016: 28). Así, establecen los sentidos relacionados a las condiciones de producción y reproducción de la vida individual y social, al dar cuenta de las maneras “legítimas” en que cada sociedad resuelve la provisión y circulación de satisfactores por fuera de la distribución primaria del ingreso (Rambla, Adelantado y Noguera, 2000). Esto significa que las políticas sociales afectan los modos en que se determina el acceso y colocación de determinados bienes y servicios (materiales y simbólicos) a partir de una distribución que no se resuelve de manera directa a través del mercado de trabajo, en términos de bienes derivados de él (Cena y Colombo, 2019).

De esta manera, siguiendo a E. Grassi (2000, retomado en De Sena, 2011) podemos plantear que son dos los nodos sobre los que se centra la cuestión social en el capitalismo: la pobreza y el trabajo. La primera atañe a las condiciones mínimas de reproducción de la vida, entendida a partir de las limitaciones para acceder a recursos, y a las posibilidades de participar e integrarse socialmente. Por su parte, la cuestión del trabajo refiere a la capacidad humana que organiza el mercado y habilita el acceso a bienes y servicios, la protección de los sujetos y los modos de participación e integración socio-cultural. Esta distinción le permite a la autora dar cuenta del desenvolvimiento de las políticas sociales de fines del siglo pasado, aunque

(…) en las últimas décadas, en América Latina y en Argentina, como consecuencia de las distintas crisis económicas y de los distintos ajustes, comenzaron a hacerse notar con más fuerza las políticas sociales destinadas a mejorar las situaciones asociadas con el desempleo y la caída de los ingresos causados por perturbaciones macroeconómicas, de este modo la cuestión del trabajo se fundió con la social. (De Sena, 2011: 43).

La variedad de programas que promocionan la generación de pequeñas unidades productivas (también denominadas microempresas o microemprendimientos) responde a esta última situación.

Desde los años ’70 se identifican acciones estatales de todos los niveles, promocionadas por organismos internacionales y agencias de cooperación, que proponen la generación de estas unidades autogestionadas para personas en situación de precaridad laboral o desempleo. Así, mientras disminuían las posibilidades de sumarse al mercado como mano de obra asalariada (por los cambios en el régimen de acumulación y por las crisis nacionales), estas personas encontraron en los programas para microemprendimientos una vía apuntalada por el Estado a partir de la entrega de máquinas o insumos, créditos con condiciones más laxas, subsidios o capacitaciones y asistencia técnica (Gómez Gil, 2016). Asimismo, De Sena (2011: 51) identifica cuatro características principales de los mencionados programas de promoción del autoempleo: i) se orientan a grupos específicos considerados vulnerables económica y socialmente -pequeños productores, pueblos originarios, mujeres, discapacitados, jóvenes, desocupados; [4] ii) tienen cobertura limitada a una zona geográfica o un grupo específico; iii) se proponen afianzar relaciones de asociatividad entre las personas del programa, y de ellas con el Estado e instituciones de la sociedad civil; y iv) ofrecen capacitaciones sobre cómo autogestionar una unidad productiva.

Los microcréditos, particularmente, han sido “(…) un instrumento financiero y de la cooperación al desarrollo de primer orden que se ha extendido a todo el mundo de la mano del discurso de la lucha contra la pobreza.” (Gómez Gil, 2016: 15). En este sentido, generan posturas positivas cuando se los considera como elementos que contribuyen, además de lo mencionado, al desarrollo económico (en muchos casos, apuntado a escala local), a la generación de puestos de trabajo, a un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y de las instituciones del territorio y, en definitiva, a ampliar los niveles de equidad y participación social (Martinez et al., 2015; Bekerman y Rodríguez, 2007; Bercovich, 2004). Se suman también aquí las miradas que provienen del enfoque del sistema financiero, que los consideran una herramienta para solucionar las fallas del mercado en este sector, al dar acceso al crédito a sectores estructuralmente excluidos de él (Berger, Goldmark y Miller-Sanabria, 2007).

A lo largo de los años de su implementación y en diversidad de experiencias analizadas, los microcréditos también son objeto de importantes críticas. En este sentido se plantea que sus resultados están alejados de sus objetivos, al demostrar fragilidad instrumental, elevados riesgos y sobreendeudamiento para los solicitantes, y procesos regresivos para las economías de los países; en definitiva, se considera que han sido “(…) utilizados en no pocas ocasiones de forma fraudulenta para impulsar políticas e intervenciones neoliberales radicalmente contrarias a los supuestos beneficios.” (Gómez Gil, 2016: 13). En este sentido, J. L. Coraggio plantea que, lejos de sentar las bases para construir relaciones económicas con lógicas no-capitalistas, no hacen más que ampliar las personas incluidas dentro del modelo mercantil vigente, por lo que “(…) el discurso económico neoliberal puede justificar ese tipo de programas en nombre del sistema de mercado, aduciendo que vienen a (…) mejorar las oportunidades de aquellos pobres excluidos que muestren capacidad para insertarse como microempresarios.” (Coraggio, 2008: 41). Con estos elementos, se torna central la pregunta acerca de “(…) si este tipo de planes pretende suprimir la pobreza o sólo asistirla y silenciarla.” (De Sena, 2011: 57)

3. Supuestos ontológicos de las políticas sociales: la imagen del mundo

Como planteamos, las políticas sociales implican una intervención estatal sobre procesos que se establecen como problemáticos, delimitando con sus acciones/omisiones formas de definirlos, “medirlos” y maneras de mitigarlos o eliminarlos. Así, marcan las distancias entre los cuerpos, sus posibilidades y disponibilidades de acción (Scribano, 2005). Para adentrarnos en el análisis de estas estructuras de valor subyacentes a las políticas es que nos valdremos del concepto de imagen del mundo.

Las conceptualizaciones que aquí retomamos son las de A. Scribano (2002, 2004) -en su lectura epistemológica sobre los estudios de la pobreza- y de R. Cena (2014; 2016) -en cuanto a su aplicación al análisis de políticas sociales-. Desde las primeras, se parte del supuesto de que toda teoría puede ser objeto de análisis y crítica en varios niveles: el teórico-sustantivo, el ontológico, el epistemológico, el metodológico y el crítico. Es desde el nivel ontológico que se desarrolla el análisis de las imágenes del mundo de los estudios sociales sobre la pobreza en Argentina en los años ‘90s, considerándolo relevante en tanto estas teorías sociales no sólo definen dicho fenómeno sino también trazan determinadas maneras de intervenirlo. En este marco, analizar la imagen-mundo de una teoría no implica dar cuenta de los conceptos de los que se vale, sino que refiere al “(…) conjunto de presuposiciones sobre el modo de existir de los agentes, el tiempo, el espacio y sus relaciones con la realidad social que constituyen las aludidas teorías” (Scribano, 2002: 100). Se propone desnaturalizar las “posiciones infundadas” (no argumentadas, pero argumentables) compartidas por las comunidades científicas, que hacen al conocimiento cotidiano de sus participantes; y así

(…) los “valores” y la “subjetividad” se transforman en potenciales elementos “analizables” y por lo tanto hacen discutibles de manera racional los presupuestos de una teoría. […] Lo que se gana, en términos analíticos, es muy sencillo, la posibilidad de que la voluntad de poder se desnude y que, despojada de su ropaje de la racionalidad, acepte el siempre problemático desplazamiento a la lucha por conservar y transformar algunas y no otras, regiones del mundo social (Scribano, 2004: 7).

La imagen del mundo de una teoría se constituye de supuestos sobre una idea de sujeto y sus modos de producirse y reproducirse, junto con una visión respecto de los recursos propios de la agencia que permiten jerarquizaciones o distinciones (lenguaje, poder, riquezas, conocimiento, entre otros). Además, establece una forma en que se vinculan con otros sujetos y objetos de su ambiente y una consideración temporo/espacial que puede plantearse como de cambio/estabilidad, proceso/mecanismo, transformación/reproducción (Scribano, 2002).

El interés epistemológico hasta aquí descripto puede ser trasladado para observar las políticas sociales, realizando el ejercicio inverso de reconstruir las teorías sociales que sustentan esas intervenciones estatales y, así dar cuenta de las clasificaciones y divisiones en ellas contenidas. Esto es relevante en tanto podremos dar cuenta de “(…) los esquemas perceptivos desde donde dicha teoría viene construida y explorando la conformación de dichas estructuras, acceder al grado de visibilidad que permiten o impiden. Es decir, bajo qué parámetros y desde cuáles marcos interpretativos lo social se vuelve cuestión” (Cena, 2016: 35). Asimismo, como dijimos, las intervenciones sociales inciden en el comportamiento de los destinatarios de las mismas, materializado en disposiciones y pre-disposiciones (pautas, creencias, costumbres) que promueven o restringen determinadas emociones y contribuyen a diluir el conflicto social. De allí que la imagen-mundo de una política social no sólo genera impactos al momento de su diseño e implementación, sino también en las maneras en de hacer, de pensar y de sentir de las personas beneficiarias.

Los supuestos que sostienen los esquemas de percepciones de las políticas sociales siguen la misma estructura de las teorías, por ello en términos analíticos se puede identificar: a) quiénes son los destinatarios legítimos; b) qué problemáticas son identificadas como sociales; c) cuáles son los medios para satisfacer/superar esas problemáticas; d) cuáles son las causas de esa problemática; e) quiénes son responsables; f) cuáles son las responsabilizaciones (Cena, 2014). Dichas categorías pueden ser reagrupadas tal como se muestra en la siguiente tabla, realizada para el análisis de políticas sociales:

Tabla 1. Categorías de imagen-mundo para el análisis de políticas sociales

Documentos

Componentes de imágenes del mundo

Noción de Agente

Mención a la población objetivo, titularidad y condiciones de inclusión/exclusión (¿quiénes son los destinatarios y qué características poseen?)

Recursos de diferenciación

Mención a bienes y servicios como respuesta la situación problema

Horizonte ambiente

Mención a exigencias realizadas a la población destinataria

Tiempo/Espacio

Mención a objetivo del Programa (¿cuál es la situación problema que se busca modificar?)

Fuente: Cena (2016: 253)

Habiendo repasado el marco conceptual de referencia, nos abocaremos al análisis de una política social de microcréditos.

4. Microcréditos en Argentina: un breve repaso

En el contexto argentino, el campo de las microfinanzas -entre ellas, los micropréstamos- tuvo un desarrollo más lento que en otros países, situación atribuida a que el desempleo estructural y la informalidad laboral eran fenómenos menos acuciantes que en el resto de la región latinoamericana (Bekerman y Rodríguez, 2007). Las primeras experiencias nacionales las encontramos a fines de la década del ’80. Por un lado, fueron implementadas a pequeña escala por ONGs en zonas rurales brindando crédito, capacitaciones y asistencia en el marco del Programa de Pequeños Proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por otro, el apoyo a emprendimientos urbanos también provino de una banca privada –el Banco Provincia-, y se extendió hasta 1992.

Ya entrando en los años ’90 con el aumento del desempleo y de la pobreza, se dio lugar a una nueva generación instituciones abocadas a este sector (Fundación Emprender, Fundación Banco Mundial de la Mujer, Cáritas Quilmes, entre otras), que fueron apoyadas y financiadas por organizaciones internacionales que venían promoviendo microcréditos en América Latina, como el BID, la Iglesia católica y la Agencia de Cooperación Acción Internacional (Bercovich, 2004). También en este contexto surgen algunas iniciativas de carácter privado dirigidas, por primera vez, a sectores económicamente marginales (ya no a microempresarios), siguiendo el modelo financiero “exitoso” del Banco Graamen del economista bangladesí Muhammad Yunus (Hernández, 2018).

La intervención estatal no estuvo siempre presente, aunque ya podemos identificarla desde 1996, con el Programa de Promoción del Desarrollo Local de la Secretaría de Desarrollo Social. Desde allí, además de este programa que distribuía recursos a través de los municipios, se instituyó el Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP) para apoyo de instituciones que otorgaban crédito a microempresas. Ya en el siglo XXI, el sector de las microfinanzas se institucionalizó con mayor fuerza desde la aprobación de Ley Nº 26.117 en 2006, en el marco de “(…) la política social del gobierno [de Néstor Kirchner], bajo un enfoque que enfatizaba la intención de ‘reconstituir una sociedad basada en el trabajo’.” (Hernández, 2018: 3). Esta nueva norma implicó, entre otras cuestiones, la creación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, del Fondo Nacional de Microcréditos y de las dependencias encargadas de la coordinación de su implementación, estructura vigente hasta la actualidad.[5]

En los últimos años la proliferación de microcréditos, no sólo desde el Estado nacional, sino también directamente financiados por las municipalidades, les ha dado a los microcréditos mayor visibilidad, además de que suelen estar complementados por programas de capacitación y asistencia técnica. En la provincia de Santa Fe podemos encontrarlos en la ciudad capital, Rosario y Rafaela, cuyo programa analizaremos a continuación.

5. Un programa local de microcréditos: Rafaela Impulsa (2014-2019)

El Estado local de la ciudad de Rafaela, en línea con el proceso nacional, desde mediados de la década del ’90 incorporó la promoción de pequeños emprendimientos como camino hacia el desarrollo productivo con base en las PyMEs. Así quedó plasmado en el Plan Estratégico para Rafaela impulsado por el Municipio en 1996, en donde se propone impulsar “la generación de emprendimientos productivos que posibiliten la ocupación de mano de obra” con el objetivo de “[p]otenciar a Rafaela como centro productivo regional con proyección internacional, desarrollándola como núcleo de capacitación y tecnología, que proyecte su identidad cultural con base solidaria y garantice equilibrio urbano, calidad ambiental y de vida para todos.” (Departamento Ejecutivo Municipal, 2002: 59).

Corriéndose del enfoque centrado sólo en microempresarios, desde el año 2003 se implementan políticas de apoyo a emprendedores como Emprendiendo Sueños (2003-2005), Manos a la Obra (2003-2007) y Promoción y Asistencia a Emprendimientos Productivos (2007-2008).[6] Ya en 2009 se pone en marcha el programa local Rafaela Emprende, que continúa hasta la actualidad a partir de la articulación entre la Municipalidad, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela e instituciones educativas. Como hemos dado cuenta (Vergara y Colombo, 2018), los elementos de la imagen-mundo de este último programa de acompañamiento integral a personas con una idea o proyecto en marcha está atravesado, al menos, por tres tensiones: a) entre el fomento del emprendedurismo y la selectividad (del cupo); b) entre el espíritu emprendedor que demuestran y la falta de conocimientos; y c) entre la cultura emprendedora “innata” de la región y la necesidad de fomento emprendedor. Con estos elementos nos preguntamos acerca de los procesos de culpabilización que subyacen, enfocando en el individuo “parcialmente carente” como el responsable de gestionarse el trabajo y sustentar la reproducción de su vida en un contexto de desalarización y crecimiento de la flexibilización de las garantías laborales. Asimismo, recientemente hemos reparado en las maneras en que estas políticas inciden en las percepciones y prácticas cotidianas de mujeres participantes. Así, se planteó que el cuentapropismo como “solución” entra en diálogo con estructuraciones sociales previas -además de las propias del régimen de acumulación, con la división sexual del trabajo- que inciden en las desigualdades existentes. En este sentido, “(…) los trabajos, las políticas sociales y la situación de las mujeres se interseccionen en un ‘sube y baja’: adaptar, solapar y estar disponible para las diversas actividades que implican los contextos de doble presencia.” (Cena y Colombo, 2020: s/p).

Continuando las líneas de análisis esbozadas, en este texto nos detendremos en programa local de microcréditos, denominado Rafaela Impulsa.[7] En la ciudad, el antecedente más inmediato de este tipo de préstamos es el ya mencionado “Programa de Promoción de Microcrédito” dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en el que el Municipio era el ente ejecutor y controlador. Ya centrándonos en la política bajo análisis, la sanción de la Ordenanza de Microcréditos en marzo de 2014 implicó que se destinaran fondos municipales (el 30% de lo recaudado en multas de tránsito) al apoyo crediticio de pequeños emprendimientos, complementando y articulándose con lo ofrecido por el Rafaela Emprende.[8] Es posible identificar un camino posible (y deseable), marcado por el Estado local, para quienes inicien una unidad productiva por cuenta propia: transitar las capacitaciones (emocionales, actitudinales y relativas a la administración microempresarial), solicitar un monto de dinero para iniciar o potenciar el emprendimiento, y continuar capacitándose para su sostenimiento. En este sentido, entre los resultados de esta complementación, el municipio destaca que hasta inicios de este año se entregaron 178 microcréditos, de los cuales el 80% continúa desarrollando su actividad y el 45% finalizaron la devolución del mismo (Diario Castellanos, 17/01/2020).

En lo referente al proceso de esta política, la misma se estableció a partir de una ordenanza del Concejo Municipal, siendo la única de apoyo a microemprendimientos realizada por esta vía. Además de lo mencionado, la Ordenanza Nº 4.655/14 establece la conformación de una Comisión de Seguimiento encargada del control sobre los préstamos y de la decisión final sobre su otorgamiento. Está conformada por un integrante de la Subsecretaría de Economía Social y Empleo, uno de la Secretaría de Hacienda, dos concejales y personal técnico a cargo del programa. El detalle del proceso de selección quedó precisado en el Reglamento General, establecido pocos meses después por el DEM. En 2018, se realizó una modificación[9] a la norma anteriormente mencionada respecto al origen del dinero, estableciendo que se constituya un Fondo Rotatorio a partir del pago de las cuotas mensuales de los préstamos ya otorgados y del 10% de lo recaudado en concepto de multas de tránsito. De esta manera, el Estado reduce su aporte en un tercio y los montos disponibles para microcréditos dependen en mayor medida del compromiso de pago de los beneficiarios.

A continuación, describimos el programa desde las dimensiones de la imagen-mundo.

5.1. Noción de Agente

En cuanto a las personas destinatarias del Rafaela Impulsa, la Ordenanza que lo crea plantea como objetivo el “otorgamiento de préstamos a personas debidamente seleccionadas, que cumplan requisitos de selección”[10] (Ordenanza Nº4.655/2014, Art. 1º), siendo el primero de ellos que tengan “pequeños emprendimientos industriales, comerciales y/o de servicios, en marcha o en su fase de idea proyecto” (Decreto Nº39.841/2014, Anexo I, Punto 1).[11]

Esta línea la podemos pensar en relación a los siguientes considerandos:

(…) [son personas que] pueden desempeñar tareas que tienen que ver con servicios como el mantenimiento de espacios verdes, albañilería, plomería, electricidad; todas tareas simples pero que requieren algún equipamiento inicial como desbrozadoras, mezcladoras (…) Otros han adquirido conocimiento y experiencia en distintas áreas productivas y de servicios, pero necesitan un capital semilla para iniciar sus emprendimientos.

(…) El microcrédito NO es un subsidio sino un apoyo crediticio a personas con voluntad de trabajo que se encuentran fuera del sistema bancarizado. (Ord. Nº4.655/2014, Considerandos)

En este sentido, si bien no se delimita un perfil cerrado de destinatarios, se evidencia que se suponen personas con voluntad de trabajo y que a lo largo de su vida han in-corporado experiencia o conocimientos que se podrían volcar al mercado ofreciendo servicios o productos industriales o comerciales. Sin embargo, estos capitales in-corporados por sí solos no son suficientes por la falta de equipamientos y/o “capital semilla”. A esta identificación de una carencia, se suman situaciones laborales (más o menos transitorias) que obstaculizarían sus deseos de trabajar, ya que -en términos de integrantes del equipo técnico- se postula que el programa atiende a “las familias que se quedaron sin trabajo”, “personas que están trabajando en lugares donde no lo desean” (Diario La Opinión, 19/10/17) y “personas que no tengan un trabajo estable” (Diario La Opinión, 01/06/2018).

También es posible identificar que se están proyectando microemprendimientos basados en tareas simples, alejándose de la idea de décadas anteriores del microempresario. Se detallan trabajos que, si bien requieren saberes específicos, no dejan de ser sectores económicos con importantes niveles de informalidad e inestabilidad. Empero, estas personas se diferencian de otras -las que sí reciben subsidios- por su voluntad, por su capacidad para decidir libremente y ordenar sus acciones hacia el trabajo[12] y eso las posiciona como “merecedoras” de un microcrédito.

Si nos detenemos en las condiciones de inclusión/exclusión, debemos considerar que se establece la necesidad de instaurar un proceso de selección que permita a cada persona demostrar la viabilidad -técnica, económica y ambiental- de su idea o negocio. Éste se explicita en detalle en el Reglamento General establecido en 2014, y modificado en 2016 y 2018; que, aunque con diferencias mínimas, mantienen etapas y criterios.

Se describen cinco “instancias de evaluación de proyectos” -cada una eliminatoria para continuar en la siguiente-, iniciando con el acercamiento a la Subsecretaría de Economía Social y Empleo para informarse y asesorarse de manera general sobre el programa. Seguidamente, se convoca a la persona interesada a una entrevista con el personal técnico de la dependencia, quien “determinará si los [proyectos] se encuadran dentro de los requisitos del Programa” y

(…) encuadrará a los solicitantes en algunas de las siguientes categorías, a saber:

CATEGORÍA 1: Emprendedores formales con más de 01 año en actividad y no pueden acceder a un crédito bancario. (…)

CATEGORÍA 2: Emprendedores informales con un mínimo de Un (1) año de experiencia en la actividad y deseen formalizar la misma en un tiempo determinado. En este caso, previo al diagnóstico del tutor, el emprendedor deberá asistir a una capacitación general.

CATEGORÍA 3: Ideas proyectos o emprendedores que deseen iniciar una actividad o que tengan menos de 1 año como experiencia en la actividad y se encuentren dentro de informalidad. En este caso y previo al diagnóstico del tutor, el emprendedor deberá asistir a una capacitación general y recibirá asesoramiento respecto de factibilidades y habilitaciones de emprendimientos privados. (Decreto Nº43.684/2016, Anexo I, Punto 4)

En esta etapa, como vemos, se crea una categorización reglamentando diferentes requisitos a cada nivel -ninguna capacitación, capacitaciones generales y/o sobre trámites relativos a formalizar sus emprendimientos, respectivamente- para acceder a las tutorías. Además, esta categorización impacta en los destinos que se le puede dar al dinero, en caso de que se le otorgue (detallaremos esta cuestión más adelante). La instancia de tutorías implica el acompañamiento del personal técnico para completar los formularios de solicitud formal del microcrédito, pudiéndose complementar con visitas domiciliarias en caso que se requiera; y concluye con un informe de viabilidad que se suma al expediente que se tendrá en cuenta en las instancias siguientes del proceso. En este marco, nos interesa resaltar los criterios de evaluación a los que debe atenerse el equipo técnico para elaborar ese informe: antigüedad del emprendimiento; experiencia y conocimiento previo del emprendedor; puestos de trabajo que ocupa el emprendimiento; viabilidad económica; innovación del producto y/o proceso; aporte al desarrollo territorial; competencia local/regional; proceso de formación en herramientas de gestión previo a la efectivización del desembolso; y aporte del emprendedor (Decreto Nº39.841/2014, Anexo I, Punto 5).

En este punto, el proyecto pasa a ser estudiado en su factibilidad ambiental por las áreas municipales de Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente, Obras Privadas, Catastro y Tránsito, atendiendo a las normas de habilitación de emprendimientos privados del Municipio. En caso de que esta evaluación sea positiva, “(…) las áreas técnicas realizarán informe con los aspectos técnicos necesarios para la instalación de la actividad (…) imponiendo mejoras estructurales, planes de mitigación de impacto de la actividad, condicionantes de producción, y/o cualquier otra especificación necesaria para la instalación de la actividad.” (Decreto Nº43.684/2016, Anexo I, Punto 4). Si bien lo retomaremos más adelante, aquí sólo marcaremos que la dictaminación de este informe también impacta sobre los usos que se pueden dar al microcrédito. Finalmente, la decisión de inclusión o no en el programa está a cargo de la Comisión de Seguimiento, la que cuenta con todos los informes de factibilidad realizados por los equipos técnicos.

De esta manera, se configuran una serie de etapas burocráticas, con diversas instancias de control que implica una selectividad mayor que lo planteado en la Ordenanza. Esto bien responde a las diferentes finalidades de cada documento estatal, pero también nos hace pensar en los múltiples capitales in-corporados necesarios para atravesar esta selección, en las diversas instancias en donde pesa sobre la persona sin trabajo o con trabajo precario la demostración de que sus “capacidades laborales” pueden transformarse en una unidad productiva autosuficiente y legal. Esto nos hace interrogarnos sobre la importancia de la voluntad de trabajo de los destinatarios de los microcréditos, y si estas etapas de selectividad no suponen, también, una “puesta en práctica” de ella para transitarlas “exitosamente”.

5.2. Recursos de diferenciación

En cuanto a los bienes y servicios que el programa dispone, se trata, principalmente, de dinero bajo la figura de microcrédito, entendido como “un préstamo pequeño con una baja tasa de interés” destinado a “financiar la actividad de emprendimientos productivos y de comercialización de bienes y servicios” (Ordenanza N°4.655/2014, Considerandos). Este dinero, además, tiene límites en cuanto al monto (como máximo, el equivalente a doce salarios mínimo, vital y móviles) y a los rubros que se pueden solventar con el mismo: “la adquisición de herramientas, equipamiento, insumos, mejoras mínimas de infraestructura y otros ítems que surjan en el proceso” (Ordenanza N° 4.655/2014, Considerandos).

Tal como mencionamos en la sección anterior, durante las etapas de selección se establecen nuevas limitaciones a los destinos posibles de los fondos, según la categoría en la que quede el proyecto: en el caso de “los grupos pertenecientes a CATEGORÍA 2 Y CATEGORÍA 3, el crédito sería destinado únicamente a capital de trabajo” (Decreto Nº43.684/2016, Anexo I, Punto 4). Además de los mencionados, en el Reglamento se incluye la posibilidad de solventar las obligaciones que se establezcan en el informe de factibilidad ambiental, tales como “…mejoras edilicias que permitan (…) cumplir con requerimientos de organismos públicos” e “Informes que solicite la Coordinación General de Factibilidades y Habilitaciones de Emprendimientos Privados para permitir habilitaciones” (Decreto N°39.841/2014, Anexo I, Punto 6).

De esta manera, la suma del microcrédito otorgada está en importante medida condicionada, en tanto sólo los emprendimientos formales con más de un año en actividad pueden destinarla a herramientas, equipamiento e insumos; mientras que los restantes deben destinarlo a formalizar el negocio, superar los requisitos de las habilitaciones edilicias y capacitarse.

En segunda medida, el programa ofrece capacitaciones luego de haber accedido al mismo (más allá de las detalladas durante el proceso de selección). En este sentido se ofrecen capacitaciones que “tienen como objetivo brindarles herramientas a los interesados en iniciar su propio proyecto para que puedan abrirse paso y empezar a competir en el mercado” (Diario La Opinión, 29/03/2015), tales como marketing y finanzas. Éstas refuerzan y complementan el trayecto para quienes ya transitaron por el Rafaela Emprende, o inicia uno nuevo para quienes ingresaron a las políticas municipales a través del Rafaela Impulsa.

5.3. Horizonte-Ambiente

Nos detenemos ahora en las exigencias que deben cumplir cuando acceden al microcrédito, cuyo incumplimiento implica la devolución de la totalidad del monto prestado (con posibilidad de iniciarse la vía judicial). Éstas se resumen en el Reglamento del programa como:

- (…) el emprendedor deberá informar periódicamente a la Municipalidad sobre la evolución del mismo, a fin de cumplimentar con la tarea de seguimiento y monitoreo

-El emprendedor que reciba la ayuda económica por parte de la Municipalidad, deberá devolver el Microcrédito de acuerdo a las condiciones que se establezcan en el Contrato de Préstamo (…)

- El emprendedor deberá asistir a las capacitaciones, encuentros y reuniones que se le indiquen, previas a la entrega del microcrédito o posteriores a la misma. (Decreto N°39.841/2014, Anexo I, Punto 2)

Respecto al primero, se refiere a la rendición de cuentas, de manera particularizada a la presentación de “toda la documentación respaldatoria de las compras realizadas con el crédito otorgado” (Decreto Nº39.841/2014, anexo I, Punto 12) durante los primeros cuarenta y cinco días. No se detallan mecanismos de este tipo en los meses subsiguientes, ni tampoco se explaya en otros puntos del Reglamento sobre la tercera exigencia relativa a instancias de formación con posterioridad a la entrega del microcrédito.

De esta manera, se observa la centralidad de la obligación de devolución del dinero, en tanto se remarca en las nomas y reglamentaciones que “(…) el microcrédito NO es un subsidio sino un apoyo crediticio…” (Ordenanza Nº4.655/2014, Considerandos). Para ello, los primeros tres meses sólo se abonan los intereses (0,5% mensual) y se cuenta con dos años para saldarlo por completo. En caso de atraso en el pago, la deuda se puede refinanciar, pero con tasas de interés más altas.

A estas obligaciones de tipo legal, se suma una de tipo moral a partir de la modificación de 2018. Como detallemos arriba, esta implicó la creación de un fondo rotatorio para solventar los microcréditos, compuesto de manera principal por las sumas pagadas por las personas que ya accedieron al mismo anteriormente. Concretamente respecto a la nueva exigencia, se plantea que “(…) a diferencia del crédito bancario habitual, [el fondo rotatorio] está basado en la solidaridad y el compromiso de pago de los y las emprendedoras.” (Ordenanza Nº4.942/2018, Considerandos). Si bien en la norma se detalla que más del 90% de los microcréditos entregados con anterioridad fueron devueltos según lo pactado, desde el equipo técnico resaltan que ahora “a los emprendedores se les presenta el desafío de la solidaridad, del compromiso de pago porque en la medida que se devuelvan los aportes, eso impacta en el fondo y en la posibilidad de nuevos créditos para otros” (Diario La Opinión, 01/06/2018).

De esta manera, la exigencia de la solidaridad para con quien está en la misma situación recae sobre cada persona ya dentro del Rafaela Impulsa: si bien en la práctica la devolución del microcrédito estuvo desde sus inicios establecida legalmente, ahora se le agrega el tinte moral recordándonos que toda política social no sólo intenta impactar sobre las condiciones de producción y reproducción de la vida de las personas destinatarias sino también sobre sus maneras de pensar y sentir-se en el mundo. Se refuerza así que cada persona practique la identidad cultural solidaria que se atribuía a la comunidad rafaelina en el Plan Estratégico, y se comprometa para que otras “personas como ellos” accedan al programa que les permitiría “ganarse la vida dignamente”.

Este deber nos recuerda el concepto clásico de solidaridad mecánica de Emile Durkheim. Entendiendo como moral “(…) todo lo que fuerza al hombre a contar con otro, a regular sus movimientos de acuerdo a algo más que los impulsos del egoísmo (…)” (Durkheim, 2008 :143), la solidaridad mecánica se caracteriza por el reconocimiento de pertenecer a una comunidad por ser semejantes en cuanto a valores morales. Concretamente, la entiende como la fuerza social que enlaza directamente al individuo y la sociedad a partir de una “(…) conjunto más o menos organizado de creencias y de sentimientos comunes a todos los miembros del grupo.” (Durkheim, 2008: 198). En este sentido, nos preguntamos sobre la manera en que la “solidaridad por semejanza” se pretende instalar desde este tipo de políticas, en tanto, a la vez, hacen fuerte hincapié en el individuo y sus particularidades. Además, podemos problematizar cuál es el grupo (ya no la comunidad toda) que se pretende solidarizar: por los elementos de la noción de agente, éste abarcaría a personas con capacidades “de empleabilidad” y voluntad de trabajo.

5.4. Tiempo-Espacio

En esta dimensión de la imagen del mundo, daremos cuenta de la situación que se considera problemática, de aquello sobre lo que se pretende intervenir. Sobre esto, sobresale en el corpus una gran problemática: el desempleo. En este sentido, en la norma de creación se establece que si bien “(…) el nivel de empleo en la ciudad ha crecido (…) no obstante, existe una tasa de desempleo histórica, que ronda el 7/8% de la Población Económicamente Activa (…)”. De manera adicional, se plantea que el desempleo afecta en mayor medida a “jóvenes que buscan su primer trabajo, mayoritariamente mujeres, y trabajadores a los que les cuesta reingresar al mercado laboral.” (Ordenanza Nº4.655/2014, Considerandos). Asimismo, a esta problemática de carácter general se suma una particular. Nos referimos a que estos agentes con potencialidad y voluntad de trabajar que describimos más arriba se chocan con que “no pueden adquirir [herramientas] por falta de recursos económicos” y “necesitan un capital semilla para iniciar sus emprendimientos.” (Ordenanza Nº4.655/2014, Considerandos). Es decir que el problema de segundo orden radica en que se necesitan ciertos capitales para iniciar una unidad productiva, y así salir del desempleo.

Como última cuestión sobre este punto, quisiéramos traer un fragmento de la Ordenanza de 2018 que, al modificar la anterior, establece algunas líneas de “balance” sobre la implementación del programa durante los primeros años. Por ello, cuando se plantea que “estos créditos fueron destinados a nuevos emprendimientos que desarrollaron genuinas fuentes de trabajo, impactando favorablemente en el desarrollo económico y social de nuestra ciudad” (Ordenanza Nº4.922/2018, Considerandos), podemos ponerlo en relación también con la problemática general, en tanto podemos inferir que no era simplemente el desempleo la cuestión a intervenir sino, más específicamente, la escasez de fuentes de trabajo genuinas.

6. A modo de cierre/apertura

En este capítulo nos propusimos adentrarnos en la relación entre políticas sociales y trabajos cuentapropistas. A partir de las dimensiones del concepto de imagen del mundo, desarrollamos un análisis del programa Rafaela Impulsa como una vía de entrada para comprender las formas que asumen los procesos de estructuración social en tanto tendencias al auto-empleo. Para ello, entendemos que las políticas sociales constituyen mecanismos de normatización y normalización de unas maneras (y no otras) de distribuir los recursos que satisfacen necesidades en cada tiempo y espacio. Así, instalan determinadas disposiciones en los “beneficiarios”, en sus modos de hacer, de ver y de sentir las condiciones materiales de existencia (propias y ajenas).

Habiendo descripto las cuatro dimensiones de la imagen-mundo de la política mencionada, podemos identificar algunos nodos que se han ido reforzando, tanto en relación a los trabajos recabados sobre microcréditos como en relación al programa Rafaela Emprende. El primero de ellos lo podemos asociar con una natural asociación entre salida del desempleo y autoempleo, en el sentido de que si bien se identifica un problema de carácter más bien estructural del mercado de trabajo rafaelino (que no afecta en igual medida según género o edad), la solución es que las personas se desempeñen como cuentapropistas. En este sentido, no sólo cubrirían una falla del mercado (financiero, en este caso), sino también establecen “trayectorias deseables” (¿únicas?) a través de políticas sociales tendientes a la configuración de las sensibilidades cuentapropistas que el régimen de acumulación de este siglo XXI requiere para evitar el conflicto social. Si reparamos en que transitamos un régimen de flexibilización y privatización de las relaciones de trabajo que consolidó su heterogeneidad y que, como consecuencia, “(…) el empleo se volvió cada vez más ‘precario’ e ‘inseguro’” (Quattrini et al., 2017: 163), las políticas sociales siguen estando en el centro del análisis como síntoma de nuevas estructuraciones sociales.

Un segundo nodo lo asociamos a la noción de agente, ya que se piensa en personas con capacidades in-corporadas: conocimientos, experiencias y voluntad de trabajo. De este modo, si bien no se delimita un perfil cerrado, se evidencian dos “destinatarios-modelo”: por un lado, quienes pueden desarrollar tareas simples en sectores económicos de servicios con perfil técnico (construcción, electricidad, mantenimiento de espacios) y, por otro, quienes se acercan más a un perfil de microempresario, con emprendimientos de tipo productivo/industrial y con experiencia y conocimientos de administración (englobados en la categorización 1, disponiendo con menores restricciones sobre el dinero del microcrédito). De todas maneras, ambos deben demostrar esas capacidades a través de un proceso de selección y control burocrático, que requiere del microemprendedor diversidad de “puestas en práctica” para ingresar al programa como “beneficiario”. Es así que nos preguntamos sobre el lugar, en esta selección, de la voluntad de trabajo que explícitamente se establece en las normas legales, que puede contribuir a generar disposiciones de meritocracia del asistido en tanto

[l]as formas compensatorias de la desigualdad entrelazan emociones a partir de la modelación de los dispositivos de regulación de las sensaciones que producen disposiciones y pre-disposiciones para aceptar, como condición de la recepción de los beneficios, el adecuarse/adaptarse a ciertos rasgos de esfuerzo/voluntad como elementos de clasificación y enclasamiento (…) (Scribano, 2012: 23).

Estos elementos abonan desde distintas aristas a la pregunta que se plantea a las políticas de este tipo en general: en qué medida contribuyen a un estado de culpabilización. En otras palabras, que depositan

(…) en los individuos la responsabilidad de modificar sus condiciones materiales de producción y reproducción de la vida. Las tan extendidas teorías del capital humano influyeron en el diseño, justificación e implementación de las políticas sociales, conformando dispositivos que buscaron movilizar el accionar de los individuos y de los grupos familiares con el objeto de aumentar las capacidades, disposiciones y aptitudes para insertarse dentro del mercado laboral. (...) Emerge con fuerza el sujeto emprendedor de sus propias condiciones de existencia tanto dentro del mercado laboral como fuera de él (Cena, 2014: 82).

Se hace pesar sobre estas personas, además, el deber moral de ser solidarios con otros en su misma situación, ya no siendo el foco del problema el desempleo sino la falta de compromiso de los destinatarios de los microcréditos. Este deber que parece querer establecerse como elemento de la sensibilidad cuentapropista, nos recuerda el concepto de solidaridad mecánica de Emile Durkheim. Sin embargo, enmarcada en una política social selectiva/focalizada la solidaridad ya no abarcaría a toda la comunidad, sino que estos lazos sólo alcanzarían a quienes son semejantes a nosotros -que demuestran capacidades y voluntad/esfuerzo- e, incluso, al Estado mismo al sentirlo como un socio que nos contiene (Cena y Colombo, 2020). En este sentido, queda abierto el interrogante sobre qué tipos de relaciones se establecen hacia aquellos que quedan fuera de los “requisitos” de esta solidaridad entre iguales. Cómo se piensan y se caracteriza a estos otros en las sensibilidades cuentapropistas es una línea que este primer acercamiento a la imagen-mundo del programa Rafaela Impulsa nos habilita a profundizar en investigaciones próximas.

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1 Las estadísticas aquí presentadas fueron procesadas a través de la función Análisis Online de Latinobarómetro, disponible en http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp .

2 Los resultados que se presentan sobre ciudades de Córdoba se obtuvieron en el marco del proyecto de investigación “Transformaciones en el mundo del trabajo: estructura productiva, organización del trabajo y formas de ocupación (San Francisco, 2001-2017)”, aprobado por UNVM para el período 2016-2017. Mientras que los mencionadas sobre Santa Fe, se enmarcan en los proyectos “Doble jornada en mujeres adultas no profesionales de Rafaela: prácticas y percepciones de los trabajos reproductivos y productivos (2018-2019)” y “Prácticas y percepciones del mundo del trabajo en el siglo XXI: continuidades, metamorfosis y “nuevos trabajos” en Rafaela (2019-2021)” financiados por la Universidad Nacional de Rafaela. Los tres cuentan con la dirección de la Dra. Gabriela Vergara.

3 Aquí no nos centraremos en las similitudes, diferencias o solapamientos entre lo que se entiende por cuentapropismo, emprendedurismo, microempresarios o PyMEs. En este sentido, nuestras investigaciones parten de la primera categoría en tanto nos permite tensionar los procesos de desasalarización en las localidades bajo estudio, a la vez que dar cuenta de todas las políticas públicas enfocadas en este tipo de trabajadores, más allá de que se los denomine como emprendedores o microempresarios.

4 Orientados a algún grupo en particular, los microcréditos han ido acompañados de, también, objetivos específicos: empoderamiento, de género, emancipación, autonomía, productivismo, inclusión social, entre otros (Hernández, 2018; Gómez Gil, 2016; Bekerman y Rodriguez, 2007; Davico, 2004)

5 En el marco del impulso que alcanzó con esta institucionalización, podemos mencionar políticas de apoyo a emprendimientos como el “Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad – PACC Emprendedores”, el “Empretecno – Empresas de base tecnológica”, el Programa Argentina Trabaja – Proyectos Socioproductivos “Manos a la Obra” y el programa INCUBAR (Peiretti, 2016).

6 El programa Emprendiendo Sueños tenía objetivo “entrenar en nuevas disciplinas prácticas y humanísticas” a personas “con espíritu e ideas para poner en marcha emprendimientos productivos” (Mun. de Rafaela, 2013: 31). El “Manos a la Obra” provenía del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y otorgó subsidios a emprendimientos de personas desocupadas, subocupadas o beneficiarias de planes sociales, para la compra de maquinarias, equipos, materia prima e insumos. Mientras que “Promoción y Asistencia a Emprendimientos Productivos” era de carácter provincial y se centró en capacitaciones para formar emprendedores y brindarles herramientas de gestión.

7 Según los registros de partes de prensa recabados, desde 2016 se comienza a denominar, por iniciativa del DEM, Rafaela Impulsa el inicialmente denominado Programa Municipal de Microcréditos en la ordenanza de creación del mismo.

8 En parte de prensa sobre una entrega de microcréditos, se expresa que “tres emprendedores beneficiados pasaron previamente por el programa Rafaela Emprende, por lo que dicho proyecto y éste pueden considerarse complementarios en el proceso de acompañamiento del municipio al emprendedurismo” (Diario La Opinión, 21/03/2015).

9 En la Ordenanza Nº 4.942 el programa se pasa a denominar oficialmente como Rafaela Impulsa.

10 El resaltado en itálica es nuestro. En este sentido, en cada fragmento documental o de noticias seleccionado a lo largo de este escrito, las expresiones resaltadas de esa manera serán nuestras con la intensión de destacar algunos nodos que hacen al hilo argumentativo.

11 En la Ordenanza modificatoria de 2018, el artículo primero quedó redactado como sigue: “Los fondos indicados en el presente artículo se destinarán al otorgamiento de préstamos a personas debidamente seleccionadas que cumplan requisitos de selección para el fomento del emprendedurismo” (Ord. Nº4.942/2018, Art. 1º). De esta manera, se refuerza la relación entre microcréditos y emprendimientos al establecerla de manera directa en sus objetivos.

12 Según la R.A.E., voluntad es a) Facultad de decidir y ordenar la propia conducta; b) Acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, o aborreciéndola y repugnándola; c) Libre albedrío o libre determinación.

Políticas sociales dirigidas al abordaje de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico: ¿Qué hacen, que sienten y que deben sentir las mujeres destinatarias?

María Micaela Bazzano

Introducción

El artículo presenta los avances de investigación de una tesis doctoral en el marco del Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones. El tema abordado es la construcción de las emociones en las políticas sociales dirigidas a mujeres que hayan atravesado o estén atravesando situaciones de violencia en el ámbito doméstico. En este contexto, el objetivo del escrito es hacer una revisión sobre los haceres de las integrantes del programa Ellas Hacen, ya que su estudio permite conocer cómo las políticas sociales performan los modos de sentir y de hacer, focalizando en lo que respecta a posibles resoluciones a las situaciones de violencia en el ámbito doméstico.

El recorte temático se fundamenta en cuestiones de factibilidad, dado que no se hallan políticas públicas que abarquen la problemática de la violencia contra las mujeres de manera integral en el período de estudio, es decir, contemplando los diferentes tipos y modalidades. Al hablar de tipos y modalidades nos estamos refiriendo a los que se encuentran detallados en la Ley 26485, en la que la violencia contra las mujeres comprende toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. La violencia contra las mujeres puede ser de tipo físico, psicológico, sexual, económico y patrimonial, y simbólico. A su vez, puede adoptar alguna de las siguientes modalidades: violencia doméstica, violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica y violencia mediática.[1]

El análisis estará basado en entrevistas en profundidad realizadas a mujeres que participaron en el programa durante al menos un semestre o más. El período de estudio comprende entre los años 2013 y 2016. No obstante, el trabajo de campo se extendió hasta el año 2019. En cuanto al radio geográfico se tomó el conurbano bonaerense porque concentra el mayor porcentaje de mujeres que participan en el programa y porque fue el primer lugar donde se lanzó el programa.

De esta manera, el artículo presentará reflexiones analíticas en torno a las siguientes preguntas: ¿qué tienen que hacer las que hacen? ¿Qué les requiere el programa? ¿Qué sucede cuando se implementa? Cuidar, trabajar, acompañar, ayudar, criar, estudiar, aprender es parte de lo que responden. Sienten que cumplen sus sueños, que están contenidas, que no están solas, que pueden. Entonces, ¿qué cambios, si es que los hubiere, se manifestaron en relación a las situaciones de violencia?

Aproximaciones conceptuales sobre políticas sociales, emociones y violencia de género hacia las mujeres

Los resultados de la investigación que aquí se presentan se nutren de la intersección de diversas áreas temáticas y problemáticas de renovada relevancia en las Ciencias Sociales en particular y la sociedad en general, proveniente del análisis y reflexión crítica sobre las políticas sociales. La particularidad del estudio emerge del cruce entre políticas sociales, violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico y las emociones atadas a ello.

El Estado, según el texto clásico de Oszlak (1997), es relación social y aparato institucional. Es capaz de aplicar su poder y ser reconocido como unidad soberana, tiene la capacidad de institucionalizar su autoridad y realiza su control mediante la creación de instituciones públicas, que poseen legitimidad. Siguiendo a Bourdieu (2014), consideramos al Estado como un principio de producción y representación legítima del mundo social, siendo quien porta no sólo el monopolio de la violencia física como lo define Weber, sino también de la violencia simbólica. De esta forma, el Estado produce las clasificaciones sociales mediante categorías que son legítimas, y sobre las cuales no hay discusión. Por ende, se produce una identidad social legítima. Así, el Estado produce intervenciones, sentidos y sentires a través de las políticas sociales que implementa. Al respecto, en materia de políticas sociales en general, en América Latina y en Argentina existen múltiples abordajes e investigaciones teóricas y empíricas (Lo Vuolo y Barbeito, 1993; Danani, 2009; Hintze, 1996; Grassi, 2003; Pautassi, 2011; Ramacciotti, 2010; Seiffer y Villanova, 2010, solo por mencionar algunos) que coinciden en que las políticas sociales cumplen una función reguladora de manera indirecta de las condiciones de vida, que moldean las condiciones de vida y de reproducción de la vida cotidiana, especialmente cuando se tratan de una distribución secundaria del ingreso. En este marco, hace ya algunos años, se viene evidenciando la pertinencia del abordaje desde la Sociología de los Cuerpos y las Emociones para la investigación y análisis de las políticas sociales (De Sena et al., 2015; De Sena, 2014; De Sena y Scribano, 2020).

Partimos, entonces, de considerar a las políticas sociales como una intervención del Estado que producen y moldean las condiciones de vida y la reproducción de la vida de los grupos sociales a quienes está dirigida (Danani, 2009; Giddens, 1993; Wagner, 1997). Estos procesos de producción y reproducción tienen su centro en el cuerpo de las personas involucradas, lo cual hace necesaria la indagación sobre las sensibilidades como punto de partida para escuchar múltiples voces desde los cuerpos/emociones. Las relaciones cuerpos/emociones se entienden como resultado de una construcción social (Scribano, 2012). Así, las políticas sociales son a su vez elaboradoras de sensibilidades y pueden ser comprendidas desde su perspectiva de creadoras de sociabilidades, vivencialidades y sensibilidades (De Sena, 2014, 2015).

Desde esta perspectiva, entendemos que las políticas sociales construyen, conforman y consolidan formas de ser, de hacer, de pensar, de habitar, de sentir y percibir, que estructuran emociones en cuerpos de millones de sujetos (De Sena y Scribano, 2020; Scribano y De Sena, 2014; De Sena, Cena y Dettano, 2018).

Respecto al abordaje de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, se pueden encontrar diversas investigaciones académicas que focalizan en el sistema judicial y en el sistema de salud. Los estudios centrados en el sistema judicial aluden al acceso a la justicia (Gherardi, 2006; Lagarde, 2006; Birgin y Kohen, 2006; Blotta et al., 2012). En tanto, desde el área de la salud se pueden encontrar en torno al tratamiento de trastornos mentales y la psiquiatrización de las mujeres (Barreto, 2010; Herrera, 2009; Burín, 1991) y a las características de los servicios de salud que reciben las mismas en situación de violencia (Checa, 2006; Ynoub, 1996, por citar algunas autoras). Por otro lado, se encontraron investigaciones que analizan las respuestas institucionales a la problemática de la violencia contra las mujeres mediante estudios de caso, ya sea tomando datos secundarios o produciendo datos primarios (Alcazar, 2001; Alencar Rodríguez, 2013). Asimismo, existen estudios que caracterizan los servicios de atención en violencia familiar en la ciudad de Buenos Aires y en el Partido de La Matanza, focalizando el análisis en las mujeres (Ynoub, 1996; Bazzano, 2009).

Luego, en cuanto al cruzamiento entre políticas sociales de transferencia de ingresos y violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico se encuentra Arraigada (2005; 2003), quien propone una tipología que articula las políticas sobre pobreza y las políticas con enfoque de género. La relación entre políticas sociales y género tiene una vasta producción desde la promoción de la equidad de género y el rol de las mujeres en su contexto (Cena, 2016; 2017; De Sena, 2011; 2014; 2016; De Sena, Cena y Dettano, 2018; Dettano, 2017; Cena y Dettano, 2020; Rodríguez Gustá, 2014; Pautassi, 2009; Rodríguez Enríquez, 2011; Zibecchi y Arcidiácono, 2013; Faur, 2014).

Respecto a diferentes estudios o análisis que se realizaron sobre el programa “Ellas Hacen”, se encuentran investigaciones que analizan el discurso de las mujeres y el programa desde una perspectiva de género en tanto programa de promoción de igualdad (Fernández y Pieruzzini, 2016; De Sena 2012, Nadur, 2019).

Ahora bien, si tal como mencionábamos al definir el Estado y sus productos o haceres, éste elabora una identidad social legítima, el artículo se plantea una aproximación a la construcción de emociones que las políticas sociales hacen sobre las mujeres que atraviesan o hayan atravesado violencia de género en el ámbito doméstico. Estas emociones, veremos, se configuran desde los haceres en el marco de la política social ya que, como se dijo anteriormente, mediante sus diseños configuran esos haceres, las emociones, los discursos y en su conjunto, una forma de vivir que podríamos pensar como una forma de “ocupabilidad” (De Sena, 2016). De Sena explica este concepto entendido como parte del diseño de las políticas y de la percepción de las personas beneficiarias, en que deben pasar el día “ocupados” cumpliendo con los requisitos y las contraprestaciones del programa o los programas de los que forman parte. En la investigación general se observó qué entiende la política social mediante el programa Ellas Hacen por violencia de género hacia las mujeres, qué estrategias se proponen para su resolución y qué emociones se configuran en sus sujetas. En este artículo nos concentraremos en aquello que se vincula con el hacer, desde las narrativas de las sujetas beneficiarias, ya que es parte de la propuesta del Estado para la solución del problema. En el caso del programa Ellas Hacen, la propuesta del Estado para la salida de la situación de violencia apunta a un aspecto: el de la autonomía, en particular la autonomía económica. Para alcanzarla otorga un subsidio, pide la finalización de estudios formales, y ofrece capacitación en oficios con la aspiración de que puedan emplearse una vez capacitadas. Entretanto, se generan encuentros de sensibilización –que las mujeres entienden por otras jornadas de capacitación– sobre las de salud, género, derechos humanos, entre otros. Volviendo a la autonomía económica, ésta viene dada según el Estado, por medio de la capacitación, ya que con una mejor capacitación sería posible que obtuvieran un empleo. Tal es la premisa de la que parte el Estado. Las sujetas beneficiarias, refieren en las entrevistas emociones relativas al mejoramiento de la autoestima, en tanto aumento de la valoración personal, el sentirse capaces, el cumplir el sueño de estudiar, el poder darle a los hijos el ejemplo y las cosas que necesitan.

La violencia contra las mujeres se encuentra en la actualidad dentro de la agenda de las políticas públicas –no entraremos aquí en la discusión sobre el cómo ni el con qué-. La propuesta desde el Estado, mediante programas como el que se está analizando, configura emociones en las mujeres que están basadas en el aprendizaje de oficios, la capacitación en temáticas generales, la conformación de grupos de contención, en los roles de cuidado. En la propuesta de capacitaciones pareciera que el problema de la violencia basada en el género podría resolverse cuidando, trabajando, estudiando, aprendiendo, acompañando, mientras que, en las narrativas, las situaciones de violencia en el ámbito doméstico, por parte de parejas varones, se sigue reproduciendo. Los cambios que refieren las mujeres, entonces, no parecen resolver la situación de violencia. Sin embargo, declaran sentirse felices, contenidas, con sus sueños cumplidos. Vemos en las entrevistas que la participación en el programa genera sensaciones de contención y los grupos que forman en las capacitaciones tienen todo lo que necesitan. Entonces la felicidad que produce cambia el estado de ánimo, obtura el conflicto, y la opresión que producen las diferentes situaciones de violencia sigue su curso.

El programa Ellas Hacen

En este apartado se hará un breve recorrido para dar cuenta del pasado reciente del programa Ellas Hacen y contextualizar su surgimiento.

Durante la segunda mitad de los 90s, se implementó un programa llamado Trabajar para abordar la pobreza y el desempleo y tuvo tres fases: 1995-96, 1997-98 y 1999-2002. Luego de la crisis económica 2001-2002 el gobierno implementó el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD). El programa incluía a casi 2 millones de trabajadores, que representaban un 5% de la población y un 13% de la fuerza laboral. En los primeros tiempos del programa, las mujeres representaban un 60% de los participantes, acercándose hacia el final al 75%. Esto fue un efecto inesperado del programa, en concomitancia con el aumento en la proporción de hogares con jefatura femenina (De Sena, 2011; Pautassi, 2014).

En el año 2003 se registró una importante migración hacia el Plan Familias por la Inclusión Social y el Seguro de Capacitación y Empleo. Esto buscaba reemplazar al PJJHD por una combinación tradicional en la que la compensación por desempleo se dirigía a la población económicamente activa, que eran en gran parte varones; y las transferencias para “inactivos”, que se trataba principalmente de mujeres (Cena, 2016).

Tal como se explica en el libro Políticas Sociales y Cuestión Social en Argentina del siglo XXI (Cena, 2018), en el año 2009 el gobierno argentino implementó el programa Ingreso Social con Trabajo – Argentina Trabaja (PRISTAT). La participación en el programa alcanzó casi 300 mil trabajadores, algo más del 1,5% de la población activa. Inicialmente las mujeres representaban un poco más de la mitad hasta formar el 70% en 2014. El programa estaba focalizado en personas sin ingresos formales en todo el grupo familiar (Ministerio de Desarrollo Social, 2011; 2014; 2015) y tenía como finalidad era la de generar empleo a través de lo que se denominó economía social (Rofman, 2010), conformando cooperativas de trabajo. El programa en 2014 proveía un pago mensual de 2600 pesos por 40 horas semanales de trabajo. Los trabajadores eran inscriptos como Efectores Sociales, y abonaban 233 pesos mensuales por Monotributo Social, mediante lo cual tenían aportes jubilatorios y cobertura de salud por obra social. Una parte de la jornada laboral era destinada a programas de capacitación y/o finalización de estudios primarios o secundarios. Las personas destinatarias eran aquellas que no tenían ingresos formales en el grupo familiar, ni pensiones o jubilaciones, ni otros planes sociales a excepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Este breve recorrido, intenta mostrar el perfilamiento de los programas hacia la población femenina en tanto titular. Este predominio de mujeres se dio de manera espontánea, es decir, las convocatorias no estaban dirigidas específicamente a mujeres (como sí sucede con el programa Ellas Hacen). Luego se las llama directamente como titulares, bajo diferentes justificaciones. Más tarde, aparece el Ellas Hacen, donde se abre una línea para mujeres, siendo que estas ya eran mayoría entre los inscriptos del programa Ingreso Social con Trabajo – Argentina Trabaja PRISTAT. Sin embargo, feminizar las políticas sociales no implica incorporar una perspectiva de género ni abordar los problemas relativos a éste (Chahbenderian, 2015; De Sena, 2015; Cena, 2016; entre otros).

El Programa Ellas Hacen, creado en (2013), por su parte, es una línea específica del PRISTAT, que prioriza mujeres madres de tres o más hijos, hijos con discapacidad y víctimas de violencia doméstica. A diferencia de los varones, a las mujeres se les solicita como contraprestación 20 horas de trabajo semanales. Siguiendo la información oficial que se presenta en la página web del Ministerio de Desarrollo Social, el programa tenía por objetivo que “las mujeres que atraviesan una situación de vulnerabilidad accedan a oportunidades de trabajo y formación (…) La iniciativa prioriza a madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género. Para que puedan crecer y ganar autonomía…”[2]

Según su formulación, los ejes sobre los cuales desarrolla su implementación son los siguientes:

- Acompaña a las mujeres para que puedan terminar sus estudios.

- Promueve su acceso a estudios terciarios y/o universitarios.

- Les brinda oportunidades de formación en oficios, talleres de prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva, entre otras temáticas.

- Las integra en grupos asociativos autogestivos para que puedan aprender a desarrollar actividades productivas.

Una de las acciones que se llevan a cabo para ejecutar los primeros tres ejes, son los cursos de capacitación en oficios y de formación profesional mediante Formate en Red. A las titulares de Ellas Hacen se les computa en la carga horaria del programa el tiempo destinado a estos cursos. Formate en Red ofrece cursos virtuales y presenciales y se realizaban, de acuerdo a las articulaciones locales que realizaba cada municipio, en universidades nacionales, escuelas técnicas o espacios comunitarios como los Centros de Integración Comunitaria, clubes, entre otros. Entre los cursos mencionados, algunos se trataban sobre oficios como carpintería, plomería, albañilería. Otros, sobre conocimientos vinculados a la ciudadanía, como los derechos de las mujeres, los niños/as, etc. Sobre esto, algunas entrevistadas iniciaban su formación cursando la escuela secundaria mediante el programa Fines, cuyo objeto era la finalización de los estudios en las cercanías de las viviendas, y estaba destinado a aquellas personas adultas que no podían acceder a una institución educativa formal. En los fragmentos de las entrevistas las mujeres harán alusión a estas instancias llamándolas “cursos” o “capacitaciones”. Respecto a las tareas laborales, las entrevistadas refieren a la participación en cooperativas que ya están en funcionamiento o cooperativas que se iniciarían a partir de un determinado oficio. Dentro de estas cooperativas, en ocasiones se encuentran también personas, sobre todo varones, que son beneficiarios del PRIST.

A continuación, esbozaremos las respuestas a los interrogantes que plantea este artículo: lo que ellas hacen y las emociones asociadas a esos haceres.

Presentación de la pregunta problema, hipótesis y metodología

En el año 2009 se sanciona la Ley Nacional 26.435 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, que postula un abordaje integral y transversal de la problemática de la violencia hacia las mujeres. La integralidad y transversalidad aluden a que el problema de la violencia contra las mujeres no está causado ni provoca un solo efecto, sino que abarca múltiples esferas. Esas esferas deben abordarse de manera integral, es decir conjunta y articuladamente. Esto es el aspecto emocional, económico, jurídico, etc., que puede variar según el caso. La transversalidad tiene que ver con presentar una perspectiva, una mirada de género en las distintas áreas de gobierno al momento de diseñar e implementar políticas públicas. Implica tener en cuenta las diferencias entre los géneros en lo que respecta al ejercicio de sus derechos y las discriminaciones que existan al respecto. Vale aclarar que esta breve explicación sobre transversalidad corresponde a la perspectiva que presenta la ley mencionada[3]. En este marco, se diseñan e implementan políticas sociales dirigidas a mujeres como el programa Ellas Hacen, enmarcado en el Ministerio de Desarrollo Social. Al poco tiempo de iniciado, se incluye entre las destinatarias a mujeres en situación de violencia doméstica, conformándose como el único que tiene como destinatarias a dichas sujetas.

Vinculado a ello, la hipótesis que condujo la investigación de tesis es que el programa Ellas Hacen genera un conjunto de emociones vinculado a la autonomía, pese a que reproduce los roles tradicionales de las mujeres dentro del hogar. De esta manera, las emociones construidas respecto a la violencia en el ámbito doméstico, se conforman en torno a la figura de víctima, y el sentimiento de autonomía hace soportable el conflicto.

La dimensión analítica que se tomará en este artículo, en el marco de la investigación mencionada, se desprende de dicha hipótesis. En este contexto, el objetivo del escrito es hacer una revisión sobre los haceres de las integrantes del programa Ellas Hacen, ya que su estudio permite conocer cómo las políticas sociales performan los modos de sentir y de hacer, a la vez que pone atención en las estrategias que propone el Estado como modos de “resolver” la problemática de la violencia en el ámbito doméstico. Nos referimos a la que se encuentra vinculada con el “hacer”, preguntándonos así ¿qué hacen las que hacen? ¿para qué y para quién hacen? ¿Qué emociones emergen de ese hacer? ¿quién indica el hacer?

La estrategia metodológica está basada en el paradigma cualitativo, aplicando la técnica de entrevistas en profundidad ya que: los intereses de la investigación son claros, las personas a entrevistas resultan accesibles, deseamos estudiar acontecimientos del pasado, y requerimos esclarecer la experiencia subjetiva (Taylor y Bodgan, 1998). Se tomó el programa Ellas Hacen implementado desde al Ministerio de Desarrollo Social, por ser la única política social que tiene entre sus destinatarios específicos mujeres en situación de violencia doméstica. El período temporal 2013-2018 se define en relación al lanzamiento e inicio de dicho programa. Se toma el conurbano bonaerense por ser el primer y más amplio (en término de personas destinatarias) espacio geográfico-político en implementarse. En el presente capítulo se presentan los análisis centralizados en las entrevistas tomadas a las mujeres que participan o participaron del programa en dicha zona. Cabe mencionar que tanto en las entrevistas como en los testimonios que se relevaron durante la etnografía virtual, la violencia basada en el género entendida en el caso de esta investigación como violencia contra las mujeres, tuvo poca explicitación discursiva.

¿Qué hacen en el Ellas Hacen?

Ellas cuidan, ayudan, aprenden. Cuidan a sus hijos, cuidan a sus compañeras. Ayudan a sus hijos a los hijos de sus compañeras, a sus compañeras; son ayudadas por las chicas y por el programa. Así describen los inicios de la participación en el programa, el ingreso al programa. Las mujeres entrevistadas testimonian que aprenden a leer, a escribir, aprenden materias como lengua, matemática e historia. Aprenden cuestiones relativas a la vida y la resolución de problemas domésticos. Ninguna explicita que además de aprender, enseña. Las enseñanzas, que provienen de la experiencia de ya haber pasado por situaciones como las de violencia, son nombradas como una ayuda que se da y se recibe. En esa ayuda y ese aprendizaje aparece entonces la contención y luego, el sentirse acompañada.

Una de las categorías más destacadas es la que alude a las tareas de cuidado, ya que todas las mujeres entrevistadas para este trabajo se encuentran a cargo total o parcialmente (con otras mujeres) de las tareas de cuidado de las personas que viven en el hogar, ya sean hijos, nietos o hermanos. En algunas ocasiones no hay varones en el hogar y en otras sí los hay. En los casos en los que no hay un varón, se debe a que no están en pareja, ya sea porque están separadas, porque no han estado en pareja, o en menor medida porque son viudas. Respecto a aquellas que están separadas, el 90% refieren haber atravesado –en mayor o menor medida- algún tipo de violencia en el ámbito doméstico por parte de sus parejas. Retomando las tareas de cuidado, una de las consecuencias que las entrevistadas refieren respecto a esta situación es la imposibilidad de cumplir con las obligaciones y responsabilidades laborales o como un impedimento para acceder a un empleo o a la continuidad educativa.

La mayoría de mis compañeras son todas jovencitas entre veintiuno y treinta y pico que tienen sus maridos, hijos chiquitos y les cuesta a veces estar presente en la cooperativa porque cuando no tienen una edad escolar no tienen dónde dejarlos, los oficios los hicimos todas (Ramos Mejía, 52 años).

(…) encima otros trabajos no podía conseguir, por los chicos, por los horarios (32 años, Hurlingham).

Tengo una hija de 18 una hija de 16 que es mamá y la tercera de 9 años, obviamente que nos repartimos, salvo la de nueve (38 años, Morón)

Todos son grandes, ya el menor también, ya se va a de casa. Sólo cuido a mi nieto cuando viene. (49 años, Tres de Febrero)

Hay un intento de conciliación entre el cumplimiento de las contraprestaciones que pide el programa, como el de la finalización de los estudios primarios o secundarios, y el cuidado de niños/as. Entre las tareas que deben realizar como contraprestación, se encuentra la capacitación que realizan sobre derechos y ciudadanía. Algunos de estos encuentros son sobre violencia de género, o sobre derechos en salud sexual y reproductiva, entre otros. Las mujeres hacen referencia a estos espacios como momentos muy valiosos, ya que les permite vincularse y ayudarse entre sí con sus problemas. De esto se desprende la indicación dentro del programa, de realizar tareas de acompañamiento, coordinación de grupos, y otras “tareas sociales”, refiriéndose a las mismas como aquellas ligadas a ayudar a las personas que se encuentran en situaciones de vulneración (por violencia, por problemas de vivienda, etc.) (De Sena, 2014):

Hoy por hoy me ocupo dentro de la cooperativa de la parte más social, no sé si es porque cada uno tiene su don (28 años, San Martín).

Y ver que otras mujeres también lograron aprenderes. Es hermoso. Y poder ayudar también. Cualquier mujer que sea independiente de sí misma como lo soy, sabe manejarse en su casa con cosas no tan profundas, pero sí por lógica (32 años, San Miguel).

El Estado las ayuda mediante el programa:

(…) tratar de decir bueno yo te doy con la plata, no, sino prestar el oído y el tiempo, a nosotros personalmente y a muchas mujeres que estamos eso te ayuda. A mí me han ayudado para salir adelante (26 años, Lanús).

Y esto nos hizo entender que no que nuestro tiempo no había pasado así que eso, el incentivo que nos daban… porque por ahí faltábamos y ellos que no, que teníamos que ir, tenía que estar, que nos iban a ayudar (32 años, Ciudadela).

Al inicio, como vemos en las citas anteriores, ingresan al programa sin muchas certezas respecto a lo que será o cómo. Aparece entonces una especie de sorpresa al ver que no sólo reciben dinero, sino que además aprenden cosas, se juntan con otras personas. Al poco tiempo, estar con otras mujeres hace que sientan compañía y que el sentimiento de soledad empiece a menguar. Cuando hablan entre ellas, escuchan historias similares respecto a sus historias de vida (generalmente vinculadas a la pobreza, la migración, la maternidad y la violencia en el ámbito doméstico, es decir en el hogar). Se animan entonces a compartir la propia historia, plantear problemas propios y recibir consejos o ejemplos de cómo resolverlos. Al sentir que recibieron ayuda y están mejor, surge el imperativo de ayudar a otras personas:

Desde mi lugar y por haber atravesado la situación creo que tengo una escucha diferente y puedo dar una mano. De hecho, me estoy capacitando además porque a veces el hecho de haber atravesado esa situación no nos capacita para ayudar a otro (34 años, Avellaneda).

Esto es una buena oportunidad para las mujeres que queremos progresar, queremos vernos bien, y que somos importantes y que podemos ayudar también al que lo necesita (32 años, San Miguel).

Siendo que se trata de una política social emergida desde el Estado, vemos aquí cómo performa a las mujeres desde este rol de cuidadoras creando una emoción vinculada a que aquello que por ser social es de por sí algo bueno (De Sena, 2014; 2016). Lo que ellas hacen es ayudarse, contenerse, acompañarse, transmitir lo que saben. “Lo que saben” aparece como un capital de saberes y experiencias en lo que respecta la violencia y los problemas en la casa, y es vivido como “una cuestión de empatía”. Saben cómo se siente la que recién llega, la que no habla, la que participa poco, porque comparten el requisito para el ingreso al programa: “tener violencia”.

La conformación de grupos que facilita la vinculación entre pares mujeres es una situación que aparece con muy alta frecuencia. Las entrevistadas refieren que la relación con otras mujeres les resulta muy importante para compartir sus problemas y alivianar el peso que sienten por ellos, para ayudarse mutuamente a resolverlos y para elevar su autoestima.

De aquí se desprenden tres ítems: el lugar que históricamente tienen las mujeres en situación de pobreza, el lugar que se les indica deben tener en este momento, y cómo resuelven ellas estas dos cosas.

(…) “nos quieren sumisitas y calladitas con los perfumes y las pinturitas”, arrancamos con un mate y charla al principio es como que les cuesta al principio, van pero después comienzan a hablar. Porque sientan que hay alguien que viene a hablar con ellas por sobre todo, lo que hacemos es escucharlas, estar acompañar, ver… porque el tema de género es tremendo (52 años, San Miguel).

Y está bueno yo siempre le digo a las chicas defiendan lo que tenemos. Es algo muy importante, nos dignifica, nos da valor, nos empoderamos, podemos hablar, podemos opinar, discutir de política, cosa que antes yo no podía (29 años, Marcos Paz).

Formar parte de un grupo está bueno. Nunca había sido parte de un grupo y eso está bueno. Nunca había sido parte de un grupo y eso está bueno. Y a la vez mucho conocimiento que nos están dando, eso sirve (24 años, Avellaneda).

(…) hoy son un grupo que se trae mate, que se festejan los cumpleaños, van juntas, toman el mismo micro, aunque vayan para distintos lugares, se acompañan en otras cosas de la vida que son más allá del programa (32 años, Ciudadela).

Lo resuelven entre ellas, pues se escuchan entre ellas. La política social, entre sus condiciones de contraprestación las reúne para que se acompañen, se contengan. Las reúne para capacitarse y entonces a la vez que aprenden se dicen, se abren, hablan, se conocen, se sostienen. En ese encuentro se reconocen y encuentran en la mirada de la otra una existencia posible: con otras personas (que están en las mismas condiciones).

El aprender, por su parte, está enfocado desde distintas perspectivas: aprender oficios o tareas puntuales en el marco de oficios, aprender tópicos de la educación formal, y aprender de otras compañeras:

(…) y las cosas que aprendí a pintar, hacer trabajos de albañilería esto estuvo bueno.

Trabajo de 8 a 12 hs hago pintura de colegios aprendía cosas que nunca pensé que iba a aprender, hoy te coloco baldosas cosas que nunca me imaginé que iba hacer yo soy técnica en electrónica mis manos están preparadas para hacer cosas más chiquitas (29 años, Marcos Paz).

Entendí muchas cosas de historia, muchas cosas que no sabía, hoy las aprendí. Matemáticas un montón. Porque ir a un supermercado y te digan hay 20% de descuento y vos no tenés idea lo que es un 20% de descuento, no sabés lo que te van a descontar. Entonces el profesor nos enseñó lo que era el porcentaje entonces yo voy y sé qué es lo que ellos me tienen que descontar o no. Antes no lo sabía. (…) Me sirvió un montón (57 años, Morón).

Uno tiene un trabajo y lo hace dignidad. Y esto que estamos haciendo es un trabajo. El aprender es un trabajo. Porque gracias a esto nosotros tenemos en nuestros hogares a nuestros hijos mandando a la escuela que también le damos posibilidades a los niños, no cierto, a que tengan un estudio, que tengan un calzado, un todo. Que ellos puedan seguir. Y a nosotros las mamás, eso nos dignifica como madres (36 años, Quilmes).

Ser madres es otra cosa que ellas hacen. Todas son madres con familias numerosas. Si bien es una obviedad, porque parte del requisito para ingresar al programa es tener más de tres hijos, cabe aquí subrayar que, una vez más, el Estado reserva el lugar de dignidad y legitimidad a las mujeres que tienen hijos. Asimismo, las mujeres, en las entrevistas, mencionan por unanimidad alguna cuestión relativa a los hijos y a su actuar como madres por lo que reciben del programa (ya sea por la transferencia monetaria como por las capacitaciones), hacen referencia a sí mismas como madres solas, jefas de familia.

¿Y la violencia?

Como se mencionó anteriormente, la violencia como tal aparece hacia el final de las entrevistas o como una mención “al pasar”. El programa Ellas Hacen incorpora, tiempo después de su lanzamiento como parte de las condiciones de ingreso estar atravesando una situación de violencia en el ámbito doméstico. De acuerdo a testimonios de técnicos y funcionarios[4], esta incorporación surgió a partir de la acumulación de pedidos de asistencia que se recibían en los municipios y el entonces Consejo Nacional de las Mujeres. Se pensó que, dado que una de las mayores dificultades de las mujeres para salir de la situación de violencia es la falta de ingresos, incorporarlas al Ellas Hacen sería una salida, o al menos “una ayuda”.

En ese marco, habiendo ingresado por una situación de violencia o no, la totalidad de las mujeres refiere haber sufrido violencia basada en el género en algún momento de su vida adulta, por parte de alguna pareja. Hay quienes conocen y oyeron sobre esta problemática y aún continúan en esa situación (por diversas razones), también aparecen casos que se encuentran en proceso de salida y quienes ya no la viven porque lograron dejarla atrás o porque alguna circunstancia las colocó en ese lugar (por ejemplo, el agresor fue preso por un delito que no fue el de violencia). A continuación, un fragmento ilustrativo de una mujer que se posiciona desde la posibilidad de asesorar:

Si, nosotros teníamos un caso dentro del programa en el Ellas Hacen se daba más porque era un criterio de inclusión en el Argentina Trabaja yo era la presidenta de la cooperativa la chica me había traído la perimetral y estábamos asesoradas. Había unos foros dentro del programa, aprendimos las distintas formas de violencia porque una sólo se quedaba con la violencia física y no, había otros tipos. Así que estábamos atentas a que cuando venía la compañera con la cara golpeada el primer día todos estábamos al lado de ella el segundo y después cuando no venía empezaba ya a decir porqué ella no viene. Aún se sigue escuchando eso y lo más doloroso que se da entre las mujeres que lo repite, es difícil en el Ellas Hacen también, lo primero es contengamos a todas y después que pasa el tiempo es yo también tengo mis problemas y yo vengo. (36 años, Quilmes)

La dificultad que las entrevistadas refieren en sus relatos es el sostenimiento de la vida sin violencia. Sucede por el retorno con el agresor, o por formar nuevas parejas que devienen en la misma situación, lo cual es parte intrínseca de la problemática en sí. Estas vivencias son relatadas por terceras o como pasadas. Es decir, las entrevistadas refieren que eso le pasa a una amiga o integrante del grupo, o les sucedió a ellas en el pasado.

Como política social de abordaje a la violencia en el ámbito doméstico, el programa Ellas Hacen otorga un subsidio y capacitación en temáticas vinculadas a la violencia. Están las mujeres que pasan por esa capacitación y las que están capacitadas, contando con un saber extra por haberlo además vivido y superado. Lo que ellas hacen respecto a la situación de violencia, es capacitarse sobre el tema. Sin embargo, no se encuentra previsto qué hacer cuando se presenta una situación como la que se plantea en el primer fragmento de este apartado. La mujer se arregla como puede, se arregla sola, trata de evitarlo y, en el mejor de los casos, la ayudan las compañeras.

Ahora bien, el hecho de reunirse y capacitar sobre el tema, hizo que muchas mujeres hablasen sobre las situaciones de violencia que vivían en sus hogares, independientemente de su ingreso al programa. Aquí es donde surge un factor imprevisto en el diseño del Programa, que fue el de una conformación espontánea de grupos de ayuda mutua, donde la persona que lo coordina o alienta es la mujer más antigua en el programa, la que mejor conoce el barrio, la referente, la que lo superó.

Conclusiones

El artículo planteó los siguientes interrogantes en relación con el hacer que involucra a las mujeres beneficiarias: ¿qué hace el programa al respecto? ¿Qué hacen ellas? ¿resuelven la situación de violencia? ¿dejan de padecerla? La mirada analítica puesta en el hacer está dada por su implicancia para la sociología de los cuerpos/emociones en articulación con el estudio de las políticas sociales como performativas de los modos de sentir y hacer.

De acuerdo a lo expuesto en los fragmentos de las entrevistas, el problema de la violencia basada en el género, para el programa Ellas Hacen se “resuelve” cuidando, trabajando, estudiando, aprendiendo y acompañando. Sin embargo, basado en la lectura de sus testimonios, vemos que la continuidad de las situaciones de violencia convive con emociones ligadas a la felicidad y satisfacción por la compañía y la contención que encontraron por formar parte del programa.

Encontramos no solo aspectos que se perpetúan y otros que cambian, sino también la convivencia entre ambos polos: patriarcado y autonomía, independencia para trabajar y dependencia en términos de cuidado, nuevas capacidades (levantar paredes) y posiciones de subordinación.

Algunas entrevistadas dicen que cumplieron su sueño de estudiar, refiriéndose a los estudios primarios o secundarios. Otras a algún curso de cinco semanas. Y otras porque hicieron ese curso en las instalaciones de alguna universidad nacional.

La condición y posición en que las mujeres se encuentran en términos de estructuración socio-espacial habilita un conjunto de emociones en particular y una ubicación específica en determinada geometría corporal, pues además de sufrir violencia en el ámbito doméstico, son pobres. En esta línea, cobran lugar sobre un conjunto de sentires sociales que tienen internalizado: el “soportar” y la naturalización de lo adverso, conformándose en tanto políticas de atenuación del conflicto social (De Sena, 2015).

Así, podemos ver a través de las entrevistas que las mujeres van formando un abanico de emociones en torno a la violencia contra las mujeres y la política social de la cual son destinatarias. Esa policromía va desde la sensación de autonomía hasta la imposibilidad de resolver una situación de pareja con rasgos de violencia. Predominan las emociones positivas, pues manifiestan felicidad, alegría, se sienten acompañadas.

Según el diccionario de la Real Academia Española, contención es “la cualidad de los sentimientos, pasiones o impulsos contenidos o refrenados”. Contenidas expresan que se sienten todas las entrevistadas. Contenidas por las compañeras, por los profesores de las capacitaciones. La felicidad que produce cambia el estado de ánimo de las mujeres, obtura el conflicto, y la opresión sigue su curso. Siguiendo a De Sena (2016) podemos decir que la evitación del conflicto sigue siendo un objetivo central de este tipo de intervenciones y como forma pacificadora, se actualiza en la ocupabilidad.

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1 Para una definición de estos conceptos, puede consultarse el cuerpo de la norma en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm.

2 Presentación escrita por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en su página web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen.

3 No obstante, existen múltiples debates sobre las implicancias de la transversalidad (Ver Segato, Bonder, Arraigada, entre otras). En lo que respecta al programa Ellas Hacen, podemos pensar en esta integralidad desde su expresión formal al abordar cuestiones de ingresos, trabajo y formación.

4 Las entrevistas a técnicos y funcionarios fueron parte de la investigación para la tesis doctoral. Aquí se incluye esta observación con el objeto de argumentar lo que se está mencionando en el párrafo.

La política social y sus transformaciones: cruces y vinculaciones con el ciberespacio

Camila Weinmann y Andrea Dettano

1. Introducción

Desde distintas propuestas inaugurales, el GEPSE ha iniciado un recorrido que problematiza a las políticas sociales desde una sociología de las emociones. Esto ha implicado revisar y trabajar las diferentes definiciones teóricas y las estrategias metodológicas para el abordaje de la temática. En este sentido, se han problematizado la relación entre las políticas sociales y los regímenes de acumulación; el vínculo entre estas intervenciones del Estado y los modos en que han sido diseñadas observando la imagen-mundo contenida en sus “letras”; Se ha tensionado el papel del Estado, como aquel espacio de problematización y definición de los problemas sociales y de “puesta en marcha” de posibles soluciones; Se ha indagado en esas posibles soluciones, en las distintas políticas y programas que inciden sobre la producción y reproducción de la vida de los sujetos; Se ha indagado acerca de los modos en que estas intervenciones impactan, producen, maneras de ver y sentir el mundo y cómo estos modos son lo que permite cierta naturalización de las condiciones de reproducción de la vida de los sujetos en situación de pobreza (Scribano y De Sena, 2013; Cena, 2014; Sordini, 2018; Dettano, Chahbenderian y Cena, 2017).

Las políticas sociales, en tanto intervenciones que inciden sobre las formas de producción de las condiciones de vida, son un objeto que ha atravesado diferentes cambios y transformaciones hasta llegar al formato predominante en la actualidad: los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI). Estos programas, de amplio alcance y cobertura, han implicado modificaciones en las características de las políticas de asistencia a la población en situación de pobreza, así como su implementación ha avanzado sobre un espacio particular: el ciberespacio. En vista de ello, nos proponemos describir como el uso de internet ha abierto otros canales de comunicación, interacción y sociabilidades en relación al uso de los programas sociales.

Para llevar adelante el objetivo propuesto, en una primera instancia se expondrá lo que este trabajo entiende por cuestión social y política social. En segundo lugar, se analizará el pasaje de las políticas sociales de corte universal a las formas que fueron asumiendo en las últimas décadas, signadas por la focalización y la masividad. En una tercera instancia, se argumenta que las transformaciones en las intervenciones se han relacionado también con los nuevos “espacios” que la misma conquista, poniendo especial atención al uso de internet en relación a los PTCI. Por último, se esbozan algunas reflexiones de cierre.

2. Acerca de las políticas sociales

Las políticas sociales han sido definidas desde diferentes perspectiva y campos disciplinares, por lo que es difícil arribar a una definición única (Montagut, 2014). Su tematización generalmente se asocia a aquel proceso entendido como “cuestión social”. Esta última alude a las fallas generadas por el orden capitalista, a aquel quiebre irresoluble e intrínseco al Estado que surge de la tensión entre igualdad formal y desigualdad estructural característica de la modernidad (Castel, 1997). Es en este sentido, que el conflicto es constitutivo de la sociedad moderna y la participación del Estado a partir de sus diferentes intervenciones, se hace indispensable para atenuar y neutralizar al mismo. Estas intervenciones o arreglos transitorios, conocidos como políticas sociales, se han constituido como el modo en que el Estado ha intentado subsanar la contradicción constitutiva de la Cuestión Social: la igualdad jurídica y la desigualdad económica (Offe, 1990; Grassi, 2003).

De este modo, “el Estado se constituye como la institución política por excelencia que ejecuta las políticas orientadas a producir diversos efectos sobre la sociedad en su conjunto, moldeando y conformando tanto el ámbito público como privado de los sujetos” (De Sena y Scribano, 2013: 4). Ahora bien, del conjunto de políticas implementadas por el Estado, las políticas sociales pueden ser definidas como aquellas intervenciones que operan sobre la distribución secundaria del ingreso, actuando directamente sobre las condiciones de producción y reproducción de la vida de los diferentes sectores y grupos sociales (Danani, 2004). Las definiciones disponibles aportarán diferentes aspectos de las mismas, mientras que para algunos autores estas tienen por objeto el bienestar de las poblaciones (Laurell, 2004) otros trabajos resaltan que no son un objeto bueno o malo per se (Titmuss, 1974). Las políticas sociales pueden compensar o reducir las desigualdades, a la vez que también pueden reproducirlas, profundizarlas o incluso conformar nuevas estratificaciones (Esping Andersen, 1990; Adelantado et al., 2000; Abramovich y Pautassi, 2006).

A su vez, se ha destacado el papel de las políticas sociales en relación al conflicto social, en tanto las mismas funcionan como instrumento mediante el cual -a largo plazo- los regímenes de acumulación capitalista se valen para su persistencia a través del manejo de la conflictividad social en relación a la cuestión social (Offe, 1990; Grassi, 2003; De Sena y Cena, 2014).

En este sentido, resulta necesario alejarse de la concepción benévola de la política social para dar cuenta que ésta siempre responde a un proyecto ideológico que se corresponde con el régimen de acumulación vigente (Tamayo Sáez, 1997; Ramacciotti, 2010; De Sena, 2011). Las políticas sociales establecen la nominación, definición y abordaje de lo que, en distintas coyunturas, deviene problemática social (Grassi, 2003). Estas soluciones son, a su vez, coyunturales, aunque esa coyuntura pueda ser relativamente larga (Barba Solano, 1995; Soldano y Andrenacci, 2006), y en cada momento histórico se añaden elementos y/o modalidades que conllevan nuevas prácticas y sociabilidades.

Ahora bien, este escrito en particular, se sitúa en un abordaje de las políticas sociales desde la sociología de los cuerpos/emociones. La misma entiende que las emociones que experimentan los individuos no constituyen estados “internos” propios de los mismos, sino que están vinculadas a un contexto histórico- cultural específico que determina lo que un individuo puede y debe pensar o sentir en la vida cotidiana (Luna Zamora, 2007). Las estructuras psicológicas individuales (las llamadas estructuras de la personalidad) deben estudiarse en conjunto a las estructuras sociales y no deben ser consideradas como estructuras inmutables sino más bien como mutables e interdependientes (Elias, 1989). Siguiendo esta perspectiva, las emociones pueden ser consideradas como expresiones en el cuerpo de las variadas formas de relación social, donde “existe un vínculo necesario entre subjetividad afectiva y situación social objetiva” (Bericat Alastuey, 2000: 152).

Esta perspectiva resulta útil para el estudio de las políticas sociales, ya que brinda elementos para analizar el impacto que tienen las políticas sociales en la estructuración de las formas de sentir de los sujetos que participan en las mismas. Estas no solo operan sobre las condiciones materiales de existencia, sino también sobre los aspectos simbólicos de la vida y sobre aquello asociado a lo cognitivo-afectivo (De Sena, 2016; Dettano, Cena y Chahbenderian, 2017; Sordini, 2018; De Sena y Scribano, 2020). De este modo las políticas sociales resultan performativas ya que construyen realidades. Reflexionar en torno a la regulación de la cuestión social implica destacar también cómo las políticas sociales configuran subjetividades, emociones, estructuras de sensibilidades, instituyendo y/o reproduciendo ciertas imágenes o estereotipos de sociedad, de sujeto, de mujer, de familia (De Sena, 2016). De este modo, el Estado no es un espacio inocuo, sino que “se constituye en el ámbito de definición de los sujetos merecedores de sus intervenciones y de las condiciones para dicho merecimiento” (De Sena, 2016: 41).

Durante las últimas décadas, las intervenciones estatales conocidas como políticas sociales han atravesado diversas transformaciones. Las mismas no sólo adoptaron diferentes modalidades de implementación, sino que también aumentaron su cobertura y conquistaron nuevos espacios, como es el mundo virtual, lo que permitió la construcción de “otras” relaciones y sociabilidades. A continuación, se describirán las diferentes formas y modalidades de implementación que estas han sufrido en los últimos años.

3. Las transformaciones de las políticas sociales: un recorrido posible

Diversos trabajos, desde variados campos disciplinares, han señalado que en el último tramo del siglo XX ocurrieron grandes cambios en la economía que produjeron, sin duda, transformaciones en los modos de integración social y, por ello, en la manera en que se define la cuestión social. Esto repercutió directamente en la forma que asumió la política social, cuyo centro se desplazó de la protección pública a través del empleo formal y de instituciones universalistas a asistir a los grupos considerados como vulnerables con una red de seguridad mínima. El cambio en las modalidades que asumieron las intervenciones sociales del Estado no puede explicarse sin entender el pasaje de las políticas del Estado de Bienestar a la consolidación de unas políticas sociales cuyo centro de gravedad se trasladó a las crecientes poblaciones atravesadas por la pobreza y/o el desempleo (Grassi, 2003; Soldano y Andrenacci, 2006; De Sena, 2011). A continuación, con un fin meramente analítico y expositivo, se abordarán estas transformaciones para el caso argentino a partir de distintos ejes, sin desconocer que las acciones, cambios y modalidades no se anulan en el pasaje de un período a otro, sino que, por el contrario, se continúan y superponen.

3.1 El Estado de Bienestar y sus políticas sociales

El Estado de Bienestar puede entenderse como uno de esos arreglos transitorios de la tensión fundante de la sociedad. Las conceptualizaciones en torno al Estado de Bienestar Argentino han sido abordadas por varios autores, sin embargo, hay un gran consenso en que este tuvo lugar entre los años cuarenta y sesenta (Soldano y Andrenacci, 2006; Martínez Franzoni, 2005; Isuani, 2009). Al igual que en otros países de la región y del mundo, este arreglo coyuntural se plasmó en distintas intervenciones estatales vinculadas a la estatización de aspectos importantes de integración social y de la expansión de la protección social. En la Argentina, durante el primer gobierno peronista (1946-1952), el Estado se preocupó por intervenir en la economía y en la producción mediante la creación de empresas estatales. A su vez, hubo una gran expansión de la cobertura del sistema previsional y de los sistemas de salud (obras sociales), junto a un desarrollo de la infraestructura pública en áreas vinculadas a la salud y educación, como también en el desarrollo de políticas habitacionales (Isuani, 2009).

La política social quedó asociada, en primer lugar, a las políticas de pleno empleo que regularon las formas y condiciones para el ejercicio del trabajo, incluyendo tiempos y tipos de remuneración, horarios mínimos y máximos, responsabilidades por accidentes, indemnizaciones por despido junto a un sistema de seguros basado en la protección “socializada” de los riesgos de la vida activa (desempleo, accidentes de trabajo, enfermedad, vejez y muerte). Es por ello, que siguiendo a Castel (1997), la condición salarial fue un patrón integrador de esta sociedad que aseguraba cierto “piso” de condiciones.

En segundo lugar, otra “pata” de la política social en el Estado de Bienestar estuvo asociada a regular los mecanismos de integración social provenientes del sistema educativo, de salud, de seguridad social y de servicios básicos. Si bien la política social asistencial existió, ocupó un lugar marginal y se caracterizó por la transferencia de bienes y servicios a individuos o grupos excluidos y/ o en los márgenes del mercado de trabajo. Un claro ejemplo de esta última fue, en Argentina, la Fundación de Ayuda Social Doña María Eva Duarte de Perón entre los años 1943 y 1955. Aquí la política asistencial adoptó la forma de ayuda social directa mediante la distribución de bienes (ropa, muebles, juguetes, medicamentos) y de dinero (efectivo y becas) (Soldano y Andrenacci, 2006; Grassi, 2003).

Se observa de este modo, como la política social en este período quedó asociada a un contexto signado por el pleno empleo, la movilidad social ascendente, en donde la condición salarial fue el patrón de integración, permitiendo garantizar unos mínimos universales para la producción y reproducción de las condiciones de vida. Para Castel (1997), la sociedad salarial no es simplemente una sociedad en donde la mayoría de los trabajadores son asalariados, sino una sociedad en donde la integración se da a través del pleno empleo, que homogeniza las condiciones de vida y brinda estatus, dignidad y protección.

Avanzando en el tiempo, desde la década del 70, comienzan a erosionarse los pilares centrales de los Estados de Bienestar, como consecuencia de las crisis fiscales y la caída de las tasas de rentabilidad. Este proceso trajo aparejados cambios en la regulación del mercado de trabajo, privatizaciones, descentralizaciones de los esquemas públicos (como fue la educación y la salud) así como un protagonismo creciente de la intervención asistencial mediante programas sociales focalizados de asistencia a la pobreza y el desempleo (Isuani, 2009). Estas transformaciones serán descriptas en el siguiente apartado.

3.2 La consolidación de las políticas asistenciales: el paso a la masividad

Si a grandes rasgos, desde 1940 y hasta mediados de 1970, la sociedad Argentina se caracterizó “por una amplia clase media de asalariados protegidos por esquemas de seguridad social y de cuentapropistas de ingreso relativamente alto” (Andrenacci, 2002: 12), el periodo que se inicia en el último cuarto de siglo consolida una Nueva Cuestión Social (Rosanvallon, 1995; Castel, 1997; Murillo, 2008; Cena, 2014), a la vez que unas formas particulares de intervenir sobre las poblaciones en situación de pobreza.

Las transformaciones en la estructura productiva del país, consistentes en la interrupción de la industrialización por la sustitución de las importaciones y el desenvolvimiento de un régimen de valorización financiera (Basualdo, 2007), tuvieron consecuencias directas sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. Por un lado, la participación salarial en el PBI nunca recuperó el nivel que tenía antes de 1970, mientras que tuvieron lugar transformaciones en la regulación del trabajo que implicaron cambios en materia de protección sobre los riesgos del trabajo, la disminución de los aportes patronales, lo que complejizó el ingreso o la permanencia en el mercado laboral formal cuya participación relativa en el empleo fue disminuyendo (Lindemboin, 2004).

De esta forma, la Cuestión Social, tal como la conocíamos y definíamos, adquiere nuevos contornos, interpela a nuevos sujetos y contiene otros idearios que marcan los cursos de la acción estatal. En este sentido, el asunto central ya no es la rivalidad entre los patronos y los trabajadores como eje del conflicto. La cuestión social se desdibuja, perdiendo su carácter social y pasando a ser entendida como una cuestión individual, en la que los sujetos son los agentes de sus propias condiciones de carencia y los encargados de modificar su situación (Murillo, 2008; Cena, 2014). En este marco, el Estado Argentino redujo las competencias públicas en la educación, salud e infraestructura social generando procesos de descentralización y/o privatización en la gestión de aquellos servicios junto a la desregulación del mercado de trabajo y del esquema de seguros sociales (Isuani, 2009).

Frente a esta nueva coyuntura, “se instaura un nuevo paradigma de políticas sociales basado en la selectividad y en la focalización extrema, respaldado por una serie de críticas a los sistemas universalistas de protección social, argumentando un manejo ineficiente de los recursos públicos” (Cena, 2013: 3). Para Grassi (2003), por su parte, se consolida un proceso de fragmentación de la política social, en tanto las mismas asumieron diversas formas de asistencia: a la pobreza (atendiendo a la carencia de bienes y servicios básicos fundamentalmente alimentarios), al desempleo (planes y programas que se focalizaron en la carencia del trabajo) y, por último, programas de acción social de asistencia, que atendieron a cualquiera de las carencias. La fragmentación de la política social significó, entonces, un tratamiento de las condiciones de vida y de trabajo como instancias separadas.

De este modo, se consolidaron las políticas de asistencia a la desocupación y a la promoción del empleo (Neffa y Brown, 2011) con el objetivo de adaptar la fuerza de trabajo a las nuevas condiciones de producción. Sin embargo, en términos de Grassi (2003), la gran cantidad y diversidad de programas[1] no intervinieron en la dinámica del mercado de trabajo, por lo que dio en conceptualizarlas como políticas de asistencia al desempleo, exhibiendo que no incidieron en la dinámica del mercado de trabajo, sino que compensaron las consecuencias del desempleo.

En este contexto, las teorías del capital humano, cuyo corolario consiste en que las personas inviertan en sí mismas, como individuos y como familias a través de sus comunidades (Murillo, 2008), influyeron en el diseño e implementación de los programas aplicados y operaron como la antesala de la lógica que luego tendrían los PTCI´s. En la década de 1990, el PNUD[2] publica el primer informe sobre desarrollo humano, donde se sostenía que había que ponerle un rostro humano a los programas de ajuste llevados adelante en los ´80. Poner “rostro humano” se traduciría como balancear los presupuestos nacionales intentando proteger a los más vulnerables, aunque sin cuestionar los fundamentos del ajuste económico. El eje se colocó, desde la discursiva, en incrementar las potencialidades de los individuos, así como sus posibilidades de elección (Álvarez Leguizamón, 2006). En su operatoria, se materializaron en dispositivos de asistencia que promovieron movilizar a los individuos y los grupos familiares para lograr aumentar las capacidades, las disposiciones y las aptitudes que les permitirían insertarse dentro del mercado laboral (Cena, 2014). Esta movilización consiste en convertir en un activo los recursos familiares y sociales de los pobres, dando a estas redes el nombre de “capital social”. Lo que se promueve es “que la reproducción de la vida de las poblaciones más pobres y vulnerables sea autogestionada o cogestionada por sus propias capacidades familiares y comunitarias, las que ahora se incentivan y descubren” (Álvarez Leguizamón, 2006: 85).

En cuanto a las políticas sociales centradas en la figura del trabajador asalariado en los ´90, el esquema de seguridad social, en sus cuatro componentes –previsional,[3] obras sociales, asignaciones familiares y riesgos de trabajo– vio reducir, tal como expresan Hintze y Danani (2013: 45), su cobertura en términos de la población cubierta, así como estableció ’máximos’ a la protección, acompañando así el proceso de disolución de la regulación de las relaciones salariales (Andrenacci, 2002: 162). A la vez, se introdujeron elementos de protección privados –el sistema previsional, de salud, de riesgos del trabajo-, dejándola librada a las fuerzas del mercado acrecentando su orientación privatista (Hintze y Danani, 2013: 46).

3.3 El nuevo Siglo y la consolidación de las transferencias de ingresos

El cambio de siglo trajo aparejadas, luego de diciembre de 2001, la presión y la movilización popular como pedido de respuestas a la situación del momento, signada por la salida de la convertibilidad, el crecimiento de la población en situación de pobreza, que llegó al 57,7 % de la población y las altas tasas de desempleo y subempleo (Pautassi et al., 2013:10). Por la magnitud de la crisis económica y de los niveles de conflictividad social, se anuncia la creación, por medio del Decreto 357/02, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), liderado por la esposa del entonces presidente, Eduardo Duhalde, y compuesto por cinco Ministerios. Así, el CNCPS impulsa un conjunto de programas sociales de emergencia, entre los que se encuentra el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD), implementado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Cruces, Epele y Guardia, 2008: 21). El PJJHD podría decirse, es uno de los primeros programas implementados en Argentina que se consideran un “híbrido” entre las políticas activas de empleo y los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI) (Cena, 2016) y que, a la vez, continúa consolidando el proceso de masividad de las políticas sociales (De Sena, 2011).

Ya en el año 2004, surge en el país uno de los primeros programas sobre el cual hay cierto consenso en considerar como un PTCI propiamente dicho: el Programas Familias por la Inclusión Social[4] (De Sena et al, 2018). Esta modalidad de programas -los PTCI- comienza a desarrollarse, a nivel regional, desde mediados de los ´90 y pueden ser definidos, de manera general, como intervenciones que transfieren un ingreso monetario a hogares o familias en situación de pobreza a cambio del cumplimiento de ciertas condicionalidades principalmente vinculadas a la salud, educación y/o nutrición de los menores del hogar. Han estado asociados a numerosos objetivos como reducir la pobreza por ingresos o la “pobreza de consumo”, evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza a partir de la inversión en capital humano, colaborar en la reducción de las desigualdades, romper el “círculo vicioso” de la pobreza, ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio así como contribuir con la modificación de algunos comportamientos que pueden incidir en la proliferación de la pobreza (Rawlings, 2005: 2; Cruces, Epele y Guardia, 2008: 33; Fyzbein y Schady, 2009a; 2009b; Cohen y Franco, 2010: 93; Cecchini y Madariaga, 2011: 11; Correa, 2009: 75; Rangel, 2011: 11, Cena, 2016: 115).

Esta modalidad de intervención empieza a implementarse, tanto en América Latina como en otros países del Sur Global, de modo que, para 2010, ya había 24 países de los cinco continentes aplicando -con diferentes escalas- uno de estos programas (Correa, 2009; De Sena, 2018). Esta modalidad de atención a la pobreza ha sido muy significativa por su alcance y cobertura, por su rápida expansión, por la cantidad de programas que se han implementado y por la producción académica que han suscitado (Rangel, 2011; Cena, 2014). Para 2016, solo en América Latina, alcanzaban a 129,8 millones de destinatarios (Cecchini y Atuesta, 2017), significando el 0,4 % del PBI de la región (OIT, 2014).

La significatividad de los PTCI en la región estuvo signada no solo por la multiplicación de estas experiencias y el aumento de la población bajo su cobertura, sino también por las transformaciones en las formas de intervenir sobre la población en situación de pobreza: la consolidación de la bancarización como modalidad de cobro y la titularidad femenina (De Sena, 2011; De Sena, Cena y Dettano, 2018; Halperin Weisburd et al., 2011; Pautassi et al., 2014). Esta modalidad ha suscitado diversos análisis, entre los que se encuentran la feminización de las responsabilidades de cuidado y la consolidación del consumo como uno de los modos de asistir a la población en situación de pobreza (Cena, 2019; Scribano y De Sena, 2014; Dettano, 2020).

Este apartado, buscó reconstruir -sin pretensión de exhaustividad- las distintas transformaciones que han atravesado las políticas sociales, cómo han ido modificando sus contextos, sus sujetos y sus modos de implementación. Para dar continuidad a la descripción de cambios y transformaciones, el siguiente apartado persigue exhibir cómo el uso de internet ha impreso otras variaciones en los modos de intervención del Estado.

4. La política social y el ciberespacio

Los años 2000 no solo marcaron un cambio de milenio: como ya se señaló anteriormente asistimos, por un lado, a la masificación de los programas sociales asistenciales en la región y en el mundo (De Sena, 2018). Por otro lado, es conocido el hecho de que enfrentamos una revolución en el ámbito de las tecnologías y de las comunicaciones gracias a la rápida expansión de internet. Parecería que ambos hechos se encuentran aislados uno del otro, sin embargo, este apartado se preocupa por dar cuenta de sus estrechas relaciones: 1) argumentado que las políticas sociales no solo han mutado en sus formas de intervención, sino que al mismo tiempo, han conquistado de distintas maneras nuevos ámbitos de interacción, como es el ciberespacio, consolidando emociones en los actores involucrados; por lo que 2) se justifica la relevancia de abordar el espacio virtual para el estudio de las políticas sociales.

Este apartado se propone entonces delimitar qué es ese objeto al cual nos referimos como ciberespacio, qué tiempos “toma” de la cotidianeidad, que espacios y modos de interacción supone, así como interrogarnos acerca de las formas que asumen las lógicas online para aquellos que participan en la implementación de programas sociales.

Hoy en día, gracias a la rápida expansión de internet, el mundo digital se ha convertido en una fábrica inagotable de información, incrementando el uso de estos datos en y para la investigación social. Respecto a la conectividad y al acceso a internet, en el año 2012, el 60% de los argentinos se conectaron todos los días, ascendiendo este número a 93% para el año 2017 (Carrier y Asoc., 2015; Internet World Stats, 2017). A su vez, las unidades que cuentan con LTE,[5] que permiten el acceso a redes 4G desde dispositivos móviles, pasaron de medio millón en 2014 a 22 millones para 2019 (Carrier y Asociados, 2018). Considerando el abanico de las redes sociales, las más utilizadas por los argentinos en el año 2018 fueron Facebook e Instagram (Mobile Market Association, 2018). A su vez, por día, se generan aproximadamente 2,5 cuatrillones de bytes diarios, se suben a Facebook 500 terabytes de información e Instagram absorbe 80 millones de fotos (Gallup, 2018). Sin duda, estos números interpelan a las ciencias sociales y dan cuenta de la importancia de poner atención a lo que sucede en estos ámbitos que articulan diversas esferas de la realidad social, estructuran nuestra cotidianeidad y generan nuevas formas de interacción que exceden propiamente al mundo online.

En el año 2013, Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Wikipedia e Instagram aparecían como las principales plataformas de la conectividad. Las plataformas pueden ser clasificadas en distintos tipos, lo que no significa que dicha clasificación sea excluyente ni exhaustiva (Van Dijck, 2016). El primer grupo de medios sociales comprende a los sitios de red social o social networking sites, que priorizan el contacto interpersonal entre individuos o grupos forjando conexiones personales, profesionales o geográficas y alentando a la formación de lazos. Ejemplo de las mismas son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. El segundo grupo alude a los contenidos generados por usuarios o user-generated content, que se valen de herramientas creativas para promover el intercambio amateur o profesional. Aquí podemos nombrar a YouTube o Wikipedia. La tercera categoría abarca los sitios de mercadotecnia y comercialización o trading and marketing sites que se dedican a la venta de productos como Amazon, eBay o Groupon. Los juegos y sitios de entretenimientos conforman el último grupo, siendo The Sims o Angry Birds ejemplo de las mismas (Van Dijck, 2016). Los distintos tipos de plataformas tienen diferentes fines, suponen intercambios diferentes y por ende habilitan interacciones diferentes.

Para Hine (2004) internet puede concebirse como un artefacto cultural, lo que implica considerar que no está situado en un soporte específico, es decir, no está del todo claro lo que refiere el término internet: puede aludir a computadoras, protocolos, programas o aplicaciones, contenidos, dominios, direcciones de correo electrónico y redes sociales. La producción misma de internet y su consumo están dispersos en múltiples lugares, instituciones e individuos. En segundo lugar, concebirlo como artefacto cultural implica considerar que la esfera de internet se consagra como una instancia en donde se entrecruzan diversos órdenes espaciales y temporales, y que, a su vez, cruzan una y otra vez la frontera entre lo online y offline por lo que las vidas dentro del ciberespacio y fuera de él configuran una única vida social (Hine, 2004; Faracce Macia, 2019).

En una línea similar, para Van Dijck (2016) el ecosistema online está incrustado en un contexto económico, político y socio-cultural. Dicho ecosistema se conforma a partir de un grupo de aplicaciones de internet construidas sobre los cimientos ideológicos y tecnológicos que permiten la creación e intercambio de contenido entre usuarios, conformando una nueva organización de la vida cotidiana en internet” (Van Dijck, 2016)

Ahora bien, dado que el ciberespacio articula de manera constante lo que sucede en el mundo offline y online, resulta válido preguntarse por las relaciones entre las políticas sociales y el ciberespacio. En este sentido, luego del recorrido por los cambios y transformaciones que atravesaron las intervenciones del Estado entendidas como políticas sociales, abordamos la descripción de aquellos conocidos como programas de transferencias condicionadas de ingresos. Esta modalidad, con 25 años de implementación y un crecimiento significativo en su alcance y cobertura, nos invita a reflexionar sobre los modos en que sus diseños y sus formas de implementación han ocupado el espacio de internet. Por esto, la relación entre políticas sociales y ciberespacio se organiza en relación a 3 ejes: el uso de internet en los mecanismos de la implementación (entrega de documentación, inscripción, verificación del cumplimiento de condicionalidades); las relaciones entre sus receptores a través de redes sociales: utilización de blogs y redes sociales para comunicarse y compartir información y, por último, la exposición en las redes de los funcionarios directamente vinculados con las intervenciones.

El uso de internet y demás tecnologías de la información en los mecanismos de implementación de las políticas, suscitó alusiones a un “Estado ampliado”. La intromisión de internet en sus mecanismos de gestión ha incluido nuevos elementos en su estructura, nuevas formas de comunicar e interactuar (Esteinou Madrid, 2001). Esto también se ha denominado “gobierno electrónico”, como una relación entre los ciudadanos y algún nivel de gobierno por medio del uso de tecnologías de la información (Cerbino y Richero, 2006).

Una de las modalidades en que esto sucede es a partir de lo que Concha (2006) denomina “poner al aire”, en tanto que las características de los programas y los requisitos se encuentran disponibles en internet. Los potenciales beneficiarios pueden ingresar al sitio web de los programas o del organismo que lo implementa y encontrar toda la información necesaria para la posible inscripción. Esta vía se encuentra disponible para la carga de la documentación exigida por los mismos programas. El caso de la Asignación Universal por Hijo ejemplifica esta modalidad, ya algunos estudios han analizado los modos en que a través del Canal de Youtube oficial de ANSES no solo se explican aspectos operativos de la prestación, sino que también se ofrecían testimonios de madres titulares (Cena, 2014). Actualmente, la libreta requerida como condicionalidad para acceder al monto de la prestación, ya no requiere de una presentación en una oficina de ANSES de manera presencial, sino que puede realizar la carga y constatación del cumplimiento de las condicionalidades por medio de la página del organismo. Para complementar esta modalidad, se elaboran videos institucionales -disponibles en la plataforma YouTube- donde se explica cómo hacer los trámites a través del sitio web. De esta manera, Internet es la vía para realizar el trámite y la vía para explicar cómo realizarlo.

El segundo eje mencionado abarca las relaciones entre los receptores de programas sociales que tienen lugar en las redes sociales. Esto mismo ha sido objeto de varios trabajos, que han recuperado las interacciones entre las personas beneficiarias de programas sociales (como la Asignación Universal por Hijo, Plan Más Vida y Plan Nacional de Seguridad Alimentaria) en los grupos de Facebook y blogs de internet (Sordini, 2017; Wasserman y Weinmann, 2018; Faracce Macia, 2019). Las interacciones entre los receptores y receptoras en el escenario virtual giran, principalmente, en torno al pedido de información sobre la documentación necesaria para la tramitación del programa, las fechas de inscripciones y de cobro, consultas sobre el cumplimiento de condicionalidades, condiciones para permanecer en el programa o para acceder a créditos (Faracce Macia, 2019; Wasserman y Weinmann, 2018). En este sentido, se observa que los grupos de Facebook y blogs fueron creados como modalidad de ayuda y divulgación de información entre las destinatarias de programas sociales (Sordini, 2017), por lo que vienen a suplir o suturar algunos problemas que ya venían siendo indagados, en relación a la inteligibilidad de los programas sobre las condiciones para el acceso y permanencia en los mismos por parte de las poblaciones receptoras (Dettano y Chahbenderian, 2018).

El uso de redes sociales, por parte de las y los receptores de programas sociales escenifican que el acceso a internet y las interacciones que allí emergen no borran las categorías sociales construidas en el espacio offline. Estos espacios, creados como una forma de “ayudarse”, exponen problemas ya conocidos en relación a la implementación de las intervenciones, pero, a su vez, permite observarlos con algunas particularidades: el tiempo-espacio, las formas de diálogo y la circulación de imágenes. En este sentido: “La interacción mediante una plataforma virtual señala el tecnicismo de la sociabilidad que moldea y bordea las formas de socializar: se construyen códigos, se manipulan objetos virtuales, se habilitan o deshabilitan modalidades de expresión y lenguaje, así la información circula a gran velocidad y se trascienden las fronteras territoriales” (Sordini, 2017:54).

Los beneficiarios de los programas sociales no son los únicos que interactúan en las redes sociales, sino que también lo hacen las burocracias estatales (Weinmann, 2019). Por eso, la última vinculación entre políticas sociales y ciberespacio puede ser expresada a partir de la exposición de los funcionarios en las distintas redes sociales. La actividad de los mismos en sus redes sociales (Facebook e Instagram) adquiere diversas formas: por un lado, muestran imágenes de su cotidianeidad laboral, tanto su actividad en el territorio como en su oficina. Por otro lado, publican como cualquier usuario “común”, fotos de su vida privada, principalmente de su familia. Por último, también colaboran con la difusión de la información relacionada al acceso de los distintos programas sociales (Weinmann, 2019).

Los trabajos que han abordado los modos de presentación de los funcionarios públicos en sus redes sociales personales han dado cuenta de algunas cuestiones como la cercanía y proximidad que intentan plasmar en las imágenes que circulan y comparten (Annunziata, Ariza y March, 2017). Las formas de ser y actuar que tienen los funcionarios vinculados a las políticas sociales en particular están relacionadas con la construcción de una imagen de funcionario/a público empático y comprometido ante la cuestión social y cercano a su audiencia (Weinmann, 2019). Estas maneras de ser en las redes aparecen como el modo en que se plasma la intervención en los problemas sociales: se muestran cercanos para colaborar -se exhiben fotos en territorio- y “ponen su cuerpo” para ayudar a superar aquellas situaciones.

Ahora bien, quedan planteadas algunas vinculaciones posibles entre la política social y el ciberespacio. Lo que allí sucede, es decir la información que se comparte y sociabilidades que emergen, no son aleatorias, las mismas se encuentran moldeadas por la política social, dejando al descubierto que el ciberespacio es otro ámbito posible de interacción de la misma. Es en este sentido que las redes sociales aparecen como plataformas que favorecen la reproducción de las condiciones simbólicas, afectivas y cognitivas en tanto transmiten roles sociales con emociones asociadas (Scribano, 2017).

5. Conclusiones

Las transformaciones que la política social ha sufrido en el último tramo del siglo XX han estado en constante relación con los cambios en la economía, los patrones de integración social y los consecuentes modos de resignificación de la cuestión social. En concomitancia con todas las transformaciones señaladas, insistimos en remarcar que las políticas sociales no solo han mutado en sus formas de intervención, sus sujetos y los bienes que han puesto y ponen a disposición, sino que, al mismo tiempo, han conquistado nuevos ámbitos de interacción, como es el ciberespacio.

En particular, hemos señalado que esta vinculación se da a partir de tres ejes, considerando, en primer lugar, el uso de internet en los mecanismos de la implementación, ya que el Estado se apropia de este espacio para elaborar mensajes, material audiovisual para facilitar el intercambio de información con los receptores e, incluso, recibir documentación exigida en las propias intervenciones. En segundo lugar, la relación entre Política Social y ciberespacio se observa a partir de los intercambios entre los receptores y receptoras de los programas. Aquí, principalmente los grupos de Facebook y los blogs se configuran como lugares de encuentro virtuales que posibilitan distintas consultas y divulgación de información. Por último, un tercer eje se constituyó a partir de la exposición de los funcionarios de la gestión de políticas sociales que interactúan en sus perfiles, construyen sus imágenes y comparten contenido sobre su quehacer en relación a las intervenciones.

Internet -desde hace ya algún tiempo- ha reorganizado el tejido social y conformado el ciberespacio. Se han modificado las reglas de la interacción social, produciéndose nuevas formas de socialización y de participación grupal (Esteinou Madrid, 2001). Ahora bien, tal como sostuvimos en los apartados precedentes, la cantidad de intervenciones y la cobertura que las mismas han alcanzado, no ha cesado de aumentar y lo mismo ha sucedido con las formas de comunicarse e interactuar en y desde las políticas sociales. Por esto, las relaciones propuestas, entre política social y ciberespacio, además de evidenciar continuidades y masividad, contribuyen a delinear algunos rasgos de la estructuración del nuevo siglo (Scribano, 2019) al tiempo que refuerzan la idea de que la vida online y la vida offline no deberían pensarse separadamente.

Por último, queremos destacar la intención del escrito en sostener la relevancia de mirar el espacio virtual para el estudio de las políticas sociales en particular, pero también para el de las ciencias sociales en general. De este modo, las propuestas metodológicas sobre cómo abordar este objeto de estudio quedarán, sin duda, para futuros debates, centrados en destacar la riqueza de la etnografía virtual.

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1 Ejemplo de esto fue el Plan Trabajar, implementado por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social que brindó ayuda económica de carácter no remunerativo para el fomento de ocupación en proyectos de infraestructura. Otros programas de este tipo fueron el programa de Emergencia Laboral (PEL) y el Programa Intensivo de Trabajo (PIT).

2 La primera referencia a lo “humano” en cuanto a las gestiones vinculadas con la pobreza, fue realizada por la UNESCO, en 1989, presentada como “un ajuste con rostro humano” (Álvarez Leguizamón, 2006: 82).

3 En 1994, el sistema fue completamente transformado por la Ley de Reforma Previsional. A partir de la reforma el sistema se dividió en dos partes independientes: una privada, funcionando según criterios de capitalización estrictamente individual y, una pública para administrar el sistema tradicional. La parte privada se conformó con un conjunto de empresas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) que recaudan las cotizaciones previsionales, capitalizándolas en fondos de inversión y compitiendo entre sí por la rentabilidad de operaciones financieras que se realizan dentro de unos marcos fijados por la ley. El ANSES (Administración Nacional del Seguro Social), por su parte, continúa administrando el sistema público de reparto (Andrenacci, 2002: 164).

4 El PFIS se nutrió de los beneficiarios del Programa de Atención a grupos Vulnerables (Subprograma del Ingreso para el Desarrollo Humano) y de beneficiarios provenientes del PJJHD. Su aplicación comienza en Octubre de 2004 por medio de un decreto (1506/04) del poder ejecutivo y cuenta para su financiamiento con un préstamo del BID. Estuvo destinado a los beneficiarios del PJJHD, los jefes o las jefas de hogar con un nivel educativo menor a secundaria completa, y dos o más hijos menores de 19 años a cargo (o discapacitados de cualquier edad) o mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

5 Las siglas LTE refieren al término en inglés Long Term Evolution o Evolución a Largo Plazo, que alude a un tipo de tecnología utilizada en los teléfonos de cuarta generación o 4G que permite la bajada o carga de datos desde internet.

Políticas sociales y Disposición final de la basura: CORMECOR ¿un nuevo “gigante” o un “pequeño” Leviatán?

Ignacio Pellón

Introducción

En las últimas décadas del siglo XX, tuvieron lugar una serie de reformas estatales que contribuyeron a la instalación de una “nueva” gobernanza ambiental sobre el territorio argentino. Sectores como la minería, la agricultura y los servicios públicos/privados, sufrieron profundas reestructuraciones productivas. En la base de estas transformaciones, opera la crisis ecológica que, una vez oficializada e institucionalizada, deriva nueva estrategia de marketing político y empresarial (Machado Aráoz, 2013). En esa dirección, aquí se sostiene que las políticas estatales están históricamente comprometidas en el terreno de “lo sensible”; desde el Estado prototípico de Hobbes (2013), hasta las “verdaderas políticas públicas” de la Córdoba contemporánea. Por lo pronto, este capítulo se destina a realizar un cruce entre políticas estatales y sensibilidades sociales, producidas y re-producidas para “legitimar” la disposición final de la basura en Córdoba.

Como primer elemento, las políticas sociales son entendidas como intervenciones estatales involucradas en los procesos de producción, re-producción y distribución de sensibilidades sociales.[1] O, dicho de otro modo, las políticas estatales modelan las formas sociales de estar, ser y hacer en el mundo (Scribano, 2015; 2019). Las políticas “ambientales”, por su parte, se conforman por acciones/omisiones estatales enfocadas en naturalizar las sensibilidades sociales, ligadas a la crisis ecológica y a los procesos de acumulación del capital (Machado Aráoz, 2013; Machado Aráoz y Paz, 2016).

En este marco, el estudio de los conflictos sociales constituye una vía privilegiada para comprender las transformaciones en los procesos de estructuración social (Scribano, 2005a). Para ello, aquí se toman fuentes de información que provienen de bibliografía especializada, artículos periodísticos, una entrevista semi-estructurada (EE) a un periodista del principal diario local (especializado en gestión de residuos), y registros tomados durante una Audiencia Pública Ambiental (APA). Dicha instancia pública, está vinculada al Complejo Ambiental proyectado por la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba Sociedad Anónima (CORMECOR).

El recorrido de este artículo comienza, pues, con una caracterización de las relaciones entre razones, pasiones y sensaciones “legitimas” al Estado, a partir de la obra Leviatán (Hobbes, 2013). Luego, se puntualizan algunas transformaciones operadas en las relaciones Estado-sociedad, durante las últimas décadas del siglo XX (Oszlak, 1997); destacando el rol de las sensibilidades, “de clase” y de época, en las políticas públicas (Tamayo Sáez, 1997). Ambos rasgos son conectados con la institucionalización del relleno sanitario, como destino final “legítimo” para la basura. En tercer lugar, se realiza un breve recorrido acerca del manejo estatal y privado de la basura en Córdoba, prestando especial atención a al surgimiento de CORMECOR y la Audiencia Pública Ambiental que dio “aval social” a su proyecto. Partiendo desde allí, el Complejo Ambiental propuesto para la basura metropolitana es analizado desde el juego per-verso entre políticas sociales y sensibilidades sociales; en el que fantasmas y fantasías sociales ocupan una función destacada (Scribano, 2005a; 2012; 2015; 2019).

A modo de cierre, se ofrecen cinco consideraciones relativas a las políticas de disposición final de la basura. Las primeras dan cuenta de cierto re-vestimiento de las políticas estatales neocoloniales (sensu Scribano), tras lo “ecológico” y “sustentable”. Las últimas, presentan prácticas y sensibilidades otras, que se inscriben en lo colectivo, y desmienten los dispositivos ideológicos del capital. Las experiencias de afirmación son unas formas prácticas de expresar las pluralidades involucradas en un “somos nosotros”, en resistencia a la segregación social y a la violencia institucional. Las topologías del rechazo, por su parte, se conforman por sensibilidades inscriptas en el “mundo del no” que, resignificadas, marcan un “hasta acá, no más” a los procesos depredatorios del capital (Scribano, 2015; 2019). Habiendo realizado esta introducción, tras el siguiente título se abordan las sensaciones legítimas al Leviatán.

Pasiones razonables al Leviatán: las sensaciones “legítimas”

Como punto de partida, Hobbes (2013) caracteriza a los seres humanos a partir de la comunión de facultades sensibles y racionales. En estas, son distinguibles tres componentes: a) razón, entendida como cómputo o cálculo aritmético; b) mociones vitales o motrices, basadas en impulsos físico-biológicos (como la respiración, la digestión, etcétera) y c) mociones animales o voluntarias, dentro de las que se encuentran las pasiones[2] y el pensamiento. Estos dos elementos operan de manera imbricada: las pasiones son precedidas por el pensamiento, que las “activa” y las compone, mientras que el pensamiento no es más que una serie de imaginaciones vinculadas a las pasiones.

El primer capítulo de Leviatán está dedicado a las sensaciones. Allí se indica que las mismas conectan y median las concepciones del intelecto humano con todo objeto de percepción. Los cuerpos externos producen movimientos que presionan los órganos de los sentidos (del gusto, tacto, vista, oído y olfato) y, a través de ellos, ingresan al cuerpo humano. Se genera, entonces, otro movimiento: “una resistencia, reacción o esfuerzo del corazón, para liberarse: esfuerzo que, dirigido hacia el exterior, parece ser algo externo. Esta apariencia o fantasía es lo que los hombres llaman sensación” (Hobbes, 2013: 11).[3] De este modo, los objetos del ambiente son incorporados, provocando sensaciones, acciones, movimientos. En los actos de percepción, no obstante, intervienen las apariencias y fantasías: “el objeto visto parece revestido por la fantasía que en nosotros produce, lo cierto es que una cosa es el objeto y otra la imagen o fantasía” (Hobbes, 2013: 12).

En complemento, las imaginaciones son sensaciones decadentes que, reunidas, componen el pensamiento. Así, la imaginación posibilita mantener presente la imagen de un objeto ya ausente. En igual dirección, la memoria es una serie de sensaciones residuales, de objetos aún más remotos. De esta manera, el pensamiento orienta el movimiento de los objetos percibidos al interior del cuerpo, exteriorizándose por medio de tres acciones: a) cuando la persona busca acercarse al objeto externo, prevalece el apetito, el amor, el deseo y la esperanza; b) cuando el esfuerzo se orienta a alejarse del objeto, prima la aversión, el odio, el temor; y, c) cuando la persona permanece inmóvil, opera el desprecio, causado por la falta de experiencia respecto a lo percibido, o porque prevalece un estímulo más intenso, vinculado a otro objeto (Hobbes, 2013).

Por lo tanto, en la propuesta de Hobbes el mundo exterior es percibido a través de imágenes, apariencias y fantasías (sociales), que hacen parte de las sensaciones “internas” (íntimas). Al ingresar al cuerpo, el objeto percibido es intervenido por pensamientos (imaginaciones y memoria), produciendo e-mociones: aproximaciones, distanciamientos, indiferencias. La reciprocidad entre sensaciones/pensamientos representa, entonces, una posibilidad que Hobbes enuncia como un problema: la condición corporal sensible impide que el razonamiento humano sea cómputo exacto, cálculo perfecto. Puesto que todos los hombres son iguales por naturaleza, en términos físicos e intelectuales, nadie puede establecer un orden de dominación duradero por medio de la razón o de la fuerza.[4] A raíz de esto, “las partes, por común acuerdo, y para establecer la verdadera razón, deben fijar como módulo la razón de un árbitro o juez, en cuya sentencia puedan ambas apoyarse” (Hobbes, 2013: 32).

Es entonces cuando el Leviatán aparece como un hombre artificial, con una racionalidad superior a la humana, por su cálculo des-apasionado. No obstante, como los humanos no son enteramente racionales, no puede esperarse que obedezcan solo por razones (Skinner, 2010). En la apuesta de Hobbes, las pasiones son el medio primordial para alcanzar un orden duradero y “en paz”. De hecho, asignarle al soberano el nombre de un mítico monstruo marino, representa un primer gesto para que los súbditos se sientan obligados a obedecer. Gobernar las pasiones significa, pues, involucrarse en las e-mociones “íntimas”, neutralizando los peligros (resistencias y rebeldías) y orientando la acción (Trucco, 2015). Tal injerencia del Estado, se instrumenta a través de tres sensaciones legitimadas por el Derecho y la Moral, según se figuran en la siguiente tabla:

Tabla 1. Pasiones y razones legítimas al Leviatán

Razones

Leyes civiles

Derechos civiles

Pasiones

Temor a la muerte

Leyes naturales

Deseos de cosas para una vida confortable

Obligaciones morales

Esperanza de obtenerlas mediante el trabajo

Fuente: Elaboración propia en base a Hobbes (2013)

En la Tabla 1, se presentan las razones y pasiones que tornan legítimas a las sensaciones, en tanto se corresponden con las obligaciones morales y los derechos civiles. Al respecto, Durkheim indicaba, al analizar la obra de Hobbes, que “El derecho es el aspecto externo de la Moral, la Moral es el aspecto interno del derecho” (2014: 68). De esta manera, el temor a la muerte, el deseo de cosas para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas mediante el trabajo, son las tres pasiones “razonables” ante el poder del soberano. Al operar sobre las condiciones cognitivas/sensibles de los súbditos, tales sensaciones harán vivir (conocer/experienciar) un orden de dominación estable, alejado del orden fortuito, contingente, natural (Durkheim, 2014). Por ello, gobernar las sensibilidades posibilita establecer cuáles son los modos legítimos de sentir el mundo, y cuáles no. Para referenciar los modos ilegítimos de ser, sentir y hacer el mundo, Hobbes recurre a una imagen que le permita ensalzar el orden civilizado que propone:

Los pueblos salvajes en varias comarcas de América (...) carecen de gobierno en absoluto, y viven actualmente en ese estado bestial al que me he referido. De cualquier modo que sea, puede percibirse cuál será el género de vida cuando no exista un poder común que temer, pues el régimen de la vida de los hombres que antes vivían bajo un gobierno pacífico, suele degenerar en guerra civil (Hobbes, 2013: 89).

El autor proyecta una fantasiosa bestialidad americana, que no es otra cosa más que residuos y decadencias de su propia civilización. Retomando lo dicho anteriormente, gobernar las sensaciones es el medio, y evitar el estado de guerra es el fin del Leviatán. Este estado de anarquía violenta es indeseable porque, sin un orden de propiedad y dominio, el comercio y la industria no pueden prosperar, como suele ocurrir durante una guerra civil.[5] Tal situación, lleva a Hobbes a redefinir su concepto de liberad, como un movimiento que se despliega sin impedimentos externos.[6] El temor a la muerte representa, entonces, la incorporación del uso legítimo de la violencia estatal; práctica que se circunscribe a salvaguardar las propiedades (los bienes y algunas vidas).

En conclusión, las tres sensaciones mencionadas organizan, jerarquizan y legitiman un orden moral “civilizado”. Temor, deseo y esperanza, tres experiencias vitales que posibilitan los efectos pacificadores del Leviatán, ante la desigualdad material requerida para, y reproducida por, el desarrollo comercial e industrial. Teniendo esto presente, en el próximo apartado se puntualizan algunas transformaciones del Estado, las políticas públicas y las sensibilidades sociales, vinculadas a la disposición final de la basura en las últimas décadas del siglo XX.

Estado, políticas públicas y sensibilidades: delante de los problemas, detrás de las “soluciones”

Esta sección, parte del supuesto de que las reglas de juego entre Estado y sociedad, no han variado en esencia. Sus principales transformaciones, más bien, refieren a los “nuevos” actores y las innovaciones estratégicas (Oszlak, 1997). En sintonía con lo expuesto anteriormente, las políticas públicas parten de unos modos de percibir el mundo, que son re-producidos en las intervenciones y omisiones estatales (Tamayo Sáez, 1997). Ambos relacionamientos, posibilitan una aproximación a las políticas públicas argentinas durante las últimas décadas, y sus “sensibilidades” hacia la basura.

Para comenzar, el surgimiento del Estado-nación argentino se caracteriza por “(…) la determinación de un espacio territorial, el establecimiento de relaciones de producción e intercambio, la conformación de clases sociales y el desarrollo de sentimientos de pertenencia y destino común que dieron contenido simbólico a la idea de nación” (Oszlak, 1997: 5). Dichos elementos, están presentes en las relaciones operativas entre Estado y sociedad. La dominación estatal, deriva de las relaciones funcionales (división social del trabajo y provisión de bienes y servicios esenciales) y materiales (redistribución del excedente social) que establece sobre el conjunto social. Al profundizar estas relaciones de dominación, se distinguen tres componentes: autonomía, capacidad institucional y legitimidad (Oszlak, 1997).

La autonomía estatal está vinculada a la determinación de su campo de acción. Así, las intervenciones y omisiones estatales, son una expresión política-ideológica de su objeto de intervención, en cada momento histórico. A modo ilustrativo, las políticas estatales de “Orden y Progreso” se materializaron en la conformación social e identitaria de finales del siglo XIX; mientras que su versión de “ajuste y revolución productiva” (Oszlak, 1997), degradaron las materialidades de la clase trabajadora al cierre del siglo XX. De tal manera, el armado de una agenda estatal, de una estrategia de gobierno, refleja las sensibilidades sociales vigentes en el aparato estatal. Algo similar ocurre en lo referido al ejercicio de su capacidad institucional; es decir, al momento de implementar las intervenciones estatales en la sociedad.

Las políticas públicas funcionan como un sistema de objetivos, decisiones y acciones, que se inicia cuando el gobierno percibe un objeto importante. En primer lugar, los “problemas sociales” no existen en abstracto, sino que son construidos y definidos por la subjetividad, los intereses y los valores de un observador. En segundo lugar, tal acto de percepción es realizado por agentes que desempeñan funciones políticas dentro del Estado, los actores de gobierno. Los objetos sociales, entonces, son “filtrados” por los valores, las capacidades técnicas-formativas y los intereses de dichos agentes. Por lo tanto, los modos de percibir, nominar y definir las problemáticas sociales, están asociados a las sensibilidades de quienes ocupan los cargos directivos (policy makers). Por último, las políticas públicas se orientan a mitigar, eliminar alguna dimensión o cambiar el estado de un problema. En sentido estricto, pocas veces los problemas abordados por el Estado son resueltos; en la mayoría de los casos son transformados, aminorados o desplazados (Tamayo Sáez, 1997).

Un tercer componente de la dominación estatal, se circunscribe en la legitimidad para ejercerla. Para eso, resulta clave generar consenso acerca del orden establecido y el rol del Estado (Oszlak, 1997). El diseño de una agenda estatal-pública que sea interesante para la sociedad, que capte su atención (y viceversa), suele ser la estrategia priorizada. En general, puede sostenerse que las preocupaciones de la sociedad son más amplias y diversas, que los problemas detectados y atendidos por el Estado. Por lo cual, en la correspondencia de la agenda estatal respecto a las demandas sociales imperantes, reside gran parte de la legitimidad. En medio, o más bien, a ambos lados, operan los “grupos de presión” que defienden intereses económicos e ideológicos particulares (Tamayo Sáez, 1997).

Desde este enfoque, en Argentina, la relación Estado-sociedad manifestó una creciente confianza hacia la “mano invisible” del mercado, desde la década de 1970. El desplazamiento de muchas de las relaciones funcionales hacia el sector privado, por su parte, es consecuencia y causante de las sensibilidades sociales pro mercado (Oszlak, 1997). En Córdoba, por ejemplo, la basura pasó a ser manejada por empresas privadas, y a ser enterrada en un relleno sanitario fuera del ejido municipal. Ambas cuestiones, reproducen la solución ecológica implementada con la creación del CEAMSE,[7] en 1977 (Laura, 1978). A través de esa política pública la Capital Federal “resolvió” su problema con la disposición final de la basura, desplazándola hacia el conurbano bonaerense (D’hers, 2011). En ese mismo acto, el relleno sanitario quedó institucionalizado como el único destino final legitimo para la basura. El promotor oficial del CEAMSE, Guillermo Laura, aseguraba que: “la basura de este modo servirá de nutrientes a millones de plantas productoras de oxígeno” (1978: 22).

En el marco de reformas del Estado, y de la sociedad (Oszlak, 1997), en la década de 1990, se institucionalizó una nueva gobernanza ambiental, que transformo estructura productiva de sectores como la minería, la agricultura y los servicios públicos/privados. Los capitales privados, quedaron encargados de la explotación, producción y prestación; mientras que el rol estatal se circunscribió a dos tareas: a) oficiar como promotor de la inversión privada y captador de créditos internacionales para obras públicas; b) asegurar la gobernabilidad y salvaguardar la seguridad jurídica de las inversiones conseguidas (Machado Aráoz, 2013).

Las transferencias de las funciones estatales hacia el sector privado, fortalecieron los vínculos entre los grupos económicos concentrados y los representantes políticos. En ese sentido, la percepción de la gestión privada como “más eficiente” que la estatal, puede ser interpretada como una extensión de la hegemonía cultural de los estratos sociales más privilegiados. Nuevamente, el Estado nacional ocupa un papel protagónico en tal proceso, puesto que para ocuparse “de aquello que debe ocuparse” (Oszlak, 1997), privatizó bienes y servicios esenciales, estableció emprendimientos compartidos con actores privados (partnerships), y delegó responsabilidades a los niveles provinciales y municipales, sin las correspondientes partidas presupuestarias.

Luego de la crisis de 2001-2002, se estableció la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU, 2005). En la misma, el manejo de la basura es reafirmado como un servicio público y de incumbencia municipal, orientado a la minimización, eliminación y valorización de los residuos. En las principales ciudades, generalmente, la basura es manejada por un conjunto de empresas de capitales nacionales y trasnacionales, que estructuran sus negocios en dos tipos: los de eliminación (servicios de higiene urbana y de disposición final de basura) y los de valorización (recuperación, clasificación, acopio y reciclaje de residuos) (D’hers y Shammah, 2015; Pellón, 2019a; 2019b).

En la política pública nacional, el relleno sanitario perdura como única “solución” al problema de la disposición final de la basura. No obstante, las enfermedades y estigmatizaciones de las poblaciones próximas a rellenos sanitarios, tornan palpable las consecuentes degradaciones ambientales, sanitarias e identitarias (D’hers, 2011). De hecho, la ENGIRSU reconoce como un obstáculo la “Resistencia de los pobladores, con respecto a la instalación de sitios de disposición final de residuos, en particular aquellos generados en otras jurisdicciones distintas a la suya (Efecto NIMBY)” (2005: 10). El mencionado “Efecto NIMBY” (“Not in my back yard”: “No en mi patio trasero”) representa una percepción social y global de la aversión que producen los basurales, especialmente, cuando se trata de la basura producida por otros.

En este escenario, la pérdida de legitimidad de “lo estatal” y de las políticas públicas reúne, al menos, dos elementos. Uno, está relacionado a los actores económicos que encuentran en las estructuras estatales, la clave para sostener sus procesos de acumulación de capital (Oszlak, 1997). Otro, está vinculado a un sesgo cultural (o “civilizatorio”). Las sensibilidades personales y de clase de los decisores políticos, se ven reflejados en el diseño y son re-producidos en la implementación de intervenciones estatales. En ese sentido, la mayoría de los debates en torno a las políticas públicas son ideológicos, más allá de las argumentaciones “científicas” y “racionales” que suelen acompañarlas (Tamayo Sáez, 1997).

Por lo expuesto, la legitimidad que otorga el Estado al relleno sanitario, en tanto solución “ecológica” y “sustentable”, nos da una pista acerca de las sensibilidades sociales involucradas en las políticas de disposición final de la basura. A fin profundizar en ello, en el próximo apartado se describe, brevemente, la historia de la disposición final de la basura en Córdoba.

La disposición final de la basura en Córdoba y la creación de CORMECOR: ¿un nuevo “gigante” u otro “pequeño” Leviatán?

Los registros de la Córdoba-colonia española, señalan que las primeras acciones desde la intendencia se orientaron a “retirar de la ‘vista’ de los habitantes sus propios desperdicios” (González Salva, Pintos Iacono y Ficco, 2011: 2). La confluencia del río Suquía con el arroyo La Cañada (hoy, pleno centro cordobés), fue el espacio dispuesto para arrojar la basura. Hacia 1910, se inauguró un horno incinerador en barrio Observatorio (macrocentro), consolidándose la quema como el tratamiento apropiado, y reforzando los criterios estéticos con acciones del orden sanitario. Las ciudades argentinas habían crecido a raíz de las inmigraciones europeas y las ideologías higienistas se encontraban en su apogeo. En ese marco, se estructuró una fuerte percepción social de la basura y la pobreza, como objetos peligrosos y abyectos (D’hers, 2011).

En 1960, comenzó a funcionar otro horno incinerador, de mayor capacidad, en Villa Belgrano (ribera noroeste del Suquía, hoy, uno de los barrios más “distinguidos”). Al inicio de la siguiente década, la Municipalidad de Córdoba contrató a la Cooperativa de Servicios y Provisión de Camiones Córdoba Limitada, para la recolección domiciliaria de basura. Durante el “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), se cerraron los hornos y se habilitaron seis basurales, fuera del ejido urbano. A principios de 1978, el servicio de recolección pasó a manos de la firma Venturino S.A.[8] Antes de finalizar el año 1981, el municipio contrató a ASEO S.A. [9] para las tareas de higiene urbana y para la construcción del primer relleno sanitario de Córdoba (LVI, 01/04/2010; 03/06/2018).

En 1982, se inauguró el relleno sanitario en Potrero del Estado, que estuvo operativo hasta el año 2010. Producto de una serie de acciones colectivas e institucionales impulsadas por la comunidad de Bouwer,[10] la Municipalidad de Córdoba se vio obligada a cerrar el enterramiento:

(…) respecto al cierre de Bouwer hay una pequeña historia detrás de eso. Cuando se re-definen los ejidos de los distintos municipios, el vertedero de Bouwer queda dentro del ejido de la Municipalidad de Bouwer. La Municipalidad de Bouwer saca una resolución prohibiendo la introducción de residuos de otras localidades en su ejido y le da 180 días de plazo a la Municipalidad de Córdoba para cerrar el vertedero. El Intendente Giacomino lo cierra un día antes de vencerse ese plazo. (Adolfo González, Representante de la Municipalidad de Bouwer, APA 24/11/2015).

Ante la urgencia por “resolver” el enterramiento unas 2.000 toneladas de basura que se recolectan a diario, la Municipalidad de Córdoba re-abrió Piedra Blanca. Este sitio fue uno de los basurales implementados durante el último gobierno cívico-militar; ubicado en la misma zona geográfica que Potrero del Estado, pero en jurisdicción de la capital.[11] Ante las limitaciones de Piedra Blanca para seguir receptando desechos, en 2012, los gobiernos de la provincia y de la capital impulsaron la creación de la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba Sociedad Anónima (CORMECOR). La misma, se constituyó con un capital inicial de 41 millones de pesos aportados por la Municipalidad de Córdoba, 7,5 millones de pesos en aportes de otros 13 municipios y 1,5 millones de pesos del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC) (LVI, 02/11/2012).

Entre los “amplios poderes” de CORMECOR (LVI, 25/10/2012), se contempla la venta de acciones para acceder a financiamiento privado y la absorción de las responsabilidades de posclausura de Potrero del Estado, y de clausura y posclausura de Piedra Blanca. No obstante, el objeto principal de la corporación refiere a la administración de un Complejo Ambiental. En 2013, autoridades del gobierno provincial y de CORMECOR anunciaron la expropiación de dos terrenos: uno, para la disposición final, ubicado a 700 metros de Potrero del Estado; otro, para centro de transferencia, en jurisdicción de Estación Juárez Celman.[12] En esta estrategia política, la ubicación del Complejo Ambiental presenta un aspecto novedoso: “No pertenece a ningún municipio. Es un predio que no está alcanzado por el radio urbano de ningún municipio y de ninguna comuna” (Oscar González, Jefe de Gabinete provincial, en LVI 27/05/2013).

En esos tiempos, la agenda “ambiental” era atravesada por dos conflictos sociales, inscriptos en “los bordes” de la capital. Por un lado, la Asamblea “Malvinas Lucha por la Vida” protagonizaba una serie de acciones de resistencia y rechazo a la instalación de una planta de la empresa Monsanto.[13] Por otro lado, habitantes de Bouwer y de Estación Juárez Celman, realizaban cortes de ruta al sur y al norte de la capital, en rechazo de las instalaciones proyectadas por CORMECOR (LVI, 07/06/2013). A las acciones del colectivo “Bouwer Sin Basura”, se le suma un nuevo actor, “Santa María Sin Basura”.[14]

En julio de 2014, se sancionó la nueva Política Ambiental Provincial (Ley N° 10.208), para la gestión sustentable del ambiente. Su principal impulsor, fue el gobernador José Manuel de la Sota, en pos de una nueva “convivencia ambiental” (LVI, 12/06/2014). Vale mencionarse que, mientras se firmaba esta nueva ley, las fuerzas policiales reprimían a quienes manifestaban su rechazo en las inmediaciones de la legislatura.[15] Entre las innovaciones destacadas, la legislación establece que, de acuerdo a los niveles de complejidad ambiental, los proyectos sometidos a Estudios de Impacto Ambiental deberán contar con algún mecanismo de participación ciudadana. Acorde a los procedimientos legítimos, CORMECOR contrató a “Geoambiental, Geólogos Consultores” para la realización del estudio.[16] Además, se solicitaron informes técnicos al Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA-UNC) y al Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA-UNC), de la Universidad Nacional de Córdoba.

Los documentos ofrecidos por dichas instituciones, dieron aval técnico y, en 2015, el Estado provincial otorgó la “licencia ambiental para llevar adelante el proyecto del Complejo Ambiental” (CORMECOR, en Pellón, 2019b). Luego, se convocó a “instituciones y vecinos” para celebrar la Audiencia Pública Ambiental (APA), y avanzar hacia el Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba. La cita fue en el Club Palermo Bajo (extremo noroeste de la capital), el día martes 24 de noviembre, a las 10:00am. En la siguiente imagen, se presenta la ubicación de los sitios mencionados.

Imagen 1. Ubicación del “proyectado” Complejo Ambiental y lugar donde se realizó la Audiencia Pública Ambiental.

Elaboración propia, año 2020.

En la Imagen 1, se muestran las localizaciones del anterior basural (Potrero del Estado), del actual (Piedra Blanca), del proyectado (Complejo Ambiental) y del club donde se realizó la audiencia (A). La considerable distancia entre los dos últimos, marca cierta intención de alejamiento de los organizadores de la audiencia, respecto a la población más afectada por el proyecto. En la misma línea, podría interpretarse la elección de un día y horario laboral. Por otra parte, un periodista especializado en la temática de residuos, y partícipe de la audiencia, aporta para comprender la lógica de este mecanismo:

(...) lo que pasa que las audiencias públicas no son vinculantes. (...) Es una instancia que, de catarsis: vos vas y haces catarsis un rato, puteas, que sé yo, das lo que sea... y nada más. No tiene un, la decisión generalmente ya está tomada cuando llega una instancia de audiencia pública (Periodista, EE 16/11/2016).

Durante la audiencia, hicieron uso de la palabra unos 50 expositores, principalmente: autoridades municipales y de la corporación, profesionales vinculados a instituciones científicas estatales (INTI, UTN, UNC), representantes de organizaciones pro valorización de residuos y un par de trabajadores del SURBACC. Este grupo incluye a varios responsables directos de la política pública que, habiendo diseñado e impulsado el proyecto, también desempeñaron un rol protagónico en la audiencia: siendo los primeros en ocupar la palabra, y los más cuantiosos.

Lo que me trae hoy acá es venir a traer la voz de la Municipalidad de Córdoba en algo que para nosotros nos llena de felicidad. Estamos realmente muy felices, y esa frase no, no debiera ser patrimonio solamente de los que ganaron el domingo las elecciones[17], debería ser patrimonio en este caso de todos los que creemos que la forma de avanzar tiene que ver con elaborar y poder llevar adelante verdaderas políticas públicas (Marcelo Cossar, Viceintendente de Córdoba, en APA 24/11/2015).

Los responsables y promotores de la “verdadera política pública”, apoyaron enérgicamente su iniciativa y manifestaron, expresamente, felicidad, ansiedad, gratitud, satisfacción, compromiso, tranquilidad y responsabilidad, entre otras emociones (APA, 24/11/2015). En opuesto sentido, se expresaron un representante de la Municipalidad de Bouwer, tres habitantes de la “zona óptima”, un asesor técnico (ingeniero agrónomo) y un abogado defensor de habitantes de “Campos del Virrey” (“barrio privado” colindante al predio). Estos, manifestaron su rechazo respecto a la ubicación del complejo y, reiteradas veces, invitaron a los oradores anteriores a recibir en sus territorios a tan elogiado proyecto. Tristeza, bronca, desprecio, incertidumbre, escepticismo y desesperación, fueron algunas de las emociones expresadas por este grupo. En esos momentos, advino el espacio de catarsis: “Basta de ponernos la mugre de Córdoba al lado de nuestras casas. ¡Basta, no lo soportamos más!” (Habitante próxima al predio, APA 24/11/2015). De todos modos, la audiencia se desarrolló con relativa normalidad, en un clima tensionado entre la alegría de unos y la desgracia de otros.

En el próximo apartado, se profundizan algunos elementos mencionados, para describir con algo más de detalle los dispositivos reunidos en torno al Complejo Ambiental.

El Complejo Ambiental: ¿un dispositivo “sustentable”?

A partir de lo precedente, en cada época, la disposición final de la basura fue acompañada por dispositivos creados a tal fin. Al comienzo, para retirar la basura de la vista de la población, bastó con arrojarla al lecho del Suquía. Luego, los desechos pasaron a “desaparecer” en los hornos de incineración. En la década de 1970, la basura pasó a ser “expulsada” fuera de la ciudad y, al poco tiempo, con los rellenos sanitarios, se agregó el cavado de fosas, la construcción de contrapisos y la cobertura final con tierra.

El Complejo Ambiental de CORMECOR, contempla un relleno sanitario con mecanismos para la captación de lixiviados y gases, a fin de mitigar algunos de sus efectos más contaminantes. Se incluye, además, plantas y galpones anexos, destinados a la recuperación y/o valorización de residuos. Al comenzar la audiencia pública, se proyectó un video simulando cómo se vería el complejo en estado operativo. Además, se realizó una presentación resumida del Estudio de Impacto Ambiental: los módulos del relleno “van a tener una altura máxima de 20 metros con cobertura final con parquización” (APA, 24/11/2015) y el principal impacto ambiental será paisajístico. Para mitigar esto, se contempla una cortina forestal sobre el perímetro del predio.[18]

Por otra parte, el sitio donde se emplazaría el Complejo Ambiental es una zona rural que no pertenece a ningún municipio ni comuna. Estos elementos, darían la apariencia de un territorio “desierto”, de que nadie será afectado por el proyecto.

(…) las urgencias territoriales no son las mismas acá, que en Francia. Allá, en Francia, o en Europa, se sabe que tienen que defender sí o sí la poca tierra productiva que le queda (...) Acá, como la tierra sobra (...) Es una tentación porque decís ‘mira toda la tierra que tengo’ (Periodista, EE 16/11/2016).

La fantasía de que en Argentina “sobra tierra” productiva, encuentra un antecedente directo en la constitución del Estado-nación, siendo la “Conquista del Desierto” un hito insoslayable. Esa campaña militar, implicó el exterminio/asimilación de todo pueblo/territorio que no estuviese sujeto al régimen productivo agro-exportador (Machado Aráoz y Paz, 2016). En ese sentido, pareciera que la fantasía de las pampas y lo rural como desierto perdura, e inclusive, se metamorfosea con la crisis ecológica (Machado Aráoz, 2013). Entonces, por un lado, el pasaje del relleno sanitario al complejo ambiental, señala un desplazamiento de “lo ecológico” a “lo sustentable”. Mientras que, por otro lado, el rechazo individual/colectivo e institucional (de los municipios “vecinos”) al Complejo Ambiental, demuestra que se trata de una zona habitada y productiva.

Los cuerpos sacrificados/sacrificables reconocen, claramente, su posición en este nuevo llamado al orden: “Todo lo que molesta a la ciudad de Córdoba: Ruta 36, la gente de Bouwer siempre presente ahí” (Habitante y productor agropecuario colindante al predio, APA 24/11/2015). Por su parte, cuando estos cuerpos ocluidos por la política pública, salen de su condición social de invisibilidad, son recibidos por la racionalidad de los “civilizados”: “Nadie quiere tener un enterramiento sanitario cerca. (…) o sea, existe en todas partes del mundo la resistencia. Ahora, esa resistencia tiene que ser también racional”[19] (Periodista, EE 16/11/2016). Adicionalmente, las transformaciones en los manejos “legítimos” de la basura, al calor de la crisis ecológica, ganan velocidad. El apetito de unos, intensifica los dispositivos de racionalización, en clave de acciones urgentes por el bien de “todos”.

No nos queda mucho más tiempo; acá otros expositores han hablado del crecimiento poblacional, han hablado de la generación de basura, del sistema de vida que llevamos que no ayuda y aporta a que cada vez generemos más basura. Y digo basura, pero en realidad debería decir residuos sólidos urbanos (Antonio Bruno, jefe comunal de Villa Los Aromos, APA, 24/11/2015).

En la cita precedente, se percibe el “apurado” esfuerzo de un representante político por “re-cubrir” la basura: darle apariencia de residuo, de recurso para el “desarrollo sustentable”. A su vez, el fantasma del “fin del mundo” trae al presente el derrotero de la zona sur como basural de la capital durante las últimas cuatro décadas. Sin embargo, y pese a las urgencias de unos, desde julio de 2017, el inicio de obras del Complejo Ambiental se encuentra obstaculizado por una medida cautelar, dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La decisión se sostiene sobre tres recursos de amparo presentados por 450 habitantes y la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana (LVI, 10/07/2018). A modo de cierre del presente capítulo, en el próximo aparato se interpretan algunos rasgos sobresalientes en torno al Estado, las políticas públicas y el caso de CORMECOR.

Consideraciones finales

Con la estructura de este escrito se intentó reflejar la vigencia del “viejo” Leviatán en las sensibilidades sociales vinculadas a la basura. Así, la obra de Hobbes resultó sumamente estimulante en, al menos, cinco sentidos. En primer lugar, la importancia otorgada a las imágenes, apariencias y fantasías al momento de percibir el mundo, enfatiza todo lo que hay de social en las acciones de percepción. Por ello, para alcanzar un orden “pacífico” y duradero, el soberano debe establecer y controlar cuáles son e-mocionalidades legítimas, y cuáles no. En ese sentido, el Derecho y la moral “civilizada” son dos dispositivos del poder estatal que mantienen plena vigencia.

A más de cuatro décadas de iniciada la reforma del Estado, sus relaciones sociales y la sociedad misma se ha reformado (Oszlak, 1997). En consecuencia, la producción, distribución y prestación de bienes y servicios esenciales por parte de empresas de capital privado, hoy, se presenta y percibe como algo totalmente naturalizado. Los valores personales, los intereses y las ideologías de quienes ocupan cargos directivos en el aparato estatal, son el punto de partida, de sostenimiento y el producto final de toda política pública (Tamayo Sáez, 1997). La historia y el presente de la gestión de la basura en Córdoba, muestra que los decisores de las políticas públicas ven sistemáticamente con mejores ojos a la “mano del mercado”. A través de estas acciones estatales, las sensibilidades sociales pro mercado son comunicadas, distribuidas e incorporadas.

El desafío del municipio es demostrar de esta vez va a hacer las cosas bien, de que va a haber todos los controles pertinentes, que [a] esa gente no se le va a afectar la calidad de vida (…) el desafío hoy por hoy, más que técnico es político. Pero político entendido bien, entendido en, a ver, cómo haces como Estado para que te crean. Para que te crean... es eso: es creer. Más cuando tus antecedentes son pésimos. (Periodista, EE 16/11/2016)

En tercer lugar, la metáfora de CORMECOR como nuevo “gigante” o “pequeño” Leviatán, intenta representar que el objeto de esta sociedad anónima metropolitana se orienta a garantizar el enterramiento de unas 60.000 toneladas mensuales de basura, durante los próximos 30 años.[20] Desde la propuesta de Hobbes, al desafío de CORMECOR, el campo de la intervención estatal se constituye en torno a hacer creer y hacer sentir el advenimiento de un orden duradero y “en paz”. Quienes adhieren a sus ideales y deseos, son defendidos y legitimados.[21] Quienes se expresan en contrario, son deslegitimados, ocluidos e invisibilizados por el Derecho y la moral estatal.

(...) se trata de un trabajo serio, responsable, y que además tiene el sustento de una política de estado formulada más allá de las diferencias políticas, de los partidos políticos (…) En ese sentido es que nos animamos a plantear a la población que confíe en la seriedad de esta iniciativa… (John Boretto, presidente de Cormecor, APA, 24/11/2015).

En tercer lugar, el alto grado de cohesión de CORMECOR dentro del aparato estatal, y el “consenso” generado con los valores, intereses e ideologías de los grupos empresarios y las organizaciones pro-valorización de los residuos, puede ser leído como el producto de cuatro décadas políticas públicas privatizadoras. Los cuantiosos actores reunidos en este proyecto de “gestión sustentable”, puede ser interpretado como una apuesta por “re-cubrir” la des-confianza social producida por la Municipalidad de Córdoba. En ese sentido, la deslegitimación de “lo público”, es otro producto resultante de las políticas privatizadoras (Oszlak, 1997).

En el nuevo pacto de “convivencia ambiental”, se presenta una marcada correspondencia entre las sensibilidades sociales de los responsables políticos y los “líderes” empresarios. Los contratos de concesión y licitación de obras y servicios públicos vinculados a la basura en Córdoba, por su parte, muestran marcadas relaciones de proximidad entre quienes firman en nombre del Estado y quienes representan a los capitales privados. En esta dirección, el estudio de los negocios públicos-privados con la basura, posibilita una aproximación a comprender cómo es que las sensibilidades de unos, se tornan en sensibilidades “universales” (Scribano, 2012; 2015; 2019).

(…) nosotros somos una familia que hace 100 años que estamos en el lugar y quieren venir a meternos “de pecho” algo que no nos corresponde. Creo que como ciudadanos tenemos derechos, y los vamos a hacer valer... en algún lado los vamos a conseguir justicia. Esto no va a pasar: un atropello a nuestros derechos. La gente que vive en la zona, ¿cuándo nos vinieron a preguntar algo? De nuestra salud, gente grande... Mi madre tiene 80 años, con esto se me muere. ¡Están locos! Claro, porque hay 1.600.000 que hay que sacarles la basura, matemos a los otros: “los otros, no son gente, no me interesa”. Creo que no es así. Y nuestros derechos en algún lado los vamos a hacer valer, y quédense tranquilos que lo vamos a conseguir. Gracias. (Habitante y productor agropecuario, APA 24/11/2015).

Por último, los cuerpos individuales/colectivos que subsisten a los procesos depredatorios del capital, desmienten la “universalidad” de las sensibilidades aludidas. Desde su condición/posición de sacrificados/sacrificables, reconocen que siempre somos los mismos; y afirmando un nosotros, encuentran un instrumento de resistencia. Por esa vía, “la gente que vive en la zona”, quienes conforman una comunidad negada, quienes habitan un territorio dispuesto para los desechos de otros, levantan la voz y dicen ¡No!, otro basural, ¡no!

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1 Para mayor detalle acerca de políticas sociales, intervenciones estatales y sensibilidades sociales, ver DE SENA, Angélica (editora) (2014). Las políticas hechas cuerpo y lo social devenido emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales. C.A.B.A.: ESEditora.

2 En Aristóteles ya se encuentra una distinción entre razones y pasiones, y entre cuerpo, alma y movimiento; no obstante, durante el período en el que escribe Hobbes habría prevalecido el uso del término pasión. En tal sentido, a partir de la publicación de “La expresión de las emociones en los animales y en los hombres”, de Charles Darwin (1872), las pasiones quedan desplazadas por las emociones, especialmente en las ciencias sociales (Marimón Llorca, 2016).

3 Al respecto, Durkheim señala que “La idea de que las leyes del movimiento son las leyes de la naturaleza no es de su cosecha. Es la resultante de los descubrimientos de Galileo, y por otra parte es una idea que en el siglo XVII forma parte de la atmósfera científica” (2013: 34).

4 “En efecto, por lo que respecta a la fuerza corporal, el más débil tiene bastante fuerza para matar al más fuerte, ya sea mediante secretas maquinaciones o confederándose con otro que se halle en el mismo peligro que él se encuentra” (Hobbes, 2013: 86).

5 Durante la escritura de Leviatán, Inglaterra estaba atravesando un período de alta conflictividad conocido como Guerra Civil Inglesa. La principal disputa, giraba en torno a si la soberanía debía descansar en el Rey o en el Parlamento. Hobbes, adhería a los ideales materiales y “espirituales” de la burguesía, pero se oponía a ella como actor político (Skinner, 2010; Trucco, 2015).

6 En Leviatán, Hobbes redefine el concepto de libertad corporal que había trabajado en obras anteriores, eliminando la coexistencia de impedimentos arbitrarios o intrínsecos. A partir de entonces explica que cuando existen barreras externas al movimiento, no puede haber libertad; mientras que cuando los obstáculos son intrínsecos al cuerpo, lo que se ve afectado es la capacidad de movimiento, es decir, el poder. Por ello, se sostiene que “el temor y la libertad son compatibles”, a la vez que, esto “es lo único que (cuando todo parece indicar que es ventajoso o placentero violar las leyes) hace que los hombres cumplan lo convenido” (Hobbes, en Skinner, 2010: 134).

7 “Cinturón Ecológico del Área Metropolitana Sociedad del Estado” (Laura, 1978). Desde entonces, el CEAMSE coordina la exportación de la basura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia los rellenos sanitarios instalados en el conurbano bonaerense (D’hers, 2011). Años después de creado, la palabra “Cinturón” fue reemplazada por “Coordinación”.

8 La empresa era propiedad de Luis Rubén Venturino, quien gestionó los servicios de recolección de basura en Mar del Plata durante más de 30 años. En los años noventa, el ex vicepresidente Amado Boudou (2011-2015) habría sido gerente comercial de la firma (La Nación, 25/07/2012).

9 ASEO S.A., conformada por Waste Management International y SOCMA, dirigida por el padre del ex presidente Mauricio Macri. ASEO tuvo la concesión de los servicios de higiene urbana en Córdoba entre 1981 y 1984 (Pellón, 2016).

10 Localidad de unos 2.000 habitantes, ubicada 17 kilómetros al sur de Córdoba.

11 “Después de 28 años la basura vuelve a Córdoba”, fue el titular del principal diario local (LVI, 01/04/2010).

12 Localidad de unos 6.000 habitantes, ubicada 19 kilómetros al norte de la capital. Ante la publicidad del proyecto, la población presionó al gobierno municipal, que optó por realizar un relevamiento de opinión entre sus habitantes. En consecuencia, desde la intendencia se envió una nota para desvincularse de CORMECOR y exigir la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.

13 Malvinas Argentinas se ubica 14 kilómetros al este de la capital, con una población de 12.000 habitantes.

14 “Santa María sin Basura es un colectivo de vecinos autoconvocados conformado a partir de octubre de 2016 para impedir la instalación de un megabasural en las inmediaciones de su pueblo, Villa Parque Santa Ana. Ésta es una localidad de 5.000 habitantes ubicada a 20 km al Sur de la ciudad de Córdoba...”. Santa María Sin Basura. Disponible en: http://www.santamariasinbasura.com/inicio/. Fecha de consulta, 10/07/2019.

15 Algunas imágenes de la aludida represión, se encuentran disponibles en: https://www.anred.org/2014/06/12/cordoba-represion-policial-y-detenidos-durante-la-reforma-de-la-ley-ambiental-provincial/. Agencia de Noticias RedAcción. Fecha de consulta, 01/04/2020.

16 Una versión del mismo se encuentra disponible en: http://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2015/11/EIA-Cormecor.pdf. Fecha de consulta, 01/04/2020.

17 Dos días antes de la audiencia, Mauricio Macri (Alianza Cambiemos) resultó electo presidente de la Nación.

18 “… es mucho más visible el enterramiento de la ruta 36 de lo que va a ser este. Porque el enterramiento de la ruta, de Piedra Blanca, lo ves, está ahí al lado de la ruta. Han hecho una montaña que antes no estaba” (Periodista, EE 16/11/2016).

19 Como parte de una estrategia mediática, los “ambientalistas” han sido clasificados en “racionales” (quienes comprenden los intereses económicos en juego) y “bobos” (quienes ponen en peligro a las inversiones) (InfoNegocios, 10/11/2016). Allí, como en Hobbes (2013), la racionalidad es entendida como cómputo.

20 “… el proyecto del Complejo Ambiental que está previsto que funcione entre el año 2016 y el año 2046. Es decir, se ha planteado un plan de una vida útil de 30 años” (Presentación, APA, 24/11/2015)

21“Las universidades, para quienes doy un agradecimiento expreso, vapuleados por algunos irresponsables que lo único que buscan es generar caos en la sociedad” (Marcelo Cossar, vice intendente de Córdoba, APA 24/11/2015).

Primeros esbozos conceptuales para el abordaje de las políticas de vivienda

Florencia Bareiro Gardenal

Introducción

Para comenzar el recorrido es necesario definir al Estado con el objetivo de entender cómo opera desde las políticas públicas y luego vincularlo con las políticas sociales. Se tendrán en cuenta las intervenciones que realizan estas políticas dentro de un campo complejo que presenta muchos niveles y una perspectiva multifacética donde emergen diferentes dimensiones que integran a la cuestión social.

Luego se hará un repaso por las principales concepciones que se tienen en cuenta al hablar sobre la problemática del espacio urbano habitable en relación con las políticas de vivienda. Se realizarán unas breves consideraciones de conceptos que subyacen y les dan contexto a estas políticas como el derecho a la ciudad, el derecho al espacio urbano y la segregación espacial.

También se describirán dos modalidades que representan a las políticas de vivienda: las políticas convencionales y no convencionales, cómo éstas están en relación con diferentes modalidades que tienen que ver una con lo hegemónico y la intervención directa del Estado y la otra con lo alternativo y la intervención indirecta del Estado. Encontraremos que ambos tipos de políticas se rigen bajo un criterio mercantil: mientras que una de las intervenciones incluye a aquellos que pueden permanecer dentro de esta lógica, las otras intervenciones atienden a los “caídos” de la lógica del mercado, a modo de compensación.

Por último, se realizará un recorrido que vincula a las políticas sociales con las políticas de espacio (Cervio, 2015b) desde la sociología de los cuerpos y emociones (sensu Scribano) buscando ver cómo éstas inciden en los modos de sentir y hacer propia la ciudad, principalmente en condiciones de segregación socio-espacial. Se finalizará con unas breves reflexiones.

Un primer acercamiento a las políticas públicas y las políticas sociales

Tenemos que definir, en primera instancia, al Estado para entender cómo se opera desde las políticas ya que es este actor de la sociedad quien, en palabras de Scribano y De Sena (2013), por su capacidad coercitiva y por la generalidad del alcance de su intervención, se constituye como la institución política por excelencia y el principal ejecutor de políticas orientadas a producir efectos que involucran a la sociedad en su conjunto, contribuyendo de tal manera a modelar de modo decisivo el ámbito público y privado de la misma.

El Estado es “la máxima instancia de articulación social” (Oszlak, 1997: 3) pero el papel que cumple fue cambiando en las últimas décadas respecto a la responsabilidad asumida por los estados subnacionales y el sector privado en la producción de bienes y servicios. Existe un “tratado de límites” (Oszlak, 1997) que está tensionado todo el tiempo entre la sociedad y el estado donde aparecen medidas como la privatización, la descentralización, la desregulación o la reducción del aparato institucional que instrumentan el “desplazamiento fronterizo” dentro de ese tratado de límites.

El rol del Estado, definido por Oszlak (1997), se concibe como una expresión político-ideológica de la agenda estatal vigente que representa el “espacio problemático de una sociedad, el conjunto de cuestiones no resueltas que afectan a uno o más de sus sectores y que constituyen el objeto de acción del estado, su dominio funcional” (Oszlak, 1997: 5). Aquí toman lugar las políticas que el mismo adopte, éstas son tomas de posición de sus representantes e instituciones frente a las diversas opciones de resolución de esas cuestiones cómo se verá a continuación al analizar las políticas públicas.

Las políticas públicas se definen, según Tamayo Sáez (1997: 2), como el “conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar problemas y este proceso comienza justamente cuando se detecta la existencia de un problema que, debido a su importancia, merece su atención”. Este proceso, se podría decir, concluye con la evaluación de los resultados obtenidos de las acciones elegidas para eliminar o mitigar ese mismo problema, pero, en realidad, el proceso de las políticas públicas tiene un carácter cíclico ya que una vez efectuada la intervención y luego de la evaluación, se observa si es necesario seguir actuando. Esto daría lugar a un nuevo proceso de formulación de alternativas. Así se interpreta que los resultados de la política retroalimentan el proceso.

Como se adelantó con Oszlak (1997), las políticas públicas “siempre responden a un proyecto político determinado, en el marco de un sistema político-administrativo, que responden al sistema de acumulación vigente” (Scribano y De Sena, 2013: 4). Además, poseen un carácter ideológico ya que “se plantean frente a la sociedad como la única alternativa posible que garantiza soluciones supuestamente generales y beneficiosas para la nación en cuestión” (Scribano y De Sena, 2013: 5).

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de lo que significa la detección de los problemas, en primer lugar, es importante que estos se encuentren con la suficiente antelación para poder controlar sus efectos. En segundo lugar, el volumen total de problemáticas que preocupan a la sociedad es más amplio que el de problemas que reciben atención por parte de las administraciones públicas (Tamayo Sáez, 1997). Existen diferentes agendas que se ponen en juego aquí según el autor: la “agenda sistémica” que reúne los problemas que preocupan a la sociedad en un momento determinado y que de ella se extraen algunos de esos problemas para confeccionar “la agenda institucional” o “agenda política”, pero, en muchos casos los problemas que entran en esta última agenda después de un tiempo desaparecen de ella o no reciben atención hasta que pasa un largo período de tiempo.

Volviendo a la concepción del proceso cíclico que representan las políticas, entonces, el impacto de ellas -siguiendo a Tamayo Sáez (1997)-, consigue aminorar o eliminar unas dimensiones del problema, poniendo en evidencia la existencia de otras dimensiones. De esta manera se acumulan problemas viejos y recurrentes ya que estos en muy pocas ocasiones tienen una solución definitiva, sino que se transforma la demanda de cantidad a calidad. Esta complejidad que tiene lugar en las políticas públicas también va a estar presente en las políticas sociales y en las intervenciones que representan a las políticas de vivienda como por ejemplo mitigar el problema de la vivienda entregando materiales para la construcción, este punto se profundizará más adelante.

Dentro de las políticas públicas se encuentran las políticas sociales que podemos decir que apuntan, según Danani (2009) a representar un campo de políticas complejo en el que están contenidas múltiples dimensiones que se relacionan entre sí: los procesos político-culturales, económicos e institucionales, pero también el género, la edad, la orientación ideológica, entre otros aspectos que están presentes en este campo y se vinculan y moldean recíprocamente.

El problema del cual se va a ocupar la política social es el de la reproducción social en sociedades tensionadas por la libertad e igualdad formal de los individuos y por las condiciones “reales” de vida impuestas por la mercantilización de la fuerza de trabajo. Estas condiciones recrean permanentemente la dependencia y la subordinación de las personas bajo variadas formas (De Sena, 2014). El desarrollo de las políticas sociales es un proceso sociopolítico, institucional, económico y cultural, en el que se construyen el trabajo y la política y en el que una sociedad define los sujetos, objetos y medios legítimos de satisfacción de las necesidades (Lindenboim y Danani, 2003, citado en Danani, 2009). Su análisis comienza, generalmente, con aquello que se define como cuestión social.

Si continuamos problematizando su definición, según De Sena (2014), se debe prestar atención al lugar que ocupan en las sociedades actuales en términos de estructuración social, qué rol e influencia poseen en la definición y configuración de la cuestión social, qué bienes y servicios ponen en circulación, desde qué esferas de la estructura social y hacia cuales, qué implican en términos normativos, qué impacto producen en términos de reproducción o disminución de las desigualdades existentes, en qué medida se vinculan con otras políticas públicas, por qué son exclusivamente intervenciones estatales; entre otros interrogantes.

Estos interrogantes que menciona la autora forman parte, en palabras de Oszlak (1997) de la cuestión social, es decir, “los conflictos alrededor de la equitativa distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades, suscitados a raíz de las tensiones y contradicciones sociales generadas por el orden capitalista que se iba conformando” (Oszlak, 1997: 6). Es así como el Estado nacional asumió responsabilidades ligadas a atenuar el conflicto social traducidas en programas y políticas que apuntaron a la reducción de la pobreza, al logro de mejores condiciones de trabajo, a la preservación de la salud, la institución de regímenes de previsión social o la extensión de la educación a las capas más desposeídas de la población.

En este primer acercamiento al Estado, las políticas públicas y luego a las políticas sociales como objetos de estudio, se da cuenta del entramado de redes de relaciones de conceptos más amplio donde adquieren sentido y complejidad (Cena, 2018) que presentan varias dimensiones como las “micro”, en referencia al conjunto de acontecimientos vinculados a la reproducción de la vida cotidiana de las personas, y las dimensiones “macro”, que aluden al conjunto de regularidades que posibilitan la producción y reproducción de los regímenes de acumulación.

Estas dos dimensiones, según Castel (1997), forman parte de la dinámica de la cuestión social en tanto concepto histórico y teórico que permite dar cuenta de la complejidad de fenómenos a los que alude, en tanto red conceptual que permite teorizar las tensiones entre conflicto y cohesión social y así dar cuenta de la complejidad que el nacimiento de “lo social” indica, así como se señaló con Oszlak (1997) anteriormente.

La complejidad de las políticas sociales radica en que “ayudan a la producción y reproducción de las y los sujetos bajo su cobertura” y que “resultan fuertemente funcionales con los requerimientos de los regímenes de acumulación”. De esta manera se dan dos cosas: la producción y reproducción de las condiciones de vida de algunos sectores poblacionales y al mismo tiempo la producción y reproducción del orden imperante (De Sena, 2014: 20)

Para seguir complejizando a la política social, Faleiros (1999) la describe como un campo donde es necesario considerar el movimiento real y concreto de las fuerzas sociales y de la coyuntura. Este movimiento al que se refiere se divide en dos: el movimiento del capital y, al mismo tiempo, de los movimientos sociales concretos. Así, las medidas llevadas a cabo por las políticas sociales “sólo pueden ser entendidas en el contexto de la estructura capitalista y en el movimiento histórico de las transformaciones sociales de esas estructuras” (Faleiros, 1999: 35).

En la misma línea, Borggiani y Montano (1999) indican que no se tiene que enfocar el estudio de las políticas sociales sólo al análisis del Estado como instancia autónoma, ya que se deben “aprehender las relaciones operadas en la sociedad civil, las luchas de clases, los movimientos sociales” (16). Aquí el autor profundiza en que las políticas sociales no son mecanismos lógico-formales estables de un Estado supraclasista de bienestar, o de un Estado funcional al capital, sino “el resultado contradictorio, tenso e inestable de esas luchas” (16).

Ahora bien, otro aspecto a considerar de las políticas sociales podría ser su dimensión territorial ya que, según Cena (2018), ellas intervienen sobre cuerpos situados en un lugar y tiempo determinados, pero, además se debe centrar la mirada en las interacciones y relaciones que significa ocupar un lugar en el mundo. Debido a que en las políticas sociales se involucran determinadas imágenes del mundo, entendidas como un conjunto de presuposiciones que implican que algunos aspectos del mundo social y no otros emerjan a la vista es importante entender cómo se abordará la problemática y los modos en que se afectará la producción y reproducción de los cuerpos/emociones (Scribano, 2012) intervenidos que son reelaboradas por los sujetos que sentirán, interpretarán y reaccionarán frente a las políticas sociales como se verá en los apartados que siguen.

De esta forma, “las políticas sociales hacen sociedad” (De Sena, 2014) debido a que actúan sobre los modelos de estructuración y acumulación social, al mismo tiempo que son el resultado de estos modelos y, además, que operan sobre los aspectos simbólicos de la vida y sobre aquellos asociados a lo cognitivo-afectivo (13). Según la autora, pensar en el tratamiento y regulación de la “cuestión social” (que fuimos nombrando a lo largo de este apartado) implica también comprender y develar las formas en que las políticas públicas y entre ellas, las sociales, crean subjetividades y configuran modelos y estructuras de sensibilidades que afectan las formas de vivenciar (y vivenciarse) de los sujetos intervenidos.

Para cerrar este primer acercamiento al rol del estado y la complejidad de las políticas públicas y las políticas sociales atravesadas por la cuestión social, se retoma a Carballeda (2010) cuando indica que lo social y las problemáticas que emergen desde aquí aluden a varias cuestiones:

Si lo social se presenta como una cuestión o como un interrogante, es decir como un conjunto de circunstancias que interpelan a la sociedad, no se vincula solo con la pobreza, sino que también con sus formas específicas, con los procesos de pauperización, con el impacto en la vida cotidiana de los pobres así como con otros asuntos que interpelan a la sociedad en su conjunto y que trascienden la esfera de la pobreza: la locura, la enfermedad, la conflictividad, los mecanismos de cohesión, los derechos sociales y civiles. Estos son los emergentes de la tensión entre integración y desintegración de ese todo que se denomina sociedad (Carballeda, 2010: 51)

Dentro de los asuntos que abarca la cuestión social se presentan también las condiciones de vivienda y del espacio habitable. Esta problemática se verá a continuación.

La problemática del espacio urbano habitable

Como vimos anteriormente tanto la política pública como las políticas sociales son intervenciones del Estado ante un problema que se encuentra establecido en su agenda (atravesados por un contexto socioeconómico y una ideología imperante). En este sentido, abordaremos las problemáticas del espacio urbano habitable que versarán en torno a las políticas de vivienda.

En primer lugar, definiremos algunos conceptos que subyacen a las políticas de vivienda y le dan un contexto como, por ejemplo, el derecho a la ciudad que es, según Harvey (2012), uno de los más descuidados porque se relaciona estrechamente con el poder configurador del proceso de urbanización y este proceso ha sido siempre un fenómeno relacionado a la división de clases, para poder extraer el excedente de la producción, y la concentración y el control de su uso en manos de unos pocos. Aquí es donde, según el autor, surge una conexión íntima entre el desarrollo del capitalismo y el proceso de urbanización, que desempeña un papel particularmente activo en la absorción del producto excedente que los capitalistas producen continuamente en su búsqueda de plusvalía. De esta manera, se entiende que el objeto vivienda es un objeto del mercado.

Otro de los conceptos es el del derecho al espacio urbano, que se retoma porque es importante entender que cuando hablemos de esta problemática nos referimos no sólo al techo, sino, de manera amplia al espacio urbano porque la localización de la vivienda, la infraestructura, los servicios públicos y demás cuestiones se conectan de forma indivisible con el problema de la vivienda.

“El problema de la vivienda, como el de la pobreza y la accesibilidad, se ha ido desplazando de un lugar a otro”, precisa Harvey (2012: 43) y en la misma línea, Oscar Oszlak (1983) se refiere al derecho al espacio urbano ligado estrechamente a la localización de la vivienda en relación a las oportunidades sociales y económicas que puedan surgir desde ella como la participación en la decisión sobre obras en espacios públicos, por ejemplo la posibilidad de que residentes influyan sobre la decisión del cierre de un establecimiento industrial contaminante.

Este derecho conlleva diversas externalidades estrechamente ligadas a la localización de la vivienda o la infraestructura económica, como la educación, la recreación, la fuente de trabajo, la atención de la salud, el transporte o los servicios públicos. En la medida en que estos bienes y servicios tengan una distribución geográfica desigual, las posibilidades de acceso a los mismos van a variar según el lugar de residencia (Oszlak, 1983: 34).

Esto, según Oszlak (1983), es particularmente notorio en las megalópolis latinoamericanas donde la extensión del equipamiento y los servicios crece habitualmente a un ritmo muy inferior al de suburbanización. Exceptuando ciertas islas residenciales ubicadas en el primer anillo suburbano y, en la medida que se avanza desde el núcleo central hacia la periferia del área metropolitana de estas grandes urbes, el equipamiento y la infraestructura de servicios resultan más precarios o, simplemente, no existen. Esta configuración de la ciudad que nombra Oszlak se describe de la siguiente manera:

En las áreas más marginales no existen redes de distribución de agua corriente y la que se obtiene es escasa o se halla contaminada. No existen tampoco cloacas, desagües o pavimentos. A veces, ni siquiera tienen el servicio de la luz eléctrica y se recurre como a una práctica difundida el “enganche” a la red pública. No existe tampoco una red de gas que llegue a todos los lugares y se obtiene sólo en garrafas. Los residuos se queman a cielo abierto y donde existe recolección el servicio es habitualmente contratado privadamente por los vecinos. No existen hospitales cercanos y las escasas escuelas están repletas de alumnos en varios turnos. El alumbrado público es deficiente y la vigilancia policial casi nula. El transporte al centro de la metrópoli es oneroso, insume un tiempo excesivo y se efectúa en condiciones infrahumanas. El paisaje urbano de esas zonas acusa la presencia de construcciones precarias, industrias contaminantes, barro, basura, ausencia de espacios verdes, de caminos transitables y de planificación urbana (Oszlak, 1983: 35-36)

Otro concepto que emerge aquí es el de la segregación socio-espacial. El mismo alude a la expresión territorial que adquieren los patrones de localización de diferentes segmentos sociales de población y de sus actividades como parte del proceso de producción de la ciudad (Rodríguez et al., 2007). Así, sectores excluidos del mercado obtienen las peores localizaciones urbanas y/o viven en las mayores condiciones de precariedad (físicas y socioculturales).

De esta manera podemos decir que en este contexto es donde aparecen en escena las políticas de vivienda, las cuales muchas veces tienen que ver con el desplazamiento de los que no pueden resolver el tema de la vivienda dentro de la lógica del mercado, hacía los márgenes o lejos de los centros urbanos como se expuso a partir de Harvey (2012) y Oszlak (1983)

Al retomar a Gargantini (2013) se puede afirmar que la política de vivienda “se concibe como el conjunto de decisiones y acciones (directas e indirectas) del Estado en materia habitacional” (2012:5). Además, la autora indica que todo proceso habitacional se genera en el marco de un sistema social, político y económico determinado. De esta manera, la formulación e implementación de políticas resultan tanto de factores económicos: “recursos, disponibilidad de financiamiento, créditos, poder adquisitivo de la población”; como de la correlación entre distintas fuerzas sociales que “poseen diferentes posicionamientos políticos dentro de una determinada sociedad durante un período histórico determinado” (2012: 6).

De esto se puede interpretar que la política urbana se encuentra atravesada por una lógica mercantil donde “el Estado presenta dificultades para regular los mercados de los suelos, por tanto, la implementación de las políticas de vivienda termina siendo explícitamente afín a los intereses del sector inmobiliario y la industria de la construcción, así como también se niegan las lógicas de la producción social (o popular) del hábitat” (Del Río y Duarte, 2012: 47).

Al analizar las intervenciones estatales existentes en Argentina, Zapata (2017) muestra que las políticas implementadas

(…) no hacen más que ensanchar la brecha social con propuestas poco redistributivas y con poca capacidad de resolución del problema. La actuación es mayoritariamente sectorial y no le otorga al bien vivienda el estatus de bien social, sino que las intervenciones se ejecutaron guiadas prioritariamente por una lógica de desarrollo económico y no a partir de una lógica de desarrollo social. (2018: 74)

En este sentido, Gargantini (2013) ubica en la década de 1990 al período en nuestro país en el que se realizaron las transformaciones más importantes en el modo de intervención del Estado “ya que es en ella cuando la desregulación y las privatizaciones alcanzaron valores insospechados” (2013: 17). Ante tales transformaciones, la política habitacional no permaneció ajena y se dejó en manos del mercado a los sectores sociales antes subsidiados indirectamente por el Estado. De todas maneras, es importante tener en cuenta que las viviendas de todos los sectores sociales están sumergidas bajo la lógica del mercado pero el problema aparece cuando no se puede acceder a través de esa vía.

Para hacer un acercamiento sobre las ideas que subyacen a las políticas de vivienda en Argentina desde la década de los noventa se retoma a Cuenya (2005) quien describe que existen dos tendencias en curso una es la hegemónica, representada por un modelo de política de vivienda que se impuso en la mayor parte de los países en desarrollo y apuesta a que “los mercados funcionen”. La otra que, según la autora, es más marginal, está representada por el conjunto de experiencias alternativas que gobiernos locales ponen en marcha en sus ciudades. Los pilares del modelo hegemónico que nombra la autora son:

1. La eliminación de las entidades públicas de la construcción y financiamiento (evitando que desplacen al sector privado) concentrándose los esfuerzos gubernamentales en lograr el mejor desempeño del sector privado; 2. el perfeccionamiento del mercado, mediante una serie de medidas e instrumentos que servirían para convertir los préstamos de vivienda en alternativas atractivas para las entidades financieras (la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de la estructura legal para el financiamiento de la vivienda, la atención a las leyes que rigen para ejecutar hipotecas, la simplificación del registro de títulos de propiedad de la tierra, entre otras) y 3. el buen diseño de subsidios de demanda (subsidios transparentes separados de las fuentes de financiación) para evitar el desgaste de las instituciones de financiamiento y tener mejor impacto en la población pobre (Cuenya, 2005: 2).

Este modelo hegemónico va en línea con las políticas convencionales de vivienda que nombra Ramírez (2002) caracterizadas por la intervención sistemática del Estado en todas las instancias que determina el proceso de producción y provisión de viviendas pero que, en general, esta producción fue inaccesible para los sectores pobres urbanos. Como consecuencia, estos sectores continuaron habitando lugares “socialmente inaceptables” ubicados en la periferia urbana. Estás políticas surgieron en el contexto de modernización que caracterizaron a los países subdesarrollados en la etapa que va desde la década de 1940 hasta 1960 pero que no contribuyeron a reducir la pobreza en estos países (Ramírez, 2002: 13)

También este modelo hegemónico se relaciona con las llamadas “intervenciones directas del Estado” que nombra Zapata (2017) y remiten a las acciones que suponen la construcción directa de nuevas viviendas a través de empresas estatales o, preferentemente, constructoras privadas que son entregadas “llave en mano” a sus destinatarios convirtiéndolos en receptores pasivos ya que en estos procesos no existen una consulta interactoral. Estas viviendas se asientan en zonas periféricas, con deficiente accesibilidad y acceso a servicios públicos, así como baja densidad poblacional. La asignación de éstas se realiza, en general, por un listado que establece un orden entre la población destinataria en función de su nivel de precariedad y/o vulnerabilidad social y urbana.

Por otro lado, dentro de las experiencias alternativas se incluyen los siguientes programas que, según la autora, casi nunca superan el nivel de experiencias piloto:

Regularización de loteos (adecuación de loteos irregulares a los estándares urbanos vigentes), los de regularización fundiaria (regularización de tenencia de los inmuebles), los de urbanización de asentamientos irregulares, los de capacitación y asesoramiento para la vivienda popular, los bancos de tierras y materiales y los microcréditos para mejoramiento de vivienda, entre otros (Cuenya, 2005: 2).

Estas experiencias alternativas se pueden relacionar con las “intervenciones indirectas del Estado” que nombra Zapata (2017). Son aquellas acciones orientadas a modificar y corregir algunas o varias de las deficiencias del sistema mercantil de acceso a la vivienda a través de intervenciones heterogéneas y, de esta manera, facilitan dicho acceso. Estas acciones fueron desde la organización de bancos de materiales hasta créditos, pudiendo orientarse tanto hacia la intervención en la demanda (financiamiento a través de créditos y subsidios) como hacia la oferta con acciones para facilitar el acceso a la tierra, el estímulo a la construcción privada mercantil de la vivienda, la implementación de política de regulación de precios o el otorgamiento de subsidios para el estímulo de la autoconstrucción y/o autogestión individual o colectiva (Zapata, 2017).

Esto también puede ir en línea con las políticas no convencionales de vivienda que nombra Ramírez (2002). Se tiene en cuenta que él ubica el inicio de estas políticas con el “proceso de habitar” que surge a fines de los años 60 donde “la vivienda dejó de ser entendida primeramente como un objeto (casa) y se la empezó a concebir como el proceso de habitar, en varias de cuyas instancias un objeto reconocible como una casa socialmente aceptable no aparece o tarda en aparecer” (2002: 14). Pero, de igual manera, las políticas no convencionales, así como las experiencias alternativas, muestran que la vivienda es un objeto del mercado y que estas intervenciones indirectas apuntan a atender a los sectores más vulnerables a modo de compensación.

“Las políticas no-convencionales se definen como intervenciones parciales, graduales, de distinta intensidad, dimensión, carácter e importancia, en ese proceso, dirigidas a hacerlo avanzar, a contribuir a la consolidación de formas habitacionales que cada vez se aproximen más a los niveles socialmente aceptables” (Ramírez, 2002: 15). De esta manera, según el autor, se reconoce y valoriza la importancia social de la ocupación ilegal de tierras urbanas sin utilizar, como una acción de los sectores en situación de pobreza para resolver su problema habitacional cuando otras alternativas no existen.

Es importante no perder de vista el rol del Estado respecto a las políticas de vivienda y hábitat porque la autoproducción y la producción social del hábitat son, desde la perspectiva de Rodríguez et al. (2007), formas integrales de producción e inserción de los sectores populares en la ciudad, pero, en este mismo contexto aparece la informalidad y la segregación. Los procesos masivos de autoproducción de vivienda y ciudad por parte de sectores populares, según las autoras, asumen diversas modalidades y dan cuenta de una problemática subyacente de carácter integral: sus condiciones de inserción social, económica, política, cultural y territorial, sus niveles de organización social y política, el papel jugado por el Estado y la traducción de esa interacción en políticas públicas, en este caso, de vivienda y hábitat.

La producción social del hábitat (PSH)[1] se introduce dentro de las formas alternativas de las políticas de vivienda y se define como:

Las estrategias y capacidades adquiridas históricamente por la población, en forma individual, familiar o asociada, para generar partes, o la totalidad de los espacios habitacionales y servicios urbanos, con el objeto de satisfacer sus necesidades, realizadas a través de modalidades autogestionarias y sin fines de lucro. En forma colectiva la producción social del hábitat es un sistema de generación de bienes y servicios habitacionales, que incorpora la concertación de distintos actores (Estado, organizaciones de la comunidad, ONG, universidades, sector productivo, entre otros), y que permite el desarrollo de las capacidades individuales y comunitarias, mediante la participación sustantiva de las organizaciones sociales en el proceso de planificación, gestión y ejecución de la totalidad de su hábitat, adaptado a su perfil sociocultural y adecuado a sus posibilidades. (CELS, 2015: 100)

En esta misma línea, Ortiz Flores (2010) describe a la producción social del hábitat como “todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. Promueve las capacidades autogestivas y de decisión de los participantes y da prioridad al valor de uso por encima del valor mercantil de las construcciones y espacios que genera” (Ortiz Flores, 2010: 6).

A continuación, se presenta un cuadro a modo de resumen de este recorrido que se viene realizando sobre las políticas de vivienda donde en ambos modelos, el papel del mercado es central:

Gráfico 1. Políticas de vivienda

Fuente: elaboración propia en base a la información de los autores anteriormente mencionados.

Para concluir este apartado, retomamos el concepto de segregación socio-espacial anteriormente nombrado y la concepción de la jerarquía del espacio urbano que nombra Oszlak (1991) relacionado a esto. Según estos conceptos, la función de la ciudad y el lugar que debían ocupar en ella los sectores populares está sustentada por la convergencia de consideraciones ideológicas, estratégicas y ecológicas donde se observaría a la ciudad como el lugar de residencia propio de la “gente decente”, como la “vidriera del país”, como el ámbito físico que devuelve y reafirma valores de orden, equidad, bienestar, pulcritud, ausencia (al menos visible) de pobreza, de marginalidad, deterioro, delincuencia, subversión y desborde popular. Esta concepción es la base para la intención de expulsar a los sectores populares de las áreas más próximas al centro del área metropolitana.

En palabras de Cervio (2015a) “la ciudad es un innegable centro de producción y reproducción de las políticas espaciales y corporales sobre las que se funda y opera el modelo de acumulación capitalista” (2015a: 365). Por eso, luego de hacer este acercamiento hacia la problemática del espacio urbano en relación con las políticas de vivienda, y su vinculación con diferentes conceptualizaciones en el próximo apartado abordaremos su relación con las emociones.

Las emociones y el espacio urbano

En este apartado se busca vincular a las políticas de las emociones y de las sensibilidades (Scribano, 2009) con las problemáticas del espacio urbano habitable, entre ellas, la segregación socioespacial y la configuración de una ciudad como la que describe Oszlak (1991) que expulsa hacia los márgenes a los sectores populares y jerarquiza de esta manera el espacio. Así las diferentes políticas del espacio tienen un correlato en los modos de sentir.

Retomando a Scribano (2009), “lo que sabemos del mundo lo sabemos por y a través de nuestros cuerpos, lo que hacemos es lo que vemos, lo que vemos es como dividimos el mundo. En ese ‘ahí-ahora’ se instalan los dispositivos de regulación de las sensaciones, mediante los cuales el mundo social es aprehendido y narrado desde la expropiación que le dio origen a la situación de dominación” (2009: 145). Es a través de los sentidos corporales que los sujetos conocen el mundo y a través de las impresiones y percepciones que se transmiten en ellos: “el ojo que ve, el oído que escucha, la boca que degusta, la piel que toca y la nariz que huele son terminales sensoriales tan físico-biológicas como histórico-sociales a partir de las cuales el sujeto entabla relaciones y configura las maneras de sentir respecto a sí mismo, las cosas y los demás” (Cervio, 2015b: 27). Las acciones que hacemos a través de nuestros sentidos, según la autora, entonces, se instituyen como acciones dependientes de los regímenes de sensibilidad social que regulan, ordenan y hacen cuerpo las condiciones de aceptabilidad, adecuación y soportabilidad de lo social en una coordenada tiempo-espacio particular.

De esta manera, toda política social se encuentra atravesada por una particular política de las emociones que conformará los modos en que los actores en condiciones de negación sienten, experiencian y actúan en contextos de pobreza como resultado de las intervenciones puestas a circular (Dettano y Cena, 2019). Se entiende que analizar las políticas sociales desde los cuerpos/emociones se vuelve significativo debido a que:

En primer lugar, las políticas sociales afectan la producción de los cuerpos en tanto capacidad física de tenerse para sí y frente a otros. En segundo lugar, afectan también los sentires sobre el mundo: los modos en que la problemática es percibida, sentida, comprendida y experimentada. Así la sensibilidad como abordaje teórico permite tensionar aquellas perspectivas micro y macro sociales, ya que al captar estímulos externos y realizar una respuesta ante ellos implica una necesaria vinculación con un objeto, un sujeto, un contexto, una institución, es decir, relacionar la propia individualidad con algo exterior (Cena, 2018: 238).

Siguiendo a De Sena (2014), las emociones están cargadas de significados y sentidos sociales anclados en un contexto, desde donde se induce un conjunto de emociones en los actores, pero también en donde se incorporan controles que afectan a sus sentimientos. Según la autora, estas normas resultan apenas perceptibles cuando “sentimos lo que debemos sentir”, pero se manifiestan en forma de disonancia cuando nuestros sentimientos se desvían de lo indicado por la norma. De esta manera, no sólo “sentimos algo” sino que también “tratamos de sentir algo”, hacemos esfuerzos por modificar los estados emocionales, entonces las normas emocionales regulan qué, cuándo, cómo y cuánto debemos sentir constituyendo un modo de control social (Bericat Alastuey, 2000: 161, citado en De Sena, 2014: 13).

En relación con las políticas de las emociones, Cervio (2015b) introduce la idea de las políticas de espacio como las “modalidades de seleccionar, clasificar y gestionar las relaciones entre cuerpos y espacios aceptadas y aceptables por una sociedad en una temporalidad histórica particular” (Cervio, 2015b: 23). Estas mismas políticas encuentran en la planificación urbana (sostenida en aquellas políticas de las cuales hicimos el repaso anteriormente) al menos una de sus manifestaciones. De esta forma, comportan una lógica clasista de ordenamiento espacial y corporal que orienta la experiencia diagramando, según la autora, desde su diseño y aplicación, los contornos, los límites y las posibilidades de la práctica y, desde allí, el conjunto de sensibilidades “adecuadas” que marcan la línea divisoria entre prácticas del sentir y del hacer “legítimas” conectadas al concepto de “ciudadanía” y aquellas “abyectas”, conectadas a la incorrección, la amenaza y la segregación socioespacial.

Las emociones se configuran al habitar la ciudad donde nos desplazamos con nuestro propio cuerpo y energía (Camarena Luhrs, 2017) y así conectamos, percibimos y recibimos con lo que se vive en la ciudad. Al habitarla “se despliega ante nuestros sentidos algo que hace que nos resulten más o menos convergentes/divergentes las experiencias de lugares, tiempos sociales y espaciales, como los propios significados/sentidos de las imágenes que nos formamos de los cambiantes paisajes móviles que nos rodean al pasar a través de ellos” (Camarena Luhrs, 2017: 237).

Es en este sentido que las políticas de las emociones intervienen en las formas de sentir y hacer propia la ciudad y la vida cotidiana que conlleva vivir (o sobrevivir) en el lugar y el contexto en el que el sujeto se encuentra ubicado y que puede relacionarse a diferentes sensibilidades, desde la vergüenza de la propia vivienda, el abandono, la inseguridad, el miedo, el desprestigio, la sensación de exclusión y de discriminación, la bronca, la resignación, el asco, la impotencia, la felicidad, la esperanza, que son aquellos dispositivos que regulan los sentires sobre el mundo. Asimismo, los regímenes de sensibilidad social (Cervio, 2015b) se materializan en prácticas regidas por estos dispositivos de regulación y por los mecanismos que lo vuelven “soportable” como el olvido, el acostumbramiento, la espera, la paciencia, entre otros.

Para llevar a las políticas de las emociones recurriremos a un ejemplo que describe Oszlak (1991) sobre los sujetos que habitan en una villa.[2] Si tenemos en cuenta la interpretación y la configuración que se da a través de las emociones y se hacen cuerpo en la villa encontramos que se dan dos situaciones:

La villa como una “estación de paso”: representa una etapa habitacional necesaria de transitar para aquellos sectores desarraigados de su medio rural de origen que buscan en la ciudad nuevas oportunidades de ingreso y ascenso social.

Y la villa como “la última estación”: el fondo del barranco al que han caído aquellas personas que perdieron toda esperanza de integrarse al medio urbano en las condiciones habitacionales propias de la vida en la ciudad.

Aquí, Oszlak (1991) puntualiza en dos emociones: la esperanza y la frustración que conviven en la “penosa realidad de las villas”. Luego del recorrido que se realizó en este apartado, se puede detectar algunas de las sensibilidades que, como dispositivos, regulan los sentires del mundo (Cervio, 2015b). Por eso, aparecen la esperanza, la frustración o la resignación que se pueden llegar a conectar con los mecanismos que vuelven soportable la situación, en el ejemplo que tomamos de Oszlak, ya sea la espera, el olvido o el acostumbramiento para entrever cómo las emociones se relacionan con el espacio.

Algunas reflexiones finales

A través del recorrido que realizamos pudimos identificar, en primer lugar, el rol del Estado respecto a las políticas públicas, luego las políticas sociales y las políticas de vivienda como parte de ellas. En el proceso complejo que toma lugar en las políticas aparece como factor central la cuestión social y todas las dimensiones que la forman, tanto la reproducción de la vida cotidiana como la producción y reproducción de los regímenes de acumulación. Dentro de todos los interrogantes que delimitan a la cuestión social aparece la problemática del espacio urbano.

Pudimos observar que existen dos pilares que se diferencian dentro de las políticas de vivienda: aquel que tiene que ver con el modelo hegemónico y está en relación con las políticas convencionales, la intervención directa del Estado con una importante presencia del mercado que tiene una concepción de vivienda como “objeto” y a los destinatarios como receptores pasivos.

Por otro lado, también están las experiencias alternativas relacionadas con las políticas no convencionales de vivienda y las intervenciones indirectas del Estado que tratan de corregir las deficiencias en el acceso a la vivienda a través del mercado, con intervenciones heterogéneas donde se reconoce la acción de los sujetos como participantes en el proceso de construcción del hábitat como sucede en la producción social del hábitat. Pero aquí no hay que perder de vista que este tipo de políticas muestran que la vivienda continúa siendo un objeto de mercado y que estas intervenciones indirectas apuntan a atender a los “caídos” de la lógica del mercado, como una compensación.

A continuación, se presenta un cuadro a modo de resumen del recorrido realizado en todo el capítulo atendiendo a los conceptos más importantes y sus relaciones:

Gráfico 2. Conceptos recorridos

Fuente: elaboración propia en base a la información de los autores anteriormente mencionados.

Las sociedades se encuentran atravesadas crecientemente por la lógica mercantil y, como se pudo apreciar en este artículo, las diferentes políticas de estado y las políticas de vivienda en particular no escapan de estos procesos. Éstos, a su vez, tienen consecuencias específicas en la problemática del espacio urbano como la segregación socio-espacial y la desigualdad respecto al territorio que habitan los sujetos.

Por último, se decidió continuar con un recorrido relacionado a las políticas de emociones y cómo se vinculan también con las políticas del espacio desarrolladas por Cervio (2015b) así como un breve análisis de las políticas sociales desde los cuerpos y emociones (Scribano, 2009) para entender las formas de sentir y hacer propia la ciudad. Así, las sensibilidades se convierten en dispositivos que regulan los sentires sobre el mundo y al mismo tiempo surgen como mecanismo que vuelven soportable el contexto socio-económico y cultural en el que se ubiquen los habitantes de las ciudades.

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1 En nuestro país hay claros ejemplos de formas colectivas de hacer ciudad, uno de ellos lo describe Di Virgilio (2012) y lo ubica a mediados de 1990, en el área metropolitana de Buenos Aires donde un importante número de organizaciones sociales comenzaron a involucrarse en la producción social del hábitat a través de su participación en programas sociales orientados al hábitat popular. Estas experiencias se orientaron hacia la construcción de vivienda, al reordenamiento de villas, a la provisión de lotes con servicio, a la construcción de redes de agua y cloacas, a la capacitación y el asesoramiento constructivo, a la regularización dominial, etcétera.

2 Son barrios con una trama urbana irregular, no cuentan con suficiente infraestructura ni espacios verdes o de recreación. Se accede por medio de pasillos y tienden a crecer en altura ya que hay escaso suelo disponible. Presentan una alta densidad poblacional. Fuente: Relevamiento de Asentamientos informales (TECHO Argentina, 2016: 5)

Sobre los autores y autoras

Florencia Bareiro Gardenal

Licenciada en Comunicación Social (UNLaM). Maestranda en Investigación Social (UBA). Docente en la Universidad Nacional de La Matanza. Mail: bareirogardenal@gmail.com

María Micaela Bazzano

Lic. en Sociología, profesora de Sociología (Facultad de Ciencias Sociales, UBA), Diplomada en Políticas Públicas y Género (Programa Regional de Género y Políticas Públicas, FLACSO), Magister en Metodología de la Investigación Social (Universidad Nacional de Tres de Febrero – Universidad de Bologna). Doctoranda en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Integrante del Grupo de Estudio sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE). Docente e Investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). Mail: mmicaelabazzano@outlook.com

Rebeca Beatriz Cena

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de San Martín y Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Villa María. Se desempeña como investigadora y profesora en temáticas vinculadas a las políticas sociales y los cuerpos/emociones en el marco del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Miembro del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos e Investigadora Junior del Grupo de Trabajo CLACSO “Sensibilidades, subjetividades y pobreza”. Editora de la Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. Mail: rebecena@gmail.com

Andreina Colombo

Doctoranda en Estudios Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional del Litoral. Becaria Doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigación y Transferencia – Rafaela (CONICET-UNRaf). Jefa de Trabajos Prácticos en el Departamento de Estado, Gobierno y Sociedad de la Universidad Nacional de Rafaela y Ayudante de Cátedra en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional del Litoral. Mail: andreina.colombo@unraf.edu.ar

Florencia Chahbenderian

Lic. en Economía (Facultad de Ciencias Económicas, UBA) y Doctoranda en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Investigadora Adjunta del proyecto “Consumo, emociones, políticas sociales y educación para el consumo” dirigido por Angélica De Sena, Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social, USAL. Miembro del Grupo de Estudios sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos (IIGG-UBA, CIES), dirigido por el Dr. Adrián Scribano, y del Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones (IIGG-UBA, CIES), dirigido por la Dra. Angélica De Sena. Colaboradora en la Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social (ReLMIS) y Ayudante de Primera en “Sociología de las Organizaciones” (FCE- UBA) - Cátedra Del Acebo Ibáñez. Mail: florenciachabe@gmail.com

Angélica De Sena

Es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Metodología de la Investigación Científica (UNLa), Licenciada en Sociología (UBA). Se especializó en el estudio de las Políticas Sociales y Emociones y Metodología de la Investigación Social. Actualmente es profesora en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad de Buenos Aires. Dicta cursos de grado y posgrado en distintas universidades en Argentina y el exterior. Dirige proyectos de investigación PROINCE y Vincular de la UNLaM y UBACyT (UBA). Coordina el Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE-CIES). Es directora de la Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social (ReLMIS). Mail: adesena@unlam.edu.ar.

Andrea Dettano

Doctora en Sociología por la Universidad de Alicante (España), Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Matanza. Miembro del Grupo de Estudios Sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE-CIES) y del Grupo de Estudios Sociales sobre Cuerpos y Emociones (GESEC-IIGG). Integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES). Miembro del Equipo Editorial de la Revista Latinoamericana sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad (RELACES). Mail: andreadettano@gmail.com

Ignacio Pellón

Licenciado en Comercio Internacional (Siglo 21), diplomado superior en Desarrollo Local, Territorial y Economía Social (FLACSO Argentina), maestrando en Trabajo Social, con mención en Intervención Social (FCS-UNC). Becario doctoral del Centro de Investigación y Transferencia Rafaela (UNRaf-CONICET) e Integrante del Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social (CIECS – UNC y CONICET). Sus líneas de trabajo se encuentran vinculadas a carreros y recuperadores de residuos, identidad colectiva y cooperativas de trabajo y sensibilidades sociales relacionadas a la economía social y la sustentabilidad ambiental. Mail: pellonignacio@gmail.com

María Victoria Sordini

Es doctoranda en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires y Lic. en Sociología en la Universidad de Mar del Plata (UNMDP). Es becaria de CONICET y docente en la asignatura Epidemiología Crítica, Social y Comunitaria de la Escuela Superior de Medicina de la UNMDP. Es integrante del Grupo de Estudios de Política Sociales y Emociones (GEPSE) y del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES). Mail: mvsordini@hotmail.com

Camila Weinmann

Licenciada en Sociología (UBA). Maestranda en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Miembro del Grupo de Estudio de Políticas Sociales y Emociones (GEPSE), dirigido por Dra. Angélica De Sena, del Centro de Investigaciones de Estudios Sociológicos (CIES). Actualmente becaria de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. Mail: camiwei@gmail.com

Table of Contents

Políticas sociales y emociones: (per) vivencias en torno a las intervenciones estatales

Créditos

Estudios Sociológicos Editora

Comité Editorial / Referato

Introducción. De políticas sociales, emociones y pervivencias: unas líneas introductorias

Andrea Dettano y Florencia Chahbenderian

Sociabilidades y emociones en titulares de programas alimentarios

María Victoria Sordini

Hilando la trama de sensibilidades en los hogares receptores y no de programas sociales

Angélica De Sena

El cuerpo sintiente bajo la lupa: entrenados… un análisis desde las políticas sociales orientadas a jóvenes

Rebeca Cena

Políticas sociales y trabajos cuentapropistas: elementos de la imagen-mundo del “Rafaela Impulsa” (Microcréditos) (2014-2019)

Andreina Colombo

Políticas sociales dirigidas al abordaje de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico: ¿Qué hacen, que sienten y que deben sentir las mujeres destinatarias?

María Micaela Bazzano

La política social y sus transformaciones: cruces y vinculaciones con el ciberespacio

Camila Weinmann y Andrea Dettano

Políticas sociales y Disposición final de la basura: CORMECOR ¿un nuevo “gigante” o un “pequeño” Leviatán?

Ignacio Pellón

Primeros esbozos conceptuales para el abordaje de las políticas de vivienda

Florencia Bareiro Gardenal

Sobre los autores y autoras